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Brasil debe enfrentar la ilegalidad en la Amazonia

Incentivar a la policía a matar atenta contra la seguridad pública

Missing media item. (São Paulo) – El gobierno del presidente Jair Bolsonaro debería dejar de socavar las protecciones ambientales en Brasil y adoptar medidas contundentes contra las redes delictivas que están destruyendo la selva amazónica y que amenazan y atacan a funcionarios de agencias de la ley y a lugareños, informó hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2020.

El presidente Bolsonaro también adoptó políticas contrarias a los derechos humanos en temas vinculados con el medioambiente, la seguridad pública, la libertad de expresión y la sociedad civil. La justicia y el Congreso bloquearon algunas de esas políticas, pero otras siguen avanzando.

“La embestida del presidente Bolsonaro contra instituciones que velan por la aplicación de las normas ambientales está exponiendo a graves riesgos a la Amazonia y a quienes la defienden”, expresó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Sin mostrar pruebas, su gobierno ha culpado a organizaciones no gubernamentales, bomberos voluntarios  y poblaciones indígenas por los incendios en la Amazonia. A su vez no ha actuado contra las redes delictivas que talan los árboles y queman los bosques para dar lugar a actividades de ganadería y agricultura, y que amenazan a todos aquellos que se interponen en su camino”.

En la 30.a edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analizó la situación de los derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo, Kenneth Roth, señala que el gobierno chino, que depende de la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso al sistema mundial de derechos humanos en décadas. Roth concluye que las acciones de Pekín promueven y obtienen el apoyo de los líderes populistas autocráticos de todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas utilizan su influencia económica para disuadir a otros gobiernos de emitir críticas. Es urgente resistir esta ofensiva, que amenaza décadas de avances en los derechos humanos y nuestro futuro.

El gobierno de Bolsonaro ha debilitado a las agencias ambientales de Brasil recortando presupuestos, destituyendo a administradores experimentados y limitando la capacidad de los agentes para actuar en el terreno. También ha indicado que no cumplirá con los compromisos que asumió Brasil en materia de cambio climático.

Según datos preliminares basados en alertas de deforestación, entre enero y mediados de diciembre, la deforestación en la Amazonia se incrementó más del 80 %. A su vez, el número de multas por deforestación ilegal impuestas por Ibama, la principal agencia ambiental federal del país, cayó un 25 % entre enero y septiembre, comparado con el mismo período de 2018, según la página de internet de Ibama.

En octubre entró en vigencia un nuevo requisito para realizar una audiencia de "conciliación" en todos los procesos administrativos por violación a las normas ambientales. Mientras esas audiencias están pendientes, los plazos para pagar multas se suspenden. Hasta el 7 de enero, el Ministerio del Medio Ambiente no había realizado ninguna audiencia de conciliación, según los datos que Human Rights Watch obtuvo a través de una solicitud de acceso a información gubernamental. Esto significa que todos los nuevos procedimientos administrativos contra personas y empresas que supuestamente violaron la ley ambiental están paralizados en la práctica.

Una menor rigurosidad en la aplicación de las leyes ambientales agrava el riesgo para quienes defienden la selva, pues da vía libre a las redes delictivas de tala ilegal. La organización sin fines de lucro Consejo Indigenista Misionero (CIMI) denunció 160 casos de deforestación ilegal, apropiación de tierras y otras transgresiones contra territorios indígenas entre enero y septiembre de 2019.

Funcionarios y residentes locales dijeron a Human Rights Watch que los actos de intimidación por parte de redes delictivas en la Amazonia se han intensificado considerablemente desde que Bolsonaro asumió la presidencia. Tres miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en noviembre y diciembre.

El presidente Bolsonaro ha dicho que los delincuentes deberían “morir como cucarachas”. Envió al Congreso un proyecto legislativo que trataría automáticamente las muertes por policías o militares como acciones en legítima defensa cuando ocurran contra quienes ostenten un arma o realicen otros actos delictivos. Las normas internacionales de derechos humanos solamente permiten matar de manera deliberada cuando resulte necesario para proteger una vida.

En Río de Janeiro, la policía mató a 1.686 personas entre enero y noviembre de 2019, una cifra sin precedentes. Si bien algunas muertes por policías son en defensa propia, muchas otras son resultado del uso ilegal de la fuerza. Los abusos policiales generan hostilidad en las mismas comunidades cuya cooperación la policía necesita para poder combatir eficazmente la delincuencia.

El gobierno de Bolsonaro ha tratado de socavar medidas de prevención de la tortura. Intentó despedir a los expertos que integran el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura, un organismo creado por ley, y desestimó pruebas de que una fuerza federal había infligido torturas a personas encarceladas en el estado de Pará.

La violencia de género sigue siendo un problema crónico en Brasil. En 2018, había un millón de casos de violencia doméstica en trámite en la justicia. Aunque el gobierno de Bolsonaro señaló que una de sus prioridades de derechos humanos eran las políticas sobre mujeres, hasta noviembre la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer había usado apenas el 40 % de su presupuesto.

El presidente Bolsonaro también ha hostigado a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, y ha procurado limitar el acceso de niños y niñas a una educación integral en sexualidad.

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