(Nueva York, 12 de mayo de 2020) – Los programas de localización móvil que los gobiernos utilizan en la lucha contra la Covid-19 plantean graves riesgos para los derechos humanos, señaló Human Rights Watch en un documento detallado de preguntas frecuentes publicado hoy. Los programas, cuya utilidad para ayudar a controlar la pandemia aún no se ha comprobado, pueden introducir medidas encubiertas de vigilancia innecesarias y desproporcionadas bajo el argumento de la salud pública.
Con el título “Datos de localización móvil y Covid-19”, el documento de preguntas frecuentes analiza las distintas maneras en que los gobiernos utilizan la geolocalización y la información de proximidad que proporcionan los teléfonos móviles y otros dispositivos y el riesgo que ello representa para los derechos de privacidad. Examina cómo esta tecnología se ha estado utilizando en China, Israel, Corea del Sur y Estados Unidos, y en otros países, y brinda recomendaciones y pautas para evaluar los riesgos para los derechos humanos presentados por cualquier herramienta o programa que utilice datos de localización móvil.
“Si bien establecer algunas restricciones a los derechos puede ser justificable durante una emergencia de salud pública, a las personas se les está pidiendo que sacrifiquen su privacidad y entreguen datos personales para que los usen tecnologías que no han sido probadas”, señaló Deborah Brown, investigadora sénior de derechos digitales de Human Rights Watch. “Contener la pandemia y reabrir la sociedad son metas fundamentales, pero eso puede hacerse sin necesidad de una vigilancia invasiva”.
Si bien proteger vidas humanas y la salud pública es de suma importancia para los responsables de formular políticas de todo el mundo, Human Rights Watch advirtió que los gobiernos y el sector privado no deben promover ni utilizar tecnologías que no han sido comprobadas ni puestas a prueba. Los abundantes antecedentes de uso de medidas de emergencia demuestran que, cuando se recurre a la vigilancia, por lo general, se va demasiado lejos, esas medidas no cumplen sus objetivos y, una vez aprobadas, suelen perdurar más de lo necesario. Los programas de rastreo móvil, que se supone que serán medidas temporales hasta que la pandemia se encuentre bajo control y haya una vacuna, pueden tornarse permanentes y formar parte de un régimen de vigilancia extendida.
Comprometer demasiado la privacidad puede menoscabar otros derechos, como la libertad de circulación, de expresión y de asociación. El análisis de datos de las redes de telefonía móvil genera oportunidades de actuación selectiva muy precisas y en tiempo real que los gobiernos pueden utilizar para aplicar medidas de cuarentena draconianas. Esto es especialmente problemático cuando no existen límites transparentes ni significativos respecto de la recabación, conservación y uso de datos. En manos de gobiernos que ya aplican prácticas de vigilancia invasivas, como China y Rusia, esto puede intensificar la discriminación y la represión.
Human Rights Watch también advirtió que depender demasiado de la localización geográfica a través de dispositivos móviles para las respuestas a la Covid-19 podría excluir a grupos marginados que es posible que no tengan buen acceso a Internet ni a la tecnología móvil, lo que pondría en riesgo su salud y sus medios de subsistencia. Algunas comunidades, como los trabajadores migrantes, los refugiados y las personas sin techo, viven en condiciones de hacinamiento, lo que reduciría la precisión de las aplicaciones de rastreo de contactos. Asimismo, quienes han sufrido por décadas una situación de vigilancia abusiva y represión pueden ser renuentes a estas tecnologías de seguimiento.
“Las soluciones de rastreo móvil crean una respuesta en dos niveles a la pandemia, que amenaza con dejar rezagadas a las personas de más bajos recursos y vulnerables”, expresó Amos Toh, investigador sénior sobre inteligencia artificial y derechos humanos. “Sin un aporte significativo de las minorías y de otros grupos marginados, las respuestas tecnológicas podrían agravar las desigualdades sistémicas que enfrentan quienes resultan más golpeados por el virus”.
Existen serias dudas sobre si el uso de iniciativas de seguimiento para la Covid-19 puede cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de necesidad y proporcionalidad. Human Rights Watch señaló que, en primer lugar, antes de utilizar esas tecnologías, los gobiernos deben abordar la cuestión más fundamental de si ese uso se justifica desde el punto de vista científico o si puede arrojar datos erróneos sobre el riesgo de infección de un individuo o confundir al público. También deben evaluar si la pandemia puede combatirse de maneras que sean menos invasivas de los derechos, como por ejemplo, mediante métodos de contención comprobados, como el seguimiento manual de contactos y la ampliación del acceso a pruebas y tratamientos precisos.
“Antes de aplicar tecnologías basadas en datos, debemos hacernos dos preguntas elementales: ¿Funcionará? ¿Y cuál será el costo para nuestras libertades y nuestra salud?”, manifestó Brown. “El tiempo apremia, pero una pandemia no es el momento para apresurarse y hacer las cosas mal”.
