En un gesto positivo, esta semana la Cámara de Diputados de México reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer los 44 centros de justicia que brindan servicios a las mujeres sobrevivientes de violencia. Pero los legisladores no incluyeron ningún proveído para garantizar que los centros, que en algunos casos incluyen refugios para las sobrevivientes y sus hijos, sean accesibles para mujeres con discapacidad.
Las reformas no abordan las barreras sistémicas que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a los servicios. Human Rights Watch documentó estas barreras en cuatro estados de México entre 2019 y 2020 en relación con la violencia familiar contra personas con discapacidad. Los centros de justicia que visité y los que conocí en mi investigación carecían de accesibilidad física, comunicaciones accesibles y estándares claros para brindar apoyos razonables a las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad enfrentan una violencia persistente en México, pero la ley actualmente no garantiza que los centros de justicia u otros mecanismos respondan a sus necesidades específicas.
Tomemos a Guadalupe Huerta Mora, de la Ciudad de México, quien fue golpeada brutalmente por sus tres cuñadas, con quienes vivía, con la aquiescencia de su esposo. El ataque le provocó una lesión en la columna que le impide caminar. En ausencia de un refugio accesible, servicios de apoyo u otras opciones para mantenerla a salvo, Huerta Mora se vio obligada a regresar a vivir con quienes la golpearon.
Cuando la minuta de ley llegue al Senado, los integrantes del Senado deben garantizar que las medidas de emergencia, preventivas y de protección para las víctimas de la violencia sean accesibles y se brinden a las mujeres con discapacidad, incluidas las mujeres con altos requerimientos de apoyo. Las reformas a la ley deben hacerse cargo de que las mujeres con discapacidad pueden depender económicamente de los perpetradores y también para recibir apoyo en sus actividades diarias, lo que les dificulta mucho sustraerse de la violencia.
El Congreso no debe perder esta importante oportunidad, al reformar esta ley, para cerrar la brecha en la asistencia a las mujeres con discapacidad que experimentan violencia.
