Sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, DC el 18 de octubre de 2019.

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(Washington, DC) — El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) debería aplazar una votación prevista para diciembre de 2019 sobre un acuerdo de préstamo de US$280 millones para Guinea Ecuatorial, dijeron hoy ocho organizaciones de derechos humanos y buena gobernanza y ocho destacados expertos, en una carta al Directorio Ejecutivo del FMI. El programa que precede al acuerdo de préstamo y las condiciones estipuladas para el préstamo son insuficientes para abordar las violaciones de derechos profundamente arraigadas, la corrupción y la impunidad que lleva aparejada en Guinea Ecuatorial, de acuerdo con los requisitos del FMI.

Las organizaciones son: Center for Development Studies and Initiatives in Equatorial Guinea (CEIDGE), EG Justice, Human Rights Watch, Natural Resource Governance Institute, Global Witness, Amnistía Internacional, Publish What You Pay y Oxfam. A ellos se unen los ocho miembros de la Junta de la Sociedad Civil de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

“Guinea Ecuatorial, rica en petróleo, ha solicitado un préstamo después de que la élite política del país haya permitido que los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y la mala gestión fueran el pan de cada día en el país durante años”, dijo Sarah Saadoun, investigadora de derechos humanos y negocios de Human Rights Watch. “El rescate del FMI debería requerir que Guinea Ecuatorial lleve a cabo profundas reformas en su gestión de los recursos naturales que resulten en mejoras para los derechos, rendición de cuentas y transparencia”.

El gobierno de Guinea Ecuatorial llegó a un acuerdo con el personal técnico del FMI para un préstamo del Fondo Ampliado de tres años. Un portavoz del FMI dijo que su Directorio Ejecutivo evaluará el préstamo de US$280 millones en diciembre. El FMI está financiado por los gobiernos miembros mediante fondos públicos.

Cualquier acuerdo de préstamo debería ser coherente con el nuevo marco del FMI para abordar la corrupción, adoptado por el Directorio en abril de 2018 para remediar las brechas e inconsistencias pasadas a la hora de abordar la corrupción. Exige que el FMI evalúe la corrupción potencial y sus implicaciones macroeconómicas para cada país miembro e integre honestamente estas evaluaciones en su supervisión y establecimiento de condiciones.

“Guinea Ecuatorial supone una prueba pública crucial de la estrategia anticorrupción del FMI y podría ser un modelo de cómo la institución debe abordar este tema en el futuro”, dijo Isabel Munilla, directora de política sobre transparencia de las industrias extractivas en Oxfam América. “Los continuos ataques del gobierno contra activistas y organizaciones de buena gobernanza durante todo el proceso de negociación del préstamo es uno de los numerosos indicadores de que ahora es prematuro llevar a cabo una votación”.

La enorme riqueza petrolera y la pequeña población de Guinea Ecuatorial lo ubican entre los países con el mayor ingreso per cápita en África, sin embargo, la mala gestión endémica y la corrupción lo han dejado financieramente sin preparación para una caída en los precios y en la producción del petróleo. Las investigaciones de corrupción en Estados Unidos, España, Francia, Suiza, Sudáfrica y otros lugares han puesto de relieve cómo el presidente y su círculo íntimo han desviado cientos de millones de dólares en fondos públicos, incluso cuando el gobierno gastó poco en cumplir con sus obligaciones en derechos a la salud, la educación o el agua para mejorar la vida de los ciudadanos comunes.

“Un rastro internacional de flagrante corrupción sigue al hijo del presidente, que sigue siendo vicepresidente, incluida una reciente investigación suiza de corrupción que revelaron dos yates por valor de US$250 millones que utiliza como embarcaciones de recreo, pero de los que el gobierno dijo ser propietario”, señaló Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, que promueve los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial. “El hecho de que el gobierno de Guinea Ecuatorial prefiera que su pueblo cargue con el peso de la deuda antes que vender esos yates dice mucho sobre sus prioridades de gasto y el riesgo real de que el dinero del FMI ayude a subvencionar los lujosos estilos de vida de la élite”.

Antes de comenzar las negociaciones para el préstamo, el FMI exigió a Guinea Ecuatorial que implementara varias medidas relacionadas con la gobernanza. Eso incluyó la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2018 y la contratación de una empresa independiente para auditar a su compañía petrolera estatal, GEPetrol.

Sin embargo, no ha conseguido cumplir con el requisito de presentar una solicitud de membresía a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar global que requiere que los países miembros promuevan la transparencia y permitan la libre participación de la sociedad civil y el debate público sobre temas de gobernanza de los recursos naturales. Parece que cumplir con este requisito será una condición previa para la concesión del préstamo.

Mientras tanto, las autoridades gubernamentales continuaron su campaña contra el Centro de Estudios e Iniciativas de Desarrollo (CEID), la principal organización de buena gobernanza del país, disolviéndola formalmente en julio. También continuaron hostigando a su vicepresidente, Alfredo Okenve. Estas y otras instancias de represión y violaciones de derechos indican que el gobierno no está dispuesto a hacer las reformas necesarias para convertirse en un candidato viable para el EITI. En 2010, la Junta del EITI rechazó la membresía de Guinea Ecuatorial debido a la represión. Desde entonces, el estándar EITI ha adoptado requisitos aún más rigurosos para que los gobiernos respeten la participación de la sociedad civil como un elemento clave de su objetivo de avanzar en la rendición de cuentas en el sector de los recursos naturales.

“Durante el año pasado, mientras mi gobierno prometía al FMI que estaba trabajando en una solicitud para el EITI, a mí me golpearon, me impidieron salir del país y me pusieron bajo arresto domiciliario. Además, mi ONG fue formalmente desmantelada”, relató Okenve. “Presentar una solicitud al EITI no significa nada si el gobierno no necesita demostrar que se ha reformado lo suficiente como para convertirse en un país candidato”.

“Unirse al EITI no es un mero ejercicio de marcar una casilla”, dijo Elisa Peter, directora ejecutiva de Publish What You Pay. “El Estándar EITI pone el listón alto para la transparencia en el sector extractivo y para la participación libre y significativa de la sociedad civil. Guinea Ecuatorial debería aprovechar esta oportunidad para reformar su sector de recursos naturales, combatir la corrupción y permitir que todos se expresen sin hostigamiento ni amenazas. Solo entonces la extracción podrá traer un cambio positivo a la vida de su pueblo”.

Guinea Ecuatorial también carece de un marco jurídico básico para prevenir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos. El vicepresidente se ha defendido con frecuencia contra las acusaciones internacionales de lavado de dinero argumentando que Guinea Ecuatorial no tiene leyes que impidan los conflictos de intereses por parte de altos funcionarios, una posición que el gobierno ha respaldado. El gobierno concede valiosos contratos sin ninguna transparencia sobre las empresas y las personas que cosechan millones de dólares, y los funcionarios no necesitan declarar públicamente sus activos o participaciones en las empresas.

“El FMI tiene una oportunidad única para reformar de verdad un gobierno que ha estado estafando a sus ciudadanos durante décadas”, dijo Marta Colomer, activista principal de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. “Esta debería ser una oportunidad para promover los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial, en particular para proteger la libertad de asociación de organizaciones independientes de la sociedad civil como el CEID y demostrar el apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos”.