(Washington, D.C.) – El decreto ejecutivo firmado por el presidente Donald Trump el 28 de mayo de 2020 sobre Prevención de la Censura en Línea constituye un ataque frontal a la libertad de expresión en línea a nivel global, señaló hoy Human Rights Watch.
El decreto ejecutivo procura que la protección general de la que gozan las empresas de redes sociales en materia de responsabilidad conforme al artículo 230(c)(1) de la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act) esté supeditada a que tales empresas moderen los contenidos de “buena fe”, un estándar que la Comisión Federal de Comunicaciones deberá aclarar. El decreto ejecutivo podría eliminar estas protecciones legales y generar la amenaza de que las empresas de redes sociales sean blanco de infinidad de litigios si intentan moderar lo que se publica en sus plataformas de un modo que el poder ejecutivo considere que no obra de “buena fe”.
“El decreto ejecutivo del presidente Trump representa una amenaza de castigo a las plataformas de medios sociales y a las personas que publican a través de ellas porque el gobierno disiente con respecto al modo en que las empresas moderan los contenidos”, explicó Deborah Brown, investigadora sénior y defensora de derechos digitales de Human Rights Watch. “Al parecer, la medida se debió a la decisión de Twitter de colocar una etiqueta de “verificar datos” en un tuit del presidente Trump que calificaba de ‘fraudulentos’ a los votos por correo”.
Además de malinterpretar las garantías previstas en la ley contra la responsabilidad por contenidos alojados en intermediarios de Internet, como las empresas de redes sociales, el decreto ejecutivo prohibiría que el gobierno federal realice gastos, mercadotecnia o publicidad en plataformas que considere que “restringen la libertad de expresión” y dispone que autoridades regulatorias y fiscales examinen las prácticas de sitios como Twitter y Facebook para determinar si son engañosas o injustas. Es posible que el decreto ejecutivo sea objeto de recursos en la justicia.
Apenas días después de que Twitter hiciera la indicación de “verificar datos” en los señalamientos falsos del presidente sobre el voto por correspondencia y el fraude electoral, el decreto ejecutivo indica que las plataformas en línea “practican una forma de censura selectiva que perjudica nuestro discurso nacional”. Esto se suma a años de acusaciones contra las redes sociales por su supuesta falta de imparcialidad en la forma en que moderan o retiran contenidos. Estas acusaciones incluyen, entre otras cosas, calificarlas de anticonservadoras o de beneficiar a élites y gobiernos por sobre activistas de base y minorías raciales.
El artículo 230 de la Ley sobre Decencia en las Comunicaciones exime de responsabilidad a los intermediarios de Internet, como las plataformas de medios sociales en las que realizan publicaciones los usuarios, por los contenidos subidos por usuarios en sus sitios. También protege por separado a estas empresas de cualquier responsabilidad cuando aplican políticas en sus plataformas, como al sacar contenidos, comentarios o cuando se etiquetan comentarios objetables de terceros. Esto les permite tomar medidas para combatir la desinformación y la información falsa, las expresiones de odio, los contenidos terroristas y otras formas de expresión en línea que son ilegales o que violan sus condiciones de servicios o pautas comunitarias.
Los gigantes de los medios sociales replican en gran medida lo que ocurre en el espacio público y tienen la responsabilidad de conducirse con más transparencia y rendición de cuentas con respecto a la forma en que moderan contenidos y las garantías de procedimiento que establecen contra la censura arbitraria. Hay un fuerte interés público en saber qué dicen y hacen las figuras públicas —incluidos los líderes gubernamentales— y las empresas ciertamente tienen dificultades para encontrar un sano equilibrio cuando lo que hacen las figuras públicas en sus plataformas amenaza los derechos de otras personas, mediante la instigación o falsedades. Como actores globales, las empresas deben adecuar sus condiciones de servicio y pautas comunitarias a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Hay una intensa controversia acerca de qué permiten y prohíben estas empresas en sus plataformas. Sin embargo, privar a estas plataformas de su inmunidad no es la respuesta”, apuntó Brown. “Por el contrario, eso dará lugar a más censura y habilitará a líderes políticos de todo el mundo a exigir que las plataformas regulen los contenidos en función de sus preferencias”.
