Las cárceles de México podrían convertirse en el epicentro de una rápida propagación de la Covid-19, tanto dentro de esas instituciones como en la comunidad exterior. El gobierno está simulando ocuparse del problema pero, en realidad, no adopta medidas significativas para impedir que ocurra un estallido del virus tras los barrotes. Si no se contienen los brotes en las cárceles de México, numerosos detenidos podrían enfermarse gravemente y morir, además de pasar el virus al personal y a la población en general.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la nueva Ley de Amnistía permitirá que se libere a quienes “están enfermos o son mayores de edad”. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se refirió a la ley como “un acto de humanismo” para “disminuir al máximo el número de fallecimientos a causa del coronavirus”.
Estos señalamientos son absolutamente engañosos. La Ley de Amnistía no contribuye demasiado a prevenir la propagación de la Covid-19 en las cárceles insalubres y sobrepobladas de México. En vez, los gobiernos y los fiscales federales y de los estados deberían usar las facultades que ya les confiere el derecho mexicano para trabajar con los jueces con el objeto de reducir el número de internos en las cárceles de México.
El 20 de abril, dirigentes de Morena convocaron a una sesión de emergencia en el Senado para que se aprobara esta ley, que se había presentado en septiembre pasado, meses antes de que se identificara el nuevo coronavirus y que, ahora, engañosamente replantearon como una respuesta a la pandemia de Covid-19.
La nueva ley sí promueve objetivos importantes en materia de derechos humanos, al permitir que se libere a personas procesadas o sentenciadas bajo el fuero federal por posesión de drogas (una conducta que no debería estar tipificada), delitos de baja gravedad relacionados con narcóticos y contra la propiedad, y delitos “políticos” y, en algunos casos, a miembros de comunidades indígenas. Pero no despenaliza estas trasgresiones.
Según cálculos del propio gobierno, apenas del 2 al 3 por ciento de las casi 200 mil personas que hay en las cárceles federales de México podrían reunir los requisitos para solicitar un indulto invocando la ley. Y la ley no ayudará a las personas que han sido procesados o sentenciados bajo el fuero común, que son el 80 por ciento de la población penitenciaria del país. Tampoco prevé que se libere a personas con algunas afecciones de salud subyacentes que hacen que sean más vulnerables al virus.
Podría tardarse meses en efectivizar las liberaciones, por lo que la ley no detendrá la propagación inmediata de la Covid-19 en las cárceles de México, que hasta el 24 de mayo habían informado 150 casos confirmados y 32 muertes. Numerosos expertos advierten que es probable que la cantidad real de casos sea mucho mayor, pero que son muy pocas las pruebas de detección que se realizan.
Según una evaluación realizada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo oficial, hay sobrepoblación en una tercera parte de las cárceles de México, en un tercio de estas la atención de la salud es deficiente y en las dos terceras partes las condiciones de higiene son precarias. La encuesta de internos más reciente realizada por el organismo de estadística de México, el INEGI, indica que casi la mitad de todos los presos comparten celda con más de cinco personas, el 30 por ciento no tiene acceso al agua potable en sus celdas y apenas el 8 por ciento recibe artículos de higiene de las autoridades penitenciarias. En estas condiciones, es imposible cumplir con las recomendaciones sobre distanciamiento social e higiene para evitar que la Covid-19 se extienda en las cárceles.
El derecho mexicano permite que los gobiernos federal y estatales pidan a la justicia que autorice la liberación condicionada o anticipada de los detenidos que reúnan ciertos requisitos, como por ejemplo, que la medida no genere un riesgo para la sociedad. Las personas detenidas o los fiscales también pueden pedir a los jueces que revisen las medidas de prisión preventiva.
Los gobiernos de algunos estados, como el Estado de México y la Ciudad de México, ya han usado estos mecanismos para liberar a más de 2 mil personas, aunque esta cantidad no es suficiente. Algunas personas han expresado preocupación por la posibilidad de que se libere a “peligrosos delincuentes”. Sin embargo, el 35 por ciento de las personas en las cárceles de México no han sido sentenciadas en relación con algún delito. Y se da seguimiento con tobilleras electrónicas a muchos de quienes recibieron la liberad condicionada en el Estado de México.
El uso excesivo de la detención preventiva se ha mencionado a menudo entre las causas principales de la sobrepoblación crónica de las cárceles de México. El poder legislativo, controlado por representantes de Morena, agravó el problema en 2019, al ampliar la lista de delitos en los que debe dictarse la prisión preventiva automática. Esto viola la presunción de inocencia, una garantía fundamental de debido proceso reconocida en el derecho mexicano y en las normas internacionales de derechos humanos.
La prioridad de las autoridades debe ser solicitar a los jueces la libertad condicional de aquellos en prisión preventiva por delitos no violentos y que no representen un riesgo para la sociedad. También deben dar prioridad a personas con mayor riesgo de contagio como los adultos mayores, mujeres y adolescentes embarazadas, personas con ciertas discapacidades y a niños, niñas, adolescentes siempre y cuando hayan sido procesados o sentenciados por delitos no violentos.
Los gobiernos tienen una obligación de cuidado incluso mayor con respecto a las personas bajo su custodia, y las autoridades de México, de todos los órdenes, deben actuar con celeridad para proteger la salud y el derecho a la vida de quienes están en sus cárceles.
De manera más general, los gobiernos federal y de los estados de México deben poner fin a los abusos sistémicos que contribuyen a la sobrepoblación carcelaria. El primer paso en ese sentido, que deberían dar el Congreso y los órganos legislativos de los estados tan pronto como sea posible, es terminar con el uso de la prisión preventiva automática. Las legislaturas de los estados también deberían aprobar sus propias leyes de amnistía, que beneficiarían a muchas más personas.
Ahora que la Covid-19 ya se está propagando en las cárceles mexicanas, es imperioso que los gobiernos federal y estatales usen las herramientas con las que ya cuentan para disponer una cantidad significativa de liberaciones y reducir la sobrepoblación. Si López Obrador no insta a su administración y a los gobernadores de los estados a actuar con rapidez, el contagio de la Covid-19 en los centros penitenciarios de México podría tener consecuencias desastrosas, tanto para los detenidos como para la sociedad en general.
