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Miles de activistas por el aborto legal alzan sus icónicos pañuelos verdes y se manifiestan a favor de la despenalización frente al Congreso en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 2020. © 2020 Natacha Pisarenko/AP Photo

El debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley para legalizar el aborto que el Presidente Alberto Fernández envió al Congreso el mes pasado es una oportunidad para que Argentina finalmente cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos y dé respuesta a un grave problema de salud pública. 

El proyecto despenalizaría completamente el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación y permitiría que las mujeres interrumpan sus embarazos después de ese período en las mismas circunstancias que hoy están permitidas en el Código Penal: si el embarazo es consecuencia de una violación, o si existe un riesgo para la vida o la salud de las mujeres y niñas. 

El debate en 2018 resultó fundamental para visibilizar dos cuestiones indiscutibles sobre el aborto en Argentina. La primera es que penalizar el aborto no evita que las mujeres aborten. En segundo lugar, la criminalización del aborto obliga a mujeres y niñas a interrumpir el embarazo por fuera del sistema de salud, en entornos clandestinos y no regulados. Los abortos clandestinos se realizan usualmente de manera insegura, lo cual expone a las mujeres y niñas a posibles complicaciones de salud, e incluso a la muerte.

Un informe reciente de Human Rights Watch reveló que, en la práctica, incluso en casos de mujeres y niñas que debían poder acceder a un aborto por encontrarse dentro de las excepciones previstas en la ley, a muchas se les niega el acceso o enfrentan múltiples barreras. Dichos obstáculos incluyen límites arbitrarios basados en la cantidad de semanas de embarazo impuestos por algunos hospitales y la falta de acceso a distintos métodos de aborto quirúrgico y médico, como por ejemplo comprimidos de misoprostol. Algunas mujeres han enfrentado estigmatización y maltrato por parte de profesionales de la salud. Además, en ciertos casos, los establecimientos de salud carecen de sistemas de derivación eficaces para asistir a las mujeres cuando los médicos invocan la objeción de conciencia, causando graves dificultades y demoras. 

La criminalización del aborto profundiza las desigualdades. Los recursos que cada mujer o niña tenga, dónde vive, e incluso el hospital al que habitualmente acude afectan su posibilidad de acceder a un aborto seguro. La clandestinidad impacta especialmente en las más vulnerables, particularmente aquellas que provienen de sectores de bajos recursos o viven en zonas rurales y a las adolescentes.

Para contribuir de una manera integral a que las mujeres cuenten con mayores opciones, el Presidente Fernández también envió al Congreso otro proyecto de ley que, de ser aprobado, asignará recursos a personas vulnerables y a sus hijos durante los primeros 1.000 días de sus vidas.

No existe, en derecho internacional, un reconocimiento explícito al derecho a abortar. Sin embargo, los organismos autorizados para interpretar los tratados de derechos humanos ratificados por Argentina, incluyendo el Comité de Derechos Humanos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, han establecido desde hace tiempo que las leyes que penalizan el aborto violan los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido su derecho a la vida, la salud y a no sufrir un trato cruel, inhumano y degradante. Obligar a una mujer o niña a continuar con un embarazo en casos tales como cuando el feto tiene enfermedades graves incompatibles con la vida fuera del útero o el embarazo es producto de una violación, constituye un trato inhumano y degradante. En efecto, utilizar el derecho penal para forzar a las mujeres a completar un embarazo les impone deberes abrumadores incompatibles con el respeto de sus derechos fundamentales. 

El acceso al aborto es también una cuestión de salud pública. En 2009, el Ministerio de Salud estimó que, en Argentina, se realizan entre 371.000 y 522.000 interrupciones del embarazo por año. Estas cifras siguen siendo utilizadas por el ministerio, que ha concluido que, “en general”, los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras. En 2016, ingresaron en los hospitales públicos alrededor de 40.000 mujeres y niñas por complicaciones relacionadas con abortos. En 2018, el Ministerio de Salud informó que se habían producido 35 muertes causadas por abortos, que representan el 13 % de las muertes maternas en Argentina.

Este no es ni debería ser un debate sobre creencias religiosas, anécdotas personales o posiciones ideológicas. Al legalizar el aborto, los legisladores no obligarán a nadie a abortar. Simplemente estarían asegurándose de que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales y que ninguna persona sea obligada a sufrir innecesariamente por un embarazo no deseado o riesgoso, especialmente entre los sectores más vulnerables.

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