(Washington D.C.) – El paquete de estímulo económico por USD 2 billones que aprobó en respuesta al COVID-19 el gobierno de Estados Unidos incluye protecciones importantes, pero muchas personas de bajos ingresos no podrán solventar el costo de necesidades básicas, señaló hoy Human Rights Watch. Si bien la urgencia de la crisis requirió que se adoptaran medidas inmediatas, aunque imperfectas, el Congreso debería abordar esas fallas a través de leyes posteriores.
La Ley de Asistencia, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), adoptada con carácter de emergencia el 27 de marzo de 2020, incluye más garantías para los trabajadores y las familias que otras propuestas anteriores. Sin embargo, la ayuda es temporaria, pese a que se prevé que el COVID-19 tenga un impacto a largo plazo en la economía, y excluye a los trabajadores informales e indocumentados que pagan impuestos. También prevé la asignación de miles de millones de dólares de ayuda pública para grandes empresas, sin supeditar esto a suficiente supervisión pública ni restricciones.
“La Ley CARES es un paso importante, pero no hará que llegue dinero suficiente a algunas personas que están entre quienes más la necesitan, y es posible que el alivio que les dé no dure demasiado”, expresó Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “El Congreso debería promulgar otras medidas orientadas a reducir las facturas que deben pagar las personas y extender estos beneficios a los trabajadores informales. De lo contrario, muchos tendrán dificultades para asegurar vivienda y comida a sus familias”.
Protección laboral a corto plazo y excluyente
La Ley CARES prevé ayuda directa para familias y la extensión de beneficios laborales. Los adultos con ingresos inferiores a USD 75 000 recibirán un pago por única vez de USD 1200, y otros USD 500 por cada hijo de hasta 16 años. Quienes pierdan su empleo debido al COVID-19, incluidos trabajadores por cuenta propia y empleados a tiempo parcial recibirán USD 600 por semana además de las cantidades que les correspondan conforme a las leyes estatales, durante un período de 4 meses. Esto extenderá los beneficios por desempleo a muchos trabajadores que antes no reunían los requisitos para estas protecciones, incluidos aquellos que trabajan en la economía del trabajo esporádico (gig economy) o las personas que brindan cuidados en el hogar o que trabajan en el ámbito doméstico, que son mujeres por amplia diferencia.
Pese a la ayuda temporal que se brinde a muchos, igualmente habrá millones de personas que podrían no estar en condiciones de costear gastos básicos, como alquiler, servicios y comida, una vez que terminen los beneficios previstos en la ley. El Congreso debería adoptar medidas para impedir que las personas pierdan el acceso a servicios públicos, incluida la suspensión de los cortes por falta de pago. Este paso garantizaría el acceso continuo al agua que se necesita para cumplir con las recomendaciones de higiene para prevenir la propagación de la enfermedad. Luego de los 4 primeros meses, el beneficio semanal por desempleo promedio en EE. UU. volverá a ser de apenas USD 372, y millones de trabajadores de bajos ingresos, como los empleados de comercio, estarán en condiciones de recibir apenas USD 234 en algunos estados, un valor que equivale a un ingreso debajo de la línea federal de pobreza.
El riesgo de que muchos atraviesen dificultades económicas por un largo período se ve exacerbado por las exigencias inadecuadas de que todas las empresas que se beneficien con la Ley CARES mantengan los niveles actuales de empleados. Incluso si las empresas reanudan sus actividades, es posible que solo contraten a una proporción menor de la fuerza laboral que tenían antes de la crisis. En EE. UU., en la semana del 22 de marzo, 3,3 millones de personas se postularon a los beneficios de desempleo, 5 veces más que el récord anterior. Se prevé que la cantidad total de trabajadores que pierdan sus empleos debido a la crisis será de entre 7 y 15 millones. La estructura que establece la Ley CARES se diferencia sustancialmente de los programas que adoptaron muchos gobiernos europeos, que cubren porcentajes significativos de los pagos de nómina de las empresas para evitar despidos masivos. Esta capacidad inferior y la menor velocidad en las contrataciones de trabajadores en EE. UU. podrían perjudicar particularmente a las mujeres. Durante la última recesión, más hombres que mujeres obtuvieron trabajos en los primeros dos años de recuperación, y las mujeres de más de 50 años experimentaron las dificultades más serias para superar la situación de desempleo a largo plazo.
La Ley CARES no protege a los más de ocho millones de trabajadores informales y no autorizados que están en EE. UU., ya que solo los trabajadores con número de seguro social son elegibles para obtener beneficios a través del sistema nacional de desempleo. En 2015, las personas con número de identificación personal de contribuyente, que están excluidas de la ley, pagaron impuestos netos por USD 13 700 millones, según datos del American Immigration Council. Estos trabajadores, entre los cuales hay una cantidad desproporcionada de mujeres, están entre las comunidades más vulnerables y con menos recursos de EE. UU., e incluso un período breve de desempleo sin ayuda puede poner en muy grave riesgo a las familias.
Como es habitual en las crisis económicas, los hogares de bajos ingresos son los más afectados por despidos vinculados con el coronavirus y suelen ser los que más tardan en recuperarse. En la Ciudad de Nueva York, el 29 % de los hogares ahora tienen algún integrante desempleado. Entre los hogares de bajos recursos, el 34 % está dentro de esa proporción.
“Es probable que la solución a corto plazo del Congreso no sea suficiente para los millones de trabajadores vulnerables y con baja remuneración del país que enfrentarán una situación de inseguridad económica a largo plazo”, expresó Simet. “El Congreso tendrá que abordar las desigualdades estructurales en EE. UU. que se acentuarán si la crisis se prolonga”.
Medidas insuficientes de supervisión y restricción para las sociedades
La Ley CARES autoriza al secretario del Tesoro a desembolsar préstamos, garantías de préstamos y “otras inversiones” por USD 500 000 millones a determinadas empresas, pero los requisitos de que protejan o sostengan a los trabajadores son mínimos. Las empresas que reciban estos fondos solo deberán mantener a los trabajadores “en la medida que resulte viable”. Las restricciones para pagos a ejecutivos, pago de dividendos y recompra de acciones solo estarán vigentes por un año después de que se devuelvan estos préstamos.
La supervisión prevista para los desembolsos a sociedades no es suficiente, apuntó Human Rights Watch. La ley asigna la veeduría de estos fondos a un Investigador General Especial (Special Investigator General, SIG). Sin embargo, la institución solo puede requerir documentación y al parecer no está obligada a divulgar los informes que elabore. La ley establece que los funcionarios federales deben responder a los pedidos de entrevistas, y ordena al SIG informar instancias de incumplimiento al Congreso. Al refrendar la Ley, el presidente Donald Trump incluyó una declaración en la que expresa su intención de dejar sin efecto estas facultades limitadas, invocando el derecho a no entregar información, incluidos los informes del SIG, al Congreso. No mantener informado al Congreso impediría que haya una supervisión bipartidista, y esto es particularmente problemático debido a que el SIG es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado, ambos controlados por el mismo partido. La ley establece también un Comité de Rendición de Cuentas de la Respuesta a Pandemias, conformado por un grupo de inspectores generales con competencia sobre todos los gastos vinculados con el coronavirus. No obstante, cuatro de los siete cargos que integran el comité en la actualidad están vacantes.
La disposición de la ley relativa a conflictos de intereses, destinada a impedir la gestión indebida de los fondos y los actos de corrupción, prohíbe que se beneficien de estos fondos las empresas en las que funcionarios gubernamentales o sus familiares cercanos tengan una titularidad del 20 % o mayor. Pero no exige que el Secretario del Tesoro promulgue normas que prohíban los conflictos de intereses entre contratistas y empleados contratados para gestionar el desembolso de fondos. Esa disposición había sido incluida en el paquete de estímulo de 2008 y es particularmente importante para los administradores financieros que tienen conocimiento de información que no es púbica. Asimismo, la disposición sobre conflictos de intereses no se extiende a otras partes del paquete de USD 2 billones.
Trump y sus familiares, quienes son desarrolladores inmobiliarios que no han renunciado a su participación en sus empresas, pueden beneficiarse de una disposición que reduce sustancialmente los impuestos sobre las ganancias por ventas inmobiliarias. Jared Kushner, yerno del presidente, vendió en marzo una participación de $ 25 millones en una inversión inmobiliaria que podría beneficiarse de esta posición, y al parecer Trump estaría evaluando la posibilidad de vender el hotel que tiene en Washington D.C.
La Ley CARES incluye otros USD 300 000 millones presuntamente para pequeñas empresas, pero establece que son elegibles todos los restoranes y hoteles con menos de 500 empleados en un único emplazamiento, lo que incluye a grandes cadenas de tiendas. Los requisitos de tamaño previstos en esta ley se diferencias considerablemente de los de la Administración de Pequeñas Empresas del gobierno, que limita la ayuda que brinda a empresas que estén en la misma categoría que aquellas que perciban ingresos de no más de entre USD 8 millones y USD 30 millones, según la subcategoría. Esta es otra fuente de fondos que podría beneficiar a empresas de Trump.
“La Ley CARES no prevé medidas suficientes para los trabajadores que pierden sus empleos y permite un traspaso gigantesco de fondos públicos a compañías sin que haya una supervisión adecuada”, opinó Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Es importante que el Congreso subsane estas falencias; de lo contrario, los más vulnerables serán los más damnificados por la crisis del COVID-19”.
