El programa creado hace un año por el gobierno de Estados Unidos que exige a los solicitantes de asilo esperar en México hasta que sus casos sean evaluados pone a las familias en grave riesgo de sufrir daños y quebranta las garantías del debido proceso, dijo hoy Human Rights Watch al publicar un análisis de “preguntas y respuestas”.
El 29 de enero de 2019, los funcionarios estadounidenses comenzaron a devolver solicitantes de asilo no mexicanos para que esperasen en ciudades fronterizas mexicanas a que sus solicitudes fueran evaluadas en los tribunales de inmigración de EE.UU. bajo los “Protocolos de Protección de Migrantes”, también conocidos como el programa “Permanencia en México (Remain in Mexico)”.
“Durante un año, el programa ‘Permanencia en México’ del gobierno de Trump ha privado a los solicitantes de asilo de los derechos fundamentales del debido proceso y los ha puesto en peligro en las ciudades fronterizas mexicanas”, dijo Thomas Rachko, Jr., oficial interino de incidencia del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Este programa es el pilar de los esfuerzos del gobierno para desmantelar el derecho a solicitar asilo en EE.UU., y sus consecuencias han sido terribles”.
Hasta diciembre de 2019, más de 59.000 solicitantes de asilo, incluidos 16.000 menores de edad (aproximadamente 500 de los cuales tenían menos de 12 meses) fueron enviados a México. La organización no gubernamental de incidencia Human Rights First lleva contados más de 816 casos de secuestro, violación, tortura, asalto y otros ataques contra solicitantes de asilo en el programa, entre ellos varios ejemplos documentados por Human Rights Watch.
Los solicitantes de asilo en los Protocolos de Protección de Migrantes enfrentan importantes barreras para solicitar asilo, incluida la falta de acceso a un abogado y obstáculos para la representación legal. Según datos del gobierno, solo el 4 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa logran ser representados por un abogado. Menos del 1 por ciento ha recibido protección en EE.UU.“El Congreso de EE.UU. debería cesar inmediatamente el programa “Permanencia en México”, recomendó Rachko. “El gobierno de EE.UU. necesita aprobar una legislación que respete la dignidad humana de los solicitantes de asilo y se asegure de que sus solicitudes sean examinadas de manera justa y rápida sin sufrir daños en México”.