Mujeres llevan una pancarta con fotografías de personas desaparecidas, en una fecha dedicada a los niños y las niñas que desaparecieron durante el conflicto armado en el país, San Salvador, El Salvador, martes 29 de marzo de 2011

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(Nueva York) – El Congreso salvadoreño debería cumplir con una decisión emitida el 28 de mayo de 2019 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se suspenda el trámite legislativo de un proyecto de ley sobre “justicia transicional”, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto debe ser reformado puesto que contiene normas inadmisibles que podrían privar de una justicia genuina a miles de víctimas de crímenes atroces.

El proyecto legislativo de la llamada “Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional” beneficiaría a militares y guerrilleros implicados en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario ocurridas durante los 12 años de conflicto armado interno en el país, que concluyó en 1992. No se ha juzgado a los responsables de estas atrocidades, debido a una amnistía de 1993 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto en 2016.

“Las víctimas de atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador han esperado décadas para que se haga justicia, y merecen que haya una rendición de cuentas genuina”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, este proyecto sobre justicia transicional permitirá que los responsables de estos crímenes no enfrenten ningún castigo mínimamente serio”.

La Corte Interamericana ordenó que El Salvador suspenda el trámite legislativo del proyecto de ley y pidió información adicional acerca de cómo esta norma afectaría los procesos sobre varias masacres ocurridas en 1981, en las que miembros de las Fuerzas Armadas mataron a más de 900 civiles. En 2012, la Corte había ordenado que El Salvador realizara una investigación exhaustiva y juzgara a todos “los autores materiales e intelectuales” de estas masacres.

El proyecto establece penas alternativas para los acusados que confiesen delitos y cuenten la verdad sobre lo ocurrido. La norma “suspendería” plenamente las penas impuestas a aquellos condenados a 10 años de cárcel o menos. Aquellos condenados a penas superiores a 10 años, aun si se trata de crímenes masivos y aberrantes, deberán cumplir sanciones de “trabajo de utilidad pública” por un máximo de 10 años.

El Salvador tiene una obligación jurídica internacional de castigar las violaciones graves de derechos humanos con penas que sean proporcionales a la gravedad de los delitos, señaló Human Rights Watch. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura establece que los delitos contemplados en la convención deberían ser “castiga[dos] con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”. La Corte Interamericana ha determinado que “los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los mismos” y que “verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”.

El proyecto de ley dispone además que, dentro de un breve plazo de cinco meses a partir de su entrada en vigencia, la Fiscalía General de la República creará un único “listado de casos a ser investigados y procesados judicialmente”. El Fiscal General de la República tendrá la potestad de seleccionar casos en función criterios como los siguientes: la “extrema gravedad” y “representatividad” de los hechos, la “viabilidad de las investigaciones” y la posibilidad de probar “los patrones, los comportamientos o prácticas de violencia más ofensivas y repudiables para el género humano”. Aquellos casos que no queden incluidos en el listado del Fiscal General serán amnistiados.

Es esperable, e incluso deseable, que en situaciones de atrocidades masivas se prioricen las investigaciones sobre los crímenes más graves y los máximos responsables. Pero este proyecto de ley establece un procedimiento de burda selección y amnistía, y no de priorización, que incumpliría con las obligaciones internacionales de llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Debido al breve plazo de cinco meses para crear el listado de casos que serán investigados, es muy probable que muchos responsables de graves crímenes internacionales queden por fuera del listado y por lo tanto sean amnistiados.