(Paris) – Los gobiernos y los donantes deberían tomar medidas concretas para desarrollar servicios de salud mental que respeten los derechos humanos y estén basados en la comunidad, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida a los gobiernos en vísperas de la tercera Cumbre Mundial de Salud Mental. La cumbre tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre de 2021 en París.
“La pandemia mundial ha tenido un enorme impacto en la salud mental de las personas”, dijo Shantha Rau Barriga, directora de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Los gobiernos deberían hacer de la salud mental una prioridad; no solo en su retórica sino en sus acciones”.
La cumbre, auspiciada por los ministros franceses de Solidaridad y Salud y de Europa y Asuntos Exteriores, reunirá a responsables políticos, organizaciones internacionales, profesionales de la salud, expertos y actores de la sociedad civil. Los participantes debatirán cómo mejorar los servicios de salud mental durante y después de la pandemia de Covid-19 y promoverán prácticas innovadoras en materia de derechos humanos en la salud mental, bajo el lema de este año “¡Tengan nuestros derechos en cuenta, ahora!”
Las inversiones de los gobiernos y los donantes deberían adoptar un enfoque integral de los servicios basados en la comunidad, con inversiones en vivienda, educación, empleo y apoyo psicosocial basadas en el consentimiento libre e informado de la persona afectada, señaló Human Rights Watch.
Los gobiernos llevan mucho tiempo sin invertir en servicios de salud mental. Por término medio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos sanitarios en salud mental. En los países de bajos ingresos, el gasto gubernamental en salud mental disminuye a menos del 1 por ciento de los presupuestos de salud. Estos países gastan menos de 1 dólar al año por persona en salud mental, en comparación con los 80 dólares de los países de ingresos altos.
La pandemia de Covid-19 ha afectado a la salud mental de las personas y es probable que las consecuencias perduren durante años. Las encuestas nacionales han demostrado que el número de personas que declaran síntomas de ansiedad y depresión ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Al mismo tiempo, la pandemia ha interrumpido los servicios de salud mental en el 93% de los países del mundo, según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En más del 40% de los países se produjo un cierre total o parcial de los servicios comunitarios. Además, tres cuartas partes de los servicios de salud mental en las escuelas y los lugares de trabajo se interrumpieron, además de alrededor del 60% de todos los servicios de terapia y asesoramiento.
El coste de descuidar la salud mental es significativo. Los estudios han calculado que la mala salud mental representó 2,5 billones de dólares de la carga económica mundial en 2010, y se prevé que aumente a 6 billones de dólares en 2030. La OMS ha descubierto que gastar 1 dólar en servicios de salud mental puede suponer un retorno de 4 dólares en forma de mejora de la productividad y la salud.
Lo más preocupante es que en los países de ingresos bajos y medios, el 80% del gasto público en salud mental se destina a los hospitales psiquiátricos y no a los servicios comunitarios. Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en más de 25 países de todo el mundo revelaron que las personas con condiciones de salud mental en los hospitales psiquiátricos pueden sufrir una serie de abusos, como detenciones arbitrarias, tratamientos forzados, incluida la terapia de electroshock, y reclusión forzada, así como violencia física y sexual.
En muchos países, el estigma generalizado y la falta de servicios de salud mental basados en la comunidad pueden llevar a que las personas con condiciones de salud mental sean encadenadas o encerradas en espacios reducidos. Human Rights Watch ha revelado que cientos de miles de hombres, mujeres y niños, algunos de tan solo 10 años, han sido encadenados en 60 países de Asia, África, América, Europa y Oriente Medio.
“Los gobiernos tienen que abordar la salud mental de forma integral a nivel comunitario”, dijo Barriga. “Cuando las personas no pueden acceder a estos apoyos, corren el riesgo de sufrir abusos y aislamiento. Existen iniciativas innovadoras a nivel local, como TANDEMPlus en Bruselas o los grupos de apoyo entre pares en Kenia y Nigeria, que capacitan a las personas con discapacidades psicosociales para vivir de forma independiente en sus hogares y mantenerlas fuera del hospital. Programas como estos –que priorizan los derechos humanos— deben ampliarse”.
Para orientarse, los gobiernos deberían recurrir a la iniciativa QualityRights de la OMS y a su Guía de Servicios Comunitarios de Salud Mental, que ofrece directrices claras y prácticas sobre cómo crear un enfoque de la salud mental que respete los derechos. Uno de los principios básicos de la iniciativa es que las personas deben poder mantener el control sobre sus vidas. Por ejemplo, las innovadoras iniciativas entre pares llevadas a cabo por organizaciones como Users and Survivors of Psychiatry Kenya y She Writes Woman de Nigeria son un testimonio de cómo es posible garantizar que las personas con discapacidades psicosociales reciban apoyo en sus comunidades, en lugar de obligarlas a pasar tiempo en un hospital o a tomar medicación en contra de su voluntad.
“Los servicios comunitarios respetuosos con los derechos ya estaban infradotados antes de la pandemia de Covid-19”, señaló Barriga. “Es fundamental que los gobiernos actúen rápidamente para desarrollar servicios comunitarios de salud mental para ayudar a prevenir el encadenamiento y otros abusos, y apoyar a las personas con discapacidades psicosociales para que vivan de forma independiente”.
