Fotografía sin fecha de Richwood Correctional Center, Luisiana, Estados Unidos. 

© LaSalle Corrections
Un segundo caso de muerte ocurrido este mes bajo la custodia de las autoridades inmigratorias de Estados Unidos concita serias dudas sobre un sistema que sabemos que no protege a solicitantes de asilo y otros inmigrantes a su cuidado, como ha quedado demostrado una y otra vez. El martes, el ciudadano cubano Roylán Hernández-Díaz, de 43 años, falleció en un centro de detención en Richwood, Luisiana, según lo indicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (US Immigration and Customs Enforcement, ICE) y varias fuentes de noticias. Su muerte se produjo apenas nueve días después del deceso de Nabene Abienwi, un solicitantes de asilo procedente de Camerún que se encontraba a disposición del ICE en California.

Según el ICE, Hernández-Díaz llegó a un puerto de ingreso de EE. UU. el 20 de mayo y quedó bajo custodia de ese organismo dos días después. Su esposa contó a Buzzfeed News que Hernández-Díaz había pedido asilo debido que se había expresado abiertamente contra el gobierno cubano e intentado salir del país en varias oportunidades. Indicó que, a causa de esto, cumplió nueve años de cárcel.

Tras superar la “entrevista sobre temor creíble” —la primera etapa de la evaluación para conceder el asilo—, solicitó el beneficio de “parole” (liberación), mientras su caso se encontrara en trámite. Sin embargo, al igual que a la inmensa mayoría de los solicitantes de asilo retenidos en el Sur, este beneficio se le negó. Como resultado de esto, Hernández-Díaz estuvo detenido meses en una de las tres cárceles de gestión privada que recién empezaron a albergar a personas detenidas por motivos inmigratorios este año, en un estado donde hay pocos abogados inmigratorios y donde los jueces de inmigración rechazan prácticamente todos los casos de asilo.

En septiembre, un juez federal dictó una orden preliminar por la que prohibió que se niegue el beneficio de “parole sin una determinación individualizada. No resulta claro si Hernández-Díaz obtuvo una determinación individualizada, como es requerido.

Como respuesta a la prolongación de su detención, Hernández-Díaz empezó una huelga de hambre pocos días atrás. Hernández-Díaz es uno entre las decenas de inmigrantes detenidos que en los últimos años realizaron esta acción desesperada para llamar la atención sobre la continuidad de su detención, la situación de aislamiento y el trato deficitario que reciben.

Otros inmigrantes detenidos indicaron que, ante esto, el ICE asignó a Hernández-Díaz a un régimen de segregación o “reclusión en condiciones de aislamiento”. Conforme a los estándares más recientes sobre detención, las personas en huelga de hambre deben ser puestas en observación médica y solamente pueden ser aisladas por motivos médicos. La segregación con fines disciplinarios debido a una huelga de hambre es una medida injustificada que, no obstante, no es poco habitual. El ICE ha apelado en forma recurrente a un uso indebido de la segregación, especialmente de personas con problemas de salud mental, y esto ha estado acompañado de diversos casos de suicidios de personas que recibieron una atención de la salud mental absolutamente deficiente.

Hernández-Díaz llegó a Estados Unidos buscando protección. En vez, se topó con una administración resuelta a lograr que un sistema que ya está desvirtuado se vuelva incluso más indiferente hacia los derechos humanos.