El confinamiento por género en Panamá y la resiliencia del activismo transgénero

El 1 de abril de 2020, el gobierno de Panamá estableció el confinamiento basado en el género en respuesta a la pandemia de Covid-19. Esta medida implicó que se permitía a las mujeres y los hombres realizar compras esenciales en días distintos. El Ministerio de Salud de Panamá se refirió a la cuarentena por género como el “mecanismo más sencillo” para reducir el número de personas en las calles (Ministerio de Salud de Panamá, 2020).

Una consecuencia no buscada de esta medida fue que policías y guardias de seguridad privada empezaron a actuar de manera selectiva contra personas transgénero por haber salido “el día equivocado”. En algunos casos, detuvieron y multaron a personas trans o les impidieron comprar artículos esenciales como comida y medicamentos. Estos casos de discriminación ocurrieron cuando agentes de seguridad detectaron visualmente a personas trans o después de controlar el componente sexo en sus documentos de identidad. Estos incidentes se produjeron cuando las personas trans intentaron respetar la cuarentena en función de su identidad de género, y también cuando lo hicieron en función de su indicador de género (Human Rights Watch, 2020).

En Panamá no hay un reconocimiento legal del género, es decir, un trámite administrativo sencillo y no costoso que permita a las personas trans modificar sus documentos para que reflejen su identidad de género, sin exigir algún tipo de intervención médica patologizante, como las cirugías de reasignación de sexo (Organización de los Estados Americanos, 2020).

En esta entrevista con Pau González, una de las personas que fundó Hombres Trans Panamá (HTP), la primera organización de su tipo en el país, explica cómo el confinamiento según el género, que finalmente se eliminó de manera total en febrero de 2021, representó un momento de inflexión para la comunidad trans. HTP fue una de las organizaciones de la sociedad civil que encabezó la respuesta a los casos de discriminación contra las personas trans, al instar al gobierno a emitir directrices que permitieron a las personas trans circular en función de su identidad de género y, posteriormente, eliminar directamente la medida. González explica que el confinamiento no solo exacerbó las desigualdades estructurales que ya experimentaban las personas trans en el país, sino que además las obligó a repensar su comunidad y su activismo.

II. Confinamiento por género

Cristian González Cabrera: ¿Cómo te afectaron personalmente las medidas sobre género?

Pau González: Apenas se establecieron las medidas de cuarentena por género, sentí que mi mundo se venía abajo. La vida ya es difícil cuando uno es un hombre trans en un país tan pequeño y religioso. No solo tuve que preocuparme por la pandemia, sino además por una medida que no tomaba en cuenta a las personas como yo. Mis documentos de identidad no reflejan mi identidad de género porque en Panamá no hay reconocimiento legal del género, ni tampoco leyes contra la discriminación que protejan a las personas trans en particular.

Para que no me discriminaran, tuve que quedarme en mi casa y depender de que amigos míos me ayudaran con las compras, o pagar $ 6,50 por servicios de entrega que me trajeran esos artículos. Sentí que estaba bajo arresto domiciliario, ya que salir de casa implicaba la posibilidad de tener que pasar un puesto de control con policías y de que me detuvieran. Por momentos sentí que mi salud mental se estaba viendo afectada por estar en casa con mi madre más de 60 días, a quien le había pedido que se mudara conmigo al apartamento donde vivo que es de tres cuartos al comienzo de la pandemia. Sentí ansiedad. En algunas ocasiones, también sentí depresión, incluso cuando me empezaron a contactar personas trans para pedirme ayuda como líder de una ONG de derechos de las personas transgénero.

CGC: ¿En relación con qué tipo de temas te contactaban otras personas trans?

PG: En algunos casos, las personas trans me contactaron porque tenían pensamientos suicidas y decían que no había motivo para seguir viviendo porque no podían salir de sus casas por la discriminación, ni tampoco comprar artículos esenciales. Algunas personas trans viven con familias que las discriminan y niegan su identidad de género. Yo les informé sobre los servicios psicológicos disponibles en el país, pero siempre con el temor de que quienes brindaran atención pudieran tener un comportamiento transfóbico. Algunas personas me manifestaron que tenían miedo de salir para conseguir alimentos. Al principio yo no podía hacer nada porque estaba en la misma situación: sin poder salir de casa ni irme por miedo a que me discriminaran. Entonces, mis colegas de HTP y yo empezamos a encontrar formas de reinventarnos, armar estrategias y convertir esta situación negativa en algo positivo pensando cómo conseguir alimentos y servicios para nuestra comunidad y entrar en contacto con los profesionales de la salud mental que podrían ayudar a las personas trans vulnerables.

CGC: ¿Puedes contarme más sobre qué hizo HTP para ayudar a las personas trans durante ese período?  

PG: Organizamos una Red de Solidaridad Trans con el objeto de proveer alimentos (Hombres Trans Panamá, 2020). Se creó junto con otra organización de la sociedad civil llamada Fundación Iguales. Identificamos a las personas trans que necesitaban que les llevaran alimentos porque temían salir y que las discriminaran. Recibimos donaciones de una organización llamada Asociación de padres de familia, familiares y amigos por la diversidad de Panamá (PFLAG-Panamá) para financiar las bolsas de alimentos. También hubo voluntarios, como un hombre gay cisgénero que se ofreció a conducir su carro y llevar las donaciones de alimentos a quienes las necesitaban. Compramos medicamentos a las personas trans que tenían recetas médicas pero temían salir de sus casas.

Fue mucho más difícil conseguir alimentos a las personas que estaban en provincias remotas de Panamá. Por ejemplo, tuve que contactarme con una mujer que tenía un puesto en una isla en la provincia de Bocas del Toro para averiguar si estaba dispuesta a aceptar un pago digital a cambio de alimentos. La provincia está a ocho horas por carretera de la Ciudad de Panamá. Después de negociar un poco, aceptó y le llevó alimentos a un hombre trans en esa isla.

Al final terminamos ayudando al menos a 200 personas de la comunidad trans. La mayoría de quienes ayudamos eran personas trans que ya estaban en una situación precaria antes de la pandemia, con bajo nivel educativo y en general sin empleo, situación en la que también se encuentran muchas otras personas trans en el país debido a la discriminación. Muchas de las personas trans a las que ayudamos tampoco tenían acceso a los beneficios que estaba brindando el gobierno porque habían estado viviendo sin documentos de identidad, ya que estos no reflejan su identidad o expresión de género (Sistema Estatal de Radio y Televisión, 2020). Se necesitaba identificación para acceder a los beneficios. Aquellas personas que sí tenían una identificación no se atrevían a pedir los beneficios por miedo a la discriminación.

También registramos casos de discriminación de personas que fueron detenidas, privadas de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas o que experimentaron otro tipo de discriminación por parte de policías y agentes de seguridad privada. Creamos un formulario en línea en el cual las personas podían registrar incidentes de discriminación, y lo difundimos por internet, de boca en boca y a través de organizaciones LGBT de todo Panamá. Registramos 49 incidentes de discriminación entre abril de 2020 y febrero de 2021. 

También nos comunicamos con instituciones del Estado. Enviamos cartas continuamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Seguridad Pública, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a diputades aliades. En principio, pedimos que se respetara la dignidad de las personas trans y que se revisaran las medidas para tener en cuenta a esas personas. Posteriormente, después de dos declaraciones de derechos a favor de la comunidad LGBT por parte del gobierno que no se tradujeron en cambios concretos para las personas trans, comenzamos a pedir que se cambiaran las medidas (Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, 2020, 12 de mayo, 17 de julio). La interlocutora que brindó mayor colaboración fue Maribel Coco, extitular de la Defensoría del Pueblo en Panamá. Ella pidió que la medida fuera respetuosa hacia las personas trans, e incluso transmitió este mensaje en la televisión (Alvarado, 2020). 

CGC: ¿Por qué piensas que Panamá fue uno de los pocos países que implementaron medidas basadas en el género?

PG: Debido al machismo y a los roles de género tradicionales. Panamá es también un país en el cual las comunidades religiosas ejercen una fuerte influencia. Estas comunidades sostienen la creencia de que existen hombres, mujeres y nada más. Estas creencias influyen en las políticas. En el caso de las medidas basadas en el género, esto significó que la comunidad trans no fue tenida en cuenta. Considero que el Estado debería ser secular y que grupos religiosos no deberían definir las políticas. Creo que, para formular políticas, el gobierno debería tener en cuenta a todas las comunidades vulnerables, como a las personas trans, en su toma de decisiones.

CGC: ¿Cuál consideras que será el legado de esta medida para las personas trans en Panamá?

PG: Nos dio la oportunidad de que las personas trans y la discriminación que sufrimos tengan mayor visibilidad. El tema estuvo en la televisión y en los periódicos. Si la gente no sabía que existían las personas trans, ahora lo sabe. Mostramos que existimos y siempre encontraremos maneras de superar obstáculos y resistir.

Ahora, nuestra meta es hacer un seguimiento de este asunto y asegurarnos de que todas las personas que hayan sufrido discriminación tengan acceso a la justicia. Hasta el momento, el gobierno solamente ha respondido a un caso en el que se exigió que se rindan cuentas por actos de discriminación. En su respuesta, el Gobierno afirmó no tener registro del caso[1]. Es inaceptable manifestar que desconocían el caso; las autoridades deben impulsar investigaciones adecuadas, y deben ofrecer recursos y brindar un resarcimiento a la víctima.

III. Derechos de la comunidad trans en Panamá

CGC: Más allá de la cuestión del Covid-19, ¿cuál es la experiencia de las personas trans en Panamá hoy?

PG: Hay un gran nivel de desinformación en relación con las personas trans. No hay mucha educación acerca de la existencia de personas trans, y muchos piensan que las personas trans son todes gays. La gente decía: “¿Por qué no sales en el día de tu documento de identidad personal?” sin entender qué es la identidad de género y que nuestros documentos no se corresponden con quienes somos porque nuestras leyes no están en línea con lo que dicen las normas internacionales. 

En los medios sociales, hay un alto nivel de discurso de odio por parte del público en general, con expresiones que muestran que se considera a las personas trans como menos que humanas. Por ejemplo, cuando intentamos explicar que nuestros documentos de identidad no reflejan quiénes somos, las personas en internet decían: “Existen solo el hombre y la mujer. Si no eres ninguna de las dos cosas, no deberías salir”. Había mensajes que decían que las personas trans irían al infierno, que violábamos los “mandatos divinos” y que queríamos implementar la “ideología de género”[2] en el país (Case, 2019).

CGC: ¿Cómo es la experiencia con la policía?

PG: La policía tiene sus propias normas internas, como una cláusula que prohíbe a las personas homosexuales desempeñarse como agentes. En el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, se indica que se considerará una falta “gravísima” la “práctica del lesbianismo… [o] el homosexualismo” como si se tratara de una enfermedad (Decreto Ejecutivo N.º 204, 1997).

Muchas veces, las personas trans quedan libradas a su suerte con la policía. Nuestras experiencias con ellas muchas veces dependerán de quién sea el policía y cuánto sepa esa persona sobre derechos humanos y sobre la comunidad LGBT. Podrían mostrar una actitud de indiferencia, apoyo (muy pocos) o rechazo (la mayoría) a las personas trans. Hay antecedentes de violencia policial, que afecta particularmente a las mujeres trans, muchas de las cuales son trabajadoras sexuales y sufren acoso por parte de policías.

CGC: ¿Qué obstáculos legales existen en Panamá para que las personas trans sean miembros plenos de la sociedad?

PG: En nuestra Constitución y en los tratados internacionales ya existen disposiciones amplias contra la discriminación. No obstante, necesitamos una ley antidiscriminación en Panamá que incluya, de manera explícita, a todos los grupos vulnerables, incluida la comunidad LGBT. Esto es importante para que la policía y el público en general no puedan hacer lo que les plazca a nuestra comunidad. Una ley no va a resolver todos los problemas, porque aún es necesario hacerla cumplir, pero puede resultar útil. Establecer consecuencias para las conductas discriminatorias contribuiría a prevenir casos.

Falta de reconocimiento legal del género. Necesitamos que nuestras leyes se actualicen para estar en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.  Panamá forma parte del sistema internacional de derechos humanos y, por lo tanto, debería cumplir con la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados deben ofrecer un procedimiento administrativo sencillo, asequible y ágil para que las personas trans cambien sus documentos (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017). Con esa ley, los documentos de las personas trans reflejarían quiénes son y les brindarían autonomía personal.

Con el reconocimiento legal del género, también se respetaría más el derecho de las personas trans a la privacidad, porque no tendrían que explicar por qué sus documentos no reflejan su expresión de género. Esto nos permitiría ser nosotros mismos y no sufrir tanta discriminación en el acceso a la salud, al trabajo y a la educación. Por ejemplo, si alguien se postula para estudiar o para trabajar, las autoridades de la institución educativa o los empleadores se enfocarían más en las capacidades y competencias de esa persona, y no en cómo se ve o en cuál es su identidad de género.

CGC: ¿Puedes hablar de tu experiencia al tratar de lograr que tu identidad sea reconocida por el Estado?

PG: Como hombre trans, he recorrido un largo camino, y falta mucho para que este proceso llegue a su fin. A veces, siento que no voy a vivir lo suficiente como para verme capaz de vivir una vida plena con todos los mismos derechos que las personas cisgénero. Intenté por primera vez cambiar mi nombre en el año 2017, y la solicitud fue rechazada. La funcionaria del Registro Civil era transfóbica y me preguntó por qué quería cambiar el nombre que me había puesto mi madre. Le presenté tres pruebas de que había estado usando mi nombre “Pau”, según lo que la ley exige para poder impulsar cualquier cambio de nombre en Panamá (Tribunal Electoral, 2020). Presenté una carta laboral, una declaración de un amigo y un certificado de trabajo voluntario. La mujer se burló de mí por haber pensado que esas pruebas serían suficientes. Así que me fui. Quería llorar, me sentía muy decepcionado, tal como se sintieron muchas otras personas trans cuando trataron de cambiarse el nombre.

Luego, volví a presentar una solicitud en 2018. Pero esta vez, fui asertivo y pedí una reunión con los directores de la oficina del Registro Civil. Después de presionarlos y de llamarlos con insistencia en relación con mi solicitud de cambio de nombre, aceptaron reunirse conmigo, con otra organización de derechos de las personas LGBT y con un representante de PFLAG-Panamá. Un año y un mes después de haber presentado la solicitud, finalizó mi proceso de cambio de nombre.

También comenzamos a trabajar con el Registro Civil para hacer que se cambiaran los nombres de otras personas trans en sus documentos nacionales de identidad. Sentí que era importante que este proceso no fuera tan largo y que, si había una ley para que todos pudieran cambiar su nombre, las personas trans tuvieran acceso a ese derecho sin discriminación ni diferencias. En la actualidad, una solicitud de cambio de nombre para una persona trans demora en general entre 15 y 30 días.

Para el cambio de marcador de género, decidí esperar a que se hubiera cambiado mi nombre, y luego solicitar el cambio de ese marcador. Presenté todos mis papeles y me entregaron un documento que dice que, según lo estipula la ley, debía someterme a un examen médico en la oficina nacional de Medicina Forense. En Panamá, para cambiar el marcador de género, se exige que las personas pasen un examen físico en el cual se verifican sus genitales para luego determinar si la persona es hombre o mujer (Ley de Registro Civil, 2007).

Solamente pensar en eso me hace sentir terriblemente mal. Es humillante tener que hacer ese procedimiento, no todas las personas trans desean someterse a una cirugía y no todas las personas trans tienen el dinero necesario para hacerse una cirugía. Esas no deberían ser razones para negar el acceso al reconocimiento pleno de la identidad de género. Me niego a someterme a este examen porque viola mi dignidad. Conozco al menos a un hombre trans que se sometió a este proceso degradante sin saber cómo iba a ser, porque acababa de llegar del extranjero y no estaba en contacto con organizaciones trans. Pensó que no iba a tener problemas, pero su solicitud fue rechazada después del examen físico.

IV. De cara al futuro

CGC: Con el levantamiento de las medidas de género desde febrero de 2021, ¿en qué se está enfocando HTP en este momento?

PG: Estamos ampliando la Red de Solidaridad Trans. Nos estamos concentrando en desarrollar programas para fortalecer a los miembros de HTP con capacidades que les permitan tener más posibilidades de conseguir empleos. Por ejemplo, estamos enseñando cómo participar en una entrevista laboral, incluso con simulaciones. Vimos que muchas personas trans no tenían confianza en sí mismas cuando realizaban entrevistas laborales, y esperamos que esto les permita aumentar su seguridad y adquirir habilidades en la comunidad. También realizamos sesiones sobre cómo crear sus propios negocios.

Seguimos asistiendo a las personas trans con apoyos de emergencia de citas médicas para que no se automediquen. La automedicación se produce cuando las personas trans investigan en internet qué hormonas se están inyectando otras personas, e intentan hacer lo mismo. Esto puede ser peligroso desde el punto de vista médico. Conozco casos de personas trans que están desesperadas por hacer su transición y se han inyectado hormonas para ganado, o esteroides para mejorar el rendimiento.

En Panamá, no tenemos un sistema de salud pública que ofrezca servicios de salud para las personas trans que deseen hacer la transición. Queremos cambiar eso. HTP cubre parte de los costos de un proceso de transición, que puede ser sumamente costoso. Los exámenes de laboratorio requeridos pueden costar hasta  $ 160, una cita con un endocrinólogo puede costar aproximadamente  $ 80, y el tratamiento con hormonas de por vida puede costar  $ 120 cada tres meses.

También estamos realizando acciones de incidencia a favor del cambio de marcadores de género, y nos estamos preparando para desarrollar una estrategia que involucre a todos los grupos trans y a activistas trans independientes para lograr una ley de identidad de género que respete los estándares internacionales. También continuamos ayudando a más personas trans para que puedan cambiar sus nombres legales.

CGC: ¿Qué piensas que se necesita para que haya un cambio en Panamá en relación con los derechos de las personas trans?

PG: Necesitamos una ley contra la discriminación y para el reconocimiento legal del género. También necesitamos más educación sobre la diversidad en las escuelas y en todas las instituciones gubernamentales, incluso sobre derechos sexuales y reproductivos. Así, las personas podrán aprender cómo cuidar su cuerpo e informarse sobre la diversidad sexual que existe. Además, las escuelas deben reforzar su formación sobre derechos humanos y enseñar a pensar de modo crítico.

CGC: ¿Qué te inspira esperanza en relación con los derechos trans en Panamá?

PG: Las generaciones más jóvenes. Los jóvenes tienen una mente más abierta. En HTP, tenemos integrantes más jóvenes, como los de 18 a 20 años, que nos cuentan cómo hablaron sobre su identidad con sus amigos y amigas, y recibieron su aceptación. Yo tengo 36 años; eso no ocurría cuando yo revelé mi identidad de género en 2016.

Contar con más aliados y personas dispuestas a caminar al lado nuestro para asegurar la igualdad de derechos para todos y todas también me da esperanza. Por ejemplo, a través de la Red de Solidaridad Trans, se acercaron voluntarios que eran especialistas en salud mental y que empezaron a colaborar con la comunidad. Ahora nos hemos asociado con estas personas para ofrecer servicios de salud a personas trans. Esto es importante para la comunidad trans porque son personas que necesitan apoyo frente a la discriminación que sufren. También queremos crear un protocolo para la salud trans con estos y otros profesionales de la salud, que podrían servir como puente entre la comunidad trans y la comunidad médica. Ya hemos creado dos manuales sobre salud mental y grupos de apoyo para personas trans, muchas de las cuales sufrían ansiedad y baja autoestima a partir de episodios de discriminación.

Cada vez son más las personas que se han transformado en nuestras aliadas y están dispuestas a luchar por nuestros derechos a la par nuestra. Debemos seguir adelante con nuestros esfuerzos para que se conozca la experiencia de las personas trans.

V. Conclusión

En febrero de 2021, Panamá dejó sin efecto las medidas basadas en el género que aún estaban vigentes y, al mes de marzo, no ha vuelto a establecerlas (Alarco, 2021). No obstante, los y las activistas trans en Panamá siguen monitoreando las restricciones relativas al Covid-19, dado que, en septiembre, el Gobierno ya había revocado las medidas de género que todavía estaban vigentes (Lasso, 2020), para luego restablecerlas en diciembre (Rodríguez, 2020).

Tal como lo explicó Pau González, la experiencia de haber atravesado un confinamiento por género ha marcado a la comunidad trans. También ha llevado a que el Gobierno realizara algunas declaraciones que resultan prometedoras. Después de haber ejercido una fuerte presión sobre el Gobierno, desde abril de 2020, para que se respetaran los derechos de las personas trans, el 11 de mayo, el Ministerio de Seguridad Pública señaló que “ha conversado con los estamentos de seguridad para evitar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI” (Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, 12 de mayo de 2020). Luego, ante la evidencia de que continuaban los casos de discriminación, el 16 de julio, cinco ministerios del Gobierno y la Defensoría del Pueblo realizaron una declaración por la cual reconocieron los señalamientos de discriminación contra personas transgénero (Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, 17 de julio de 2020). En la declaración se denunciaban incidentes de homofobia y transfobia, y se afirmaba que Panamá respeta “la diversidad de identidad y de expresión”.

Para un país en el cual las personas trans no cuentan con protección legal contra la discriminación, estas declaraciones indicaron que, como mínimo, el Gobierno escuchaba las voces de las personas trans. Si bien muchas personas trans aún se preguntan en qué medida estas declaraciones tendrán un impacto sobre su vida cotidiana, algunas todavía albergan la esperanza de que la visibilidad nacional que recibieron los temas que las involucran, más la presión que continúa ejerciéndose, marquen el inicio de una nueva era para los derechos de las personas trans en Panamá.