(Nueva York) – La libertad vigilada (probation) y la libertad condicional (parole) se promueven como alternativas al encarcelamiento que pueden ayudar a las personas a recomponer su vida, pero en realidad agudizan la sobrepoblación en las cárceles y prisiones de Estados Unidos, manifestaron Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) en un informe conjunto presentado en el día de hoy.
En el informe de 225 páginas, “Revoked: How Probation and Parole Feed Mass Incarceration in the United States” (Revocado: De qué manera la libertad vigilada y la libertad condicional fomentan la encarcelación masiva en Estados Unidos) se concluye que la supervisión – bajo la modalidad de libertad vigilada y de libertad condicional – provoca que una gran cantidad de personas (de manera desproporcionada, negras y latinas) regresen a la cárcel o a prisión y, en general, no les ayuda a conseguir los servicios y recursos que necesitan. En los estados analizados para este informe,se encontró que se suele encarcelar a personas por violar las condiciones de su supervisión o por cometer delitos menores, y se les aplican castigos desproporcionados en procedimientos que no protegen de manera adecuada sus derechos a un juicio justo.
“La libertad vigilada y la libertad condicional se consideran actos de indulgencia, pero en los estados analizados, a menudo, su violación implica el encarcelamiento solo por usar drogas, no informar un nuevo domicilio o por delitos de orden público como la alteración del orden público”, manifestó Allison Frankel, becaria Aryeh Neier en Human Rights Watch y ACLU, y autora del informe. “Encarcelar a personas por no cumplir con los requisitos evidentemente engorrosos de la supervisión trastoca su vida sin abordar en realidad sus necesidades básicas”.
Human Rights Watch y la ACLU entrevistaron a 164 personas, entre ellas, 47 que habían sido encarceladas por violaciones de sus condiciones de libertad vigilada o libertad condicional en tres estados donde este problema es especialmente grave: Pensilvania, Wisconsin y Georgia. Los investigadores también entrevistaron a familiares de personas encarceladas, funcionarios gubernamentales, abogados, activistas y expertos, y analizaron datos proporcionados por esos estados u obtenidos de ellos, así como estadísticas del Departamento de Justicia de EE. UU.
Los investigadores conversaron con Willie White, un residente negro de Georgia que, tras esperar durante seis meses en la cárcel para hacer impugnar los cargos por posesión de marihuana con intención de distribuirla, se declaró culpable para poder volver a su hogar con sus hijos y recibió una condena de 10 años bajo libertad vigilada. En lugar de eso, pronto se encontró de vuelta en la cárcel, una vez por no cumplir con el pago y otra vez por uso y posesión de drogas. “[La libertad vigilada] se llevó todo mi dinero y me tuvo encarcelado por pequeños y simples errores. Realmente lo he pasado muy mal”, contó.
Los investigadores también conversaron con una mujer negra de Pennsylvania que fue y vino reiteradamente entre la libertad vigilada y la cárcel, principalmente por hurtos en tiendas y delitos relacionados con drogas, que según ella son consecuencia de un trastorno por el consumo de sustancias. “Solicité que me incorporaran a programas”, dijo, “pero [en la libertad vigilada] no quisieron escuchar que yo necesitaba ayuda; solo me dieron tiempo”.
En los últimos 50 años, el uso de la libertad vigilada y de la libertad condicional en EE. UU. ha aumentado significativamente, al igual que el número de personas en cárceles y prisiones. En 2016, 4.5 millones de personas o 1 de cada 55, se encontraban bajo supervisión, situación que a menudo se extendía por años. Esas personas deben cumplir con una gran cantidad de condiciones amplias, imprecisas y opresivas, como pagar multas y cargos que muchas no pueden afrontar; asistir frecuentemente a reuniones que, a menudo, se realizan lejos y durante el horario laboral; informar sobre cada cambio de domicilio, incluso cuando carecen de estabilidad habitacional; y mantenerse alejadas de personas “de mala reputación”.
Debido al racismo estructural, es menos probable que las personas negras y latinas cuenten con los recursos necesarios para cumplir con las condiciones de supervisión y tienen más posibilidades de que se las arreste y se determine que han violado los términos de su supervisión.
Las conclusiones del informe incluyen las siguientes:
- En lugar de evitar que las personas vuelvan a la cárcel, la libertad vigilada y la libertad condicional están acrecentando las poblaciones de cárceles y prisiones. Según datos del Consejo de Gobiernos Estatales, en 2017, el 45 % de las admisiones en todas las prisiones estatales correspondían a violaciones de la libertad vigilada o de la libertad condicional. El análisis realizado por Human Rights Watch y la ACLU en los estados analizados arroja cifras similarmente altas. Casi la mitad de todas las admisiones a prisión en Pensilvania incluyen violaciones de la libertad condicional; en las últimas dos décadas, las prisiones de Wisconsin han admitido a alrededor del doble de personas por violaciones de supervisión que por condenas penales normales; y durante un período de 5 meses en 2019, entre el 23 % y el 43 % de todos los ingresos en cárceles de 9 condados de Georgia se refirieron a violaciones de la libertad vigilada o de la libertad condicional.
- En Pensilvania, Wisconsin y Georgia, las violaciones a las normas de supervisión que dan lugar al encarcelamiento a menudo se deben al uso de drogas, a no haber informado cambios en el domicilio y al incumplimiento de normas de programas que son obligatorios en el marco de la supervisión. Cuando los encarcelamientos se producen debido a nuevos delitos más que a violaciones de normas, suele tratarse de delitos contra el orden público, como conductas reñidas con el orden público, agresiones menores, posesión de drogas y hurtos en tiendas.
- Existen marcadas desigualdades raciales en la supervisión y su aplicación. En 2016, Pew Charitable Trusts informó que en todo el país 1 de cada 81 personas blancas se encontraba bajo supervisión, en comparación con 1 de cada 23 personas negras. En Wisconsin, Human Rights Watch y la ACLU descubrieron que la proporción de personas negras que eran sancionadas por violaciones a su supervisión es cuatro veces mayor que su proporción de la población del estado; en el caso de los nativos americanos, es siete veces su proporción de la población. Múltiples estudios arrojan que es significativamente más probable que revoquen la supervisión de las personas negras en los EE. UU., en comparación con otras personas blancas en una situación similar.
- En muchas jurisdicciones analizadas en el informe, se detiene habitualmente durante meses a las personas acusadas de violar su supervisión mientras esperan una audiencia para hacer su descargo, incluso por violaciones de normas, y sin que haya pruebas de que exista la probabilidad de que huyan de la jurisdicción. A muchas de esas personas se las confina en celdas hacinadas y antihigiénicas sin acceso a servicios adecuados de salud mental o tratamiento por drogas, y donde se encuentran en mayor riesgo de contraer Covid-19.
- Cuando en los estados analizados se detecta que una persona ha violado las condiciones de su supervisión, se la suele someter a castigos desproporcionados, como pasar un tiempo adicional en la cárcel o prisión, mediante un proceso que no protege sus derechos a un juicio justo.
- Fundamentalmente, las violaciones de la supervisión a menudo son consecuencia de la situación de pobreza; de la falta de apoyo por parte de las autoridades para que las personas puedan abordar los problemas subyacentes, como el trastorno por consumo de sustancias, la inseguridad habitacional o condiciones de salud mental; y de prácticas policiales y de cumplimiento de la ley racialmente sesgadas.
“La libertad vigilada y la libertad condicional funcionan en el marco de un sistema legal separado, uno donde se ignoran los derechos básicos, como la presunción de inocencia, las audiencias de detención rápidas y la prueba más allá de toda duda razonable”, manifestó Frankel. “De esta manera, las personas sienten una enorme presión para admitir acusaciones tan solo para salir de la cárcel”.
Muchos aspectos de estos sistemas de supervisión violan el derecho internacional y estadounidense de los derechos humanos, por ejemplo, las prohibiciones sobre castigos desproporcionados, discriminación racial y detenciones arbitrarias. Algunos aspectos de los sistemas de revocación también plantean serios riesgos a la posibilidad de un juicio justo o no son compatibles con los derechos reconocidos por el derecho internacional a tener un estándar de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentación, a la salud y a satisfacer otras necesidades básicas.
En los últimos años, muchos estados han sancionado reformas para reducir las cargas de la supervisión, limitar el encarcelamiento por transgresiones e invertir en recursos comunitarios para ofrecer oportunidades de trabajo, empleo, educación y atención de la salud. A pesar de muchos de estos cambios, sigue habiendo sistemas de supervisión opresivos que no mejoran de manera comprobable la seguridad pública ni facilitan la rehabilitación.
Human Rights Watch y la ACLU recomiendan que el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales dejen de orientar recursos a la supervisión y el encarcelamiento e inviertan en puestos de trabajo, viviendas y tratamientos voluntarios para trastornos por consumo de sustancias y atención de la salud mental.
“Al invertir en las comunidades en lugar de destinar los fondos a la supervisión y el confinamiento, los gobiernos pueden trabajar para romper el nexo entre supervisión y encarcelamiento y ayudar a las personas a conseguir los recursos que necesitan”, manifestó Frankel.
