Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles de Argentina, al igual que en gran parte de América Latina, generan condiciones perfectas para que haya brotes de Covid-19, con consecuencias previsibles. Promover el distanciamiento social y lavarse las manos son medidas difíciles o imposibles de cumplir y la Covid-19 podría propagarse rápidamente e infectar a personal carcelario, contratistas, visitantes, abogados y reclusos que luego sean liberados y llevar así la enfermedad a sus comunidades. Se han confirmado casos positivos de Covid-19 en al menos un detenido y tres agentes del servicio penitenciario en Argentina. Lo último que la sociedad argentina quiere es que las cárceles se transformen en epicentros del coronavirus.
Además, Argentina tiene un deber de cuidado específico sobre las personas que se encuentran bajo su custodia, y la obligación de proteger la salud de la población en general. En aquellos casos en que el distanciamiento social y el cuidado no es viable debido a la sobrepoblación u otros motivos, autorizar la excarcelación de algunas categorías de reclusos es un paso no solo razonable, sino necesario, para proteger sus vidas y salud, así como las del resto de la sociedad.
Excarcelar a reclusos para evitar un brote no es lo mismo que indultarlos. No se trata de perdonarlos. Estas liberaciones pueden ser, como en Argentina, una medida temporal y transitoria para dar respuesta a una emergencia de salud, de incuestionable peligro. También pueden ser condicionales, como por ejemplo a través de arresto domiciliario o implementando medidas de monitoreo como pulseras electrónicas. Idealmente, el poder ejecutivo debería acompañar estas decisiones judiciales con políticas públicas que aseguren que puedan cumplirse las condiciones para estas excarcelaciones, como, por ejemplo, que los excarcelados permanezcan en arresto domiciliario.
Argentina podría ser un ejemplo en una región donde casi todos los países enfrentan un problema similar. Pero para que ello ocurra, debe llevar adelante estas liberaciones de manera consistente y aplicando principios preestablecidos.
Tanto Argentina como los demás gobiernos de América Latina deben priorizar la liberación de aquellos que aún no han sido condenados, sino que se encuentran en prisión preventiva y particularmente aquellos que fueron acusados por delitos no violentos. Casi la mitad de la población penitenciaria en Argentina se encuentra en prisión preventiva, un problema estructural previo a esta emergencia sanitaria que no fue debidamente abordado por gobiernos sucesivos durante años y ha generado el problema que el país enfrenta hoy. También deberían priorizar a quienes están próximos a cumplir con su condena, así como aquellos con un alto riesgo de tener problemas médicos si contrajeran la Covid-19, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas y personas con ciertas condiciones de salud crónicas y preexistentes.
Es absolutamente legítimo el enojo ciudadano ante los reportes de que fueron liberadas personas implicadas en graves delitos como violaciones sexuales cuyas condenas estaban comenzando a cumplirse, o por el pedido del secretario nacional de derechos humanos de que se libere a personas implicadas en hechos de corrupción que tienen nexos con algunos miembros del gobierno o sus aliados. Las liberaciones no deberían aplicarse con privilegios o contener tratos especiales y deben ser cuestionadas si dan la impresión de contribuir a la politización de la justicia.
En el mediano a largo plazo, la solución al problema carcelario en Argentina es limitar el uso extendido de la prisión preventiva y reducir el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. Esta es una deuda pendiente que el gobierno argentino debería priorizar, pero ello no excluye la necesidad de adoptar hoy medidas urgentes y temporales para salvaguardar la vida y la salud.
Argentina debe seguir adelantando esfuerzos necesarios orientados a proteger la salud de todos los argentinos, incluyendo los privados de la libertad. Las excarcelaciones para personas detenidas por delitos no violentos son razonables y necesarias, y no tienen por qué poner en riesgo la seguridad ni menoscabar la igualdad ante la ley.
