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Illinois debe anular la notificación parental del aborto obligatoria

Ley viola los derechos humanos de las personas jóvenes y puede demorar su atención

(Chicago) – Una ley de Illinois que exige que una persona joven que solicita un aborto involucre a un familiar adulto es riesgosa para la juventud del estado, viola sus derechos humanos y constituye una amenaza para su salud y seguridad, señalaron Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) de Illinois en un informe divulgado hoy. La Asamblea General de Illinois debería derogar denominada Ley de Notificación Parental del Aborto de Illinois (Illinois Parental Notice of Abortion Act), con carácter urgente, según el informe.

Conforme a la Ley de Notificación Parental del Aborto, un médico que brinda atención a una persona joven menor de 18 años que solicita un aborto en Illinois debe notificar a un familiar adulto designado —padre/madre, abuelo/a, padrastro/madrastra que viva en el hogar, o tutor legal— al menos 48 horas antes. Si existe un motivo por el cual la persona joven no puede hacer que se notifique a uno de estos familiares, la persona puede recurrir a los tribunales y pedir permiso a un juez para que se realice el procedimiento sin esta intervención obligatoria de un familiar, en un proceso que se conoce con el nombre de “excepción judicial” (judicial bypass).

El informe de 73 páginas, “‘The Only People It Really Affects Are the People It Hurts’: The Human Rights Impacts of Parental Notice of Abortion in Illinois” [“Las únicas personas a las que realmente afecta son aquellas a las que perjudica”: Impactos para los derechos humanos de la notificación parental del aborto en Illinois], es el resultado de una colaboración entre Human Rights Watch y la ACLU de Illinois. Las organizaciones determinaron que las personas jóvenes suelen solicitar la excepción judicial por temor a ser víctimas de abuso físico o emocional, ser echadas de sus casas, apartadas de sus familias o sufrir otro tipo de deterioro de las relaciones familiares, o ser obligadas a seguir adelante con un embarazo contra su voluntad. Las organizaciones también documentaron las dificultades que enfrentan las personas jóvenes obligadas a involucrar a familiares que no las apoyan en su decisión sobre el aborto o a recurrir a un sistema judicial que no conocen para obtener una excepción judicial, así como el estrés y las demoras adicionales en la búsqueda de atención que esto provoca.

“Esta ley puede obligar a las personas jóvenes a seguir adelante con embarazos contra su voluntad o a tolerar abuso, humillación y castigos por parte de padres que no las apoyan”, señaló Margaret Wurth, autora principal del informe e investigadora sénior de Human Rights Watch. “Y la alternativa que tienen cuando intentan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas puede ser enfrentar una experiencia judicial difícil y traumática”.

Human Rights Watch mantuvo entrevistas exhaustivas con 37 personas – incluidos abogados, proveedores de atención de la salud, un juez retirado y otras personas– y analizó datos y otra información correspondientes a aproximadamente tres años y medio reunidos por la ACLU de Illinois respecto de personas jóvenes que han pasado por el proceso de excepción judicial.

Human Rights Watch también evaluó la ley a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Expertos en derechos humanos han instado sistemáticamente a la eliminación de obstáculos que niegan el acceso a abortos seguros y legales, y se han expresado específicamente acerca de los requisitos de participación parental que generan un obstáculo en el acceso al aborto. Human Rights Watch concluyó que la ley de notificación parental obligatoria de Illinois viola una serie de derechos humanos de las personas jóvenes, incluidos los derechos a la salud, a ser tenidas en cuenta, a la privacidad y confidencialidad, a no ser objeto de discriminación y a la igualdad ante la ley, a decidir sobre la cantidad de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La ACLU de Illinois lleva adelante un Proyecto de Coordinación de las Excepciones Judiciales para proporcionar asistencia legal gratuita a jóvenes afectadas por la ley. Mediante este proyecto, ha representado a más de 500 personas jóvenes en procedimientos de excepciones judiciales en el estado en los últimos siete años desde que la ley entró en vigencia. De esta cantidad, solo una solicitud de excepción de una persona joven fue finalmente denegada.

“Tras años de representar a personas jóvenes ante los jueces en casos de excepciones en el estado de Illinois, está claro que esta ley es innecesaria y perjudicial”, comentó Emily Werth, abogada de planta de la ACLU de Illinois. “La ley debería proteger a las personas jóvenes que solicitan la interrupción de un embarazo, y no interponer demoras innecesarios y obstáculos entre ellas y la posibilidad de recibir atención de la salud segura de un proveedor idóneo”.

Las organizaciones indicaron que la mayoría de las personas jóvenes involucran a un familiar cercano en su decisión de interrumpir un embarazo independientemente de lo dispuesto en la ley, y que cuando las personas jóvenes que solicitan un aborto no hablan con un padre o madre acerca de ello, tienen un buen motivo para no hacerlo. Una proveedora de atención de la salud contó en el informe que una paciente menor de 18 años que solicitó un aborto le dijo: “Mi madre es muy severa conmigo. Si se entera de que estoy embarazada, definitivamente me echará de la casa”.

Las organizaciones también determinaron que la ley de notificación puede conducir a demoras significativas para las personas jóvenes que afectan su acceso a la atención médica. El trabajo con un abogado y la coordinación disimulada de una comparecencia ante los tribunales suma, en promedio, una semana (y a veces mucho más) al tiempo que tiene una persona joven para obtener acceso a un aborto. Estas demoras pueden ser críticas; una persona joven podría superar el período de elegibilidad para un aborto no invasivo con medicamentos, o podría necesitar un procedimiento que requiera varias citas durante días consecutivos.

Una persona joven obligada a recurrir a los tribunales para solicitar una excepción judicial describió el proceso como “muy angustiante y estresante”. Otra persona dijo: “Al principio fue aterrador no saber qué esperar”.

El informe también presenta casos de personas jóvenes que fueron obligadas a continuar con un embarazo contra su voluntad porque no podían cumplir con la ley de notificación ni recurrir a la excepción judicial, o porque sus padres interfirieron en su decisión y les impidieron que accedieran al aborto. Al describir uno de estos casos, una trabajadora social entrevistada para el informe dijo que su paciente se convirtió en “prisionera en su propia casa”, cuando sus padres impidieron que accediera a un aborto y la obligaron a seguir adelante con el embarazo. “La privaron completamente de su autonomía, se la quitaron”, señaló la trabajadora social.

Previamente este año, el senador por el estado de Illinois Elgie R. Sims, Jr. y la representante del estado Anna Moeller presentaron medidas en ambas cámaras de la Asamblea General de Illinois tendientes a derogar esta ley perniciosa: SB 2190 y HB 1797, respectivamente. Las votaciones en ambas cámaras están programadas para antes de fines de mayo de 2021.

“Las autoridades de Illinois han reafirmado en reiteradas oportunidades su compromiso de proteger los derechos reproductivos en el estado”, indicó Wurth. “Sancionar normas que deroguen la ley de notificación parental es fundamental para cumplir con este compromiso”.

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