(Washington D.C.) – Las autoridades guatemaltecas deben investigar y sancionar a los agentes de las fuerzas de seguridad que hicieron uso excesivo de la fuerza en las protestas del 21 de noviembre, señaló hoy Human Rights Watch. La respuesta de las fuerzas de seguridad ante los actos de violencia individuales que se produzcan durante protestas no debe privar a la mayoría de manifestantes pacíficos de su libertad de reunión ni cercenar otros derechos, como la protección frente a la detención arbitraria o el trato inhumano o degradante.
El 21 de noviembre, los manifestantes salieron a las calles a protestar la adopción del presupuesto para el año 2021 por en el Congreso de Guatemala el 17 de noviembre, tras un proceso sumario y poco transparente. El presupuesto recorta significativamente el financiamiento a programas sociales sobre desnutrición, educación, pobreza, vivienda y salud, así como las partidas para el Órgano Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo cual podría afectar gravemente su trabajo.
“Las autoridades guatemaltecas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad, además de los actos de violencia atribuidos a manifestantes, y garantizar el derecho a la protesta pacífica”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Asegurar que haya rendición de cuentas es fundamental para disuadir futuros abusos por parte de las fuerzas de seguridad y otros delitos en el contexto de protestas”.
El 20 de noviembre, el Presidente Alejandro Giammatei anunció que no vetará el presupuesto que aprobó el Congreso.
En el centro de Ciudad de Guatemala, donde las protestas se desarrollaron de forma mayormente pacífica, los medios de comunicación locales y la Procuraduría de los Derechos Humanos informaron sobre uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, resultando en al menos 17 manifestantes heridos. Los heridos fueron atendidos en el Hospital General de Guatemala el 21 de noviembre. Dos de ellos sufrieron lesiones oculares y uno presenta daños permanentes, según lo señalado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las protestas también se extendieron a otras ciudades y municipios.
Algunas personas actuaron de forma violenta en el contexto de las protestas, vandalizando, saqueando y destruyendo bienes, incluso incendiando el edificio del Congreso y su mobiliario.
Al menos 35 personas fueron detenidas en las protestas en Ciudad de Guatemala y otros municipios. El 22 de noviembre, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó un recurso de exhibición personal en representación de 23 detenidos en Ciudad de Guatemala, en el cual sostuvo que habían sido arrestados de manera arbitraria y agredidos por agentes de las fuerzas de seguridad, y que necesitaban atención médica. En una audiencia que tuvo lugar ese día contra nueve manifestantes detenidos por la Policía Nacional, el Ministerio Público los acusó de insultar a los agentes e irrumpir en la sede del Congreso. El juez determinó que no había pruebas que implicaran a los detenidos en estos delitos y dispuso la liberación de los nueve. Las demás audiencias se están celebrado actualmente.