(Washington D.C.) – El gobierno de Estados Unidos está deportando a salvadoreños que enfrentan amenazas de muerte y otros graves abusos, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 117 páginas, “Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos”, identifica casos de 138 salvadoreños que, desde 2013, fueron asesinados tras haber sido deportados de Estados Unidos, además de otros 70 que sufrieron golpizas, agresiones sexuales, extorsiones o torturas. Entre los agresores que perpetraron estos abusos se incluyen pandillas, exparejas íntimas y miembros de la policía o las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
“A sabiendas, las autoridades de EE. UU. han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias donde enfrentan la posibilidad de homicidio y ataques contra su seguridad”, expresó Alison Parker, directora adjunta del Programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch y coautora del informe. “Hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados, al tiempo que el gobierno de EE. UU. limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados letales que provocan sus débiles políticas”.
El derecho internacional que resulta vinculante para Estados Unidos prohíbe devolver a las personas a países donde puedan enfrentar riesgos graves para su vida o su seguridad. Si bien Estados Unidos no es el único responsable —las pandillas salvadoreñas que victimizan a personas deportadas y las autoridades salvadoreñas que perjudican a los deportados o prácticamente no actúan para protegerlos tienen responsabilidad directa—, en muchos casos EE. UU. expone a peligros a personas salvadoreñas en circunstancias en las que sabe o debería saber que es posible que sufran daños.
A fin de que Estados Unidos esté mejor preparado para responder a las realidades actuales de la migración forzada, Human Rights Watch insta a las autoridades estadounidenses a superar el alcance limitado de sus leyes sobre asilo brindando una amplia protección a todas las personas, como muchos de los salvadoreños que se mencionan en el informe, que al regresar se enfrentarían a un riesgo concreto de sufrir daños graves.
En el marco de investigaciones realizadas a lo largo de un año y medio en El Salvador y Estados Unidos, Human Rights Watch entrevistó a cerca de 150 personas para el informe, incluidos deportados, familiares sobrevivientes, trabajadores salvadoreños de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y abogados inmigratorios estadounidenses.
Entre los salvadoreños deportados que fueron asesinados o sufrieron abusos presentados en el informe se incluyen los siguientes:
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“Jacinto K.”, que se dispuso que fuera deportado de Estados Unidos junto con su esposa luego de haber vivido allí varios años y regresó a El Salvador con sus tres hijos, incluido Óscar, a quien entrevistamos cuando tenía 15 años. Jacinto murió tras recibir un disparo en público apenas dos semanas después de nuestra entrevista. La familia cree que los responsables serían miembros de una pandilla. En la actualidad, Óscar cambia frecuentemente de casa para ocultarse.
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“Adriana J.”, una expolicía salvadoreña que huyó a Estados Unidos tras ser amenazada por pandillas, se le negó asilo y fue deportada en 2015 o en una fecha posterior nuevamente a El Salvador, donde miembros de una pandilla la abatieron a disparos en 2017.
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“Angelina N.”, que huyó de una situación de abuso a manos de un miembro de una pandilla pero fue deportada en 2014 y fue violada en reiteradas ocasiones por esa misma persona luego de regresar a El Salvador.
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Los primos “Walter T.” y “Gaspar T.” que huyeron para evitar ser reclutados por pandillas cuando tenían 16 y 17 años, respectivamente. Se les negó asilo y fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador en 2019. Poco después de llegar nuevamente al país, fueron llevados de sus casas por policías y retenidos en cuarteles policiales, donde agentes les propinaron reiteradas golpizas mientras afirmaban que serían acusados por pertenecer a pandillas. Luego de tres días bajo custodia, la policía liberó a Walter y Gaspar sin formular cargos.
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“Gabriel G.”, que trabajaba en las fuerzas militares salvadoreñas y, a causa de esto, era perseguido por pandillas, huyó a Estados Unidos pero fue deportado en 2018. En la actualidad, miembros de pandillas hostigan periódicamente a Gabriel, su esposa y sus hijos. Se presentan en la puerta de su vivienda y amenazan con matarlo.
El Salvador no es un país seguro para muchos deportados. Human Rights Watch documenta el riesgo de extorsión y abusos que enfrentan las personas que han residido durante mucho tiempo en EE. UU. y explica que el vecindario de procedencia en El Salvador puede incrementar el riesgo de que los deportados sufran daños.
“Las personas deportadas a El Salvador a menudo se enfrentan a los mismos agresores y daños de los que huyeron inicialmente, incluidos funcionarios gubernamentales”, destacó Parker. “Los deportados salvadoreños que son originariamente de ciertos vecindarios o que vivieron en Estados Unidos durante un cierto tiempo, están expuestos a otros riesgos particulares incluso más graves”.
De los 1,2 millones de salvadoreños que se estima que viven en Estados Unidos y no tienen ciudadanía estadounidense, apenas menos de una cuarta parte tienen residencia legal permanente. Las tres cuartas partes restantes no tienen papeles, tienen estatus temporario o cuentan con solicitudes de asilo en trámite. Los esfuerzos del gobierno de Trump para acotar la elegibilidad para el asilo por decreto ejecutivo y enviar de regreso a México a los solicitantes de asilo en el marco del programa de “Permanencia en México” (Remain in Mexico) hacen probable que se reduzcan las tasas de reconocimiento para los salvadoreños, que fueron de apenas el 18,2 % entre 2014 y 2018.
“En vez de cerrar la puerta a los miles de salvadoreños que huyen de su patria, Estados Unidos debería brindarles procedimientos de asilo plenos y justos y un trato digno”, apuntó Parker. “Antes de deportar a los salvadoreños, las autoridades estadounidenses deberían tomar en cuenta el increíble peligro y los daños que puedan sufrir al regresar”.
