Guinea Ecuatorial: La ONU debería poner de manifiesto los abusos

Los gobiernos deberían cuestionar la represión brutal que padecen en Guinea Ecuatorial los defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras personas que critican los abusos y la corrupción desenfrenada del gobierno, durante el próximo examen de la situación de los derechos que llevará a cabo las Naciones Unidas.

(Ginebra) –Los gobiernos deberían cuestionar la represión brutal que padecen en Guinea Ecuatorial los defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras personas que critican los abusos y la corrupción desenfrenada del gobierno, durante el próximo examen de la situación de los derechos que llevará a cabo las Naciones Unidas, señaló hoy Human Rights Watch al difundir un video sobre las condiciones de derechos humanos en el país.

El 13 de mayo de 2019, Guinea Ecuatorial se someterá al examen por pares ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conocido como Examen Periódico Universal (EPU). El EPU permite a los gobiernos que integran el consejo evaluar la situación de los derechos humanos de cada país cada cuatro años y formular recomendaciones orientadas a lograr mejoras.

“Los gobiernos deberían aprovechar la oportunidad del examen para evaluar atentamente la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que en la actualidad es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos sus antecedentes de intimidación, encarcelamiento y tortura de críticos del Gobierno”, señaló Sarah Saadoun, investigadora de la división de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Un artista, un docente y un defensor de derechos humanos son apenas algunos ejemplos de personas contra quienes ha apuntado el Gobierno”.

Human Rights Watch ha documentado numerosos casos de represalias contra activistas y opositores políticos en Guinea Ecuatorial, como acoso, detención arbitraria, malos tratos y torturas. Esto incluye decenas de casos de detenidos a quienes se les negaron garantías básicas de debido proceso, como el acceso a representación legal y que se les impute un delito concreto. El Gobierno no ha investigado estos abusos ni actuado para que los responsables rindan cuentas.

Los gobiernos deberían expresar su profunda consternación por estos abusos y presionar al Gobierno de Guinea Ecuatorial para que:

  • Respete la libertad de expresión y de opinión política de los ciudadanos;
  • Asegure la independencia del poder judicial y respete los derechos de debido proceso de todas las personas que se encuentran a disposición de las autoridades;
  • Elabore una lista exhaustiva de presos políticos y brinde información sobre el paradero de todos los presos;
  • Permita que veedores independientes, como el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, visiten el país y puedan acceder a prisiones y centros de detención; y
  • Use los recursos con los que cuenta a fin de asignar fondos suficientes para educación, salud, agua y saneamiento.

La represión de las críticas y el disenso ha contribuido a que el presidente Teodoro Obiang se mantenga en el poder por 40 años y se convierta en el mandatario que más tiempo ha ocupado una presidencia en el mundo. Obiang, su familia y otros miembros de la elite gobernante han dilapidado la riqueza petrolera del país y apenas han invertido magros recursos para mejorar el acceso a la atención de la salud y la educación primaria en beneficio de la gran mayoría de los ecuatoguineanos.

En 2016, Obiang nombró vicepresidente a su hijo Teodorín Nguema Obiang, por lo que asumiría la presidencia en caso de renuncia, incapacidad o fallecimiento de su octogenario padre. En octubre de 2017, un tribunal francés condenó al hijo en ausencia por haber robado más de USD 120 millones del tesoro público para financiar un ostentoso estilo de vida en París. Fiscales suizos llegaron a un acuerdo con Guinea Ecuatorial para cerrar una investigación sobre lavado de dinero contra Nguema Obiang en febrero de 2019, y el Departamento de Justicia de EE. UU. alcanzó un acuerdo extrajudicial en una causa similar en 2014. En mayo, en una medida muy poco habitual, Guinea Ecuatorial ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un paso que el Fondo Monetario Internacional exigía como condición para el otorgamiento de un préstamo.

“La feroz campaña del Gobierno para silenciar a voces disidentes no solo destruye las vidas de quienes tienen la valentía de cuestionarlo, sino que además sostiene a un gobierno que se ha apropiado de la riqueza petrolera del país, que corresponde por derecho a sus habitantes”, apuntó Saadoun. “El dinero que debería haberse invertido en efectivizar los derechos de los ciudadanos del país se destina a yates, aviones y mansiones”.

A continuación se presenta una muestra de casos de personas que han sufrido abusos a manos del Gobierno.

Human Rights Watch, EG Justice y otras organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de represión de defensores de derechos humanos y opositores políticos por las autoridades de Guinea Ecuatorial durante la última década, a partir de entrevistas con víctimas y abogados y de la consulta de documentos jurídicos y fotografías. A continuación, se describen distintos casos del período comprendido entre septiembre de 2017 y marzo de 2019. En algunos de estos casos, las autoridades hostigaron, detuvieron o maltrataron a personas exclusivamente por criticar al Gobierno, y violaron así su libertad de expresión. En otros casos, si bien es posible que los arrestos hayan sido lícitos, las personas detenidas sufrieron graves violaciones del debido proceso y malos tratos.

Detención arbitraria y tortura de opositor político

Joaquin Elo Ayeto fundó Somos+, una organización que moviliza y hace participar a jóvenes en reclamo de mayor rendición de cuentas en el Gobierno ecuatoguineano. Es miembro del partido político opositor Convergencia Para la Democracia Social. El 25 de febrero de 2019, varios policías, liderados por el director de seguridad presidencial, arrestaron a Elo Ayeto, presuntamente debido a que, durante una clase, había criticado un proyecto del Gobierno para construir una iglesia, en vez de invertir en salud y educación. Anteriormente, ya había sido detenido en dos ocasiones, aparentemente por motivos políticos. Elo Ayeto indicó a sus abogados que, durante el interrogatorio, la policía llamó a su compañera de clase, que es sobrina del director de seguridad presidencia, y que esta repitió por altavoz los comentarios que él había hecho. Dijo que, tras la llamada, la policía empezó a interrogarlo sobre un presunto intento de golpe de Estado, sobre el cual no tenía conocimiento.

Al segundo día, los policías le ataron las manos y los pies, lo colgaron del techo y le azotaron los glúteos y las piernas, contó Elo Ayeto a sus abogados. Human Rights Watch tuvo acceso a fotografías de Elo Ayeto tomadas en los días siguientes a su detención, que mostraban marcas en su cuerpo congruentes con esta descripción. El 29 de febrero, Elo Ayeto fue llevado ante un juez, que dictó su prisión preventiva, una medida que en Guinea Ecuatorial permite que las autoridades retengan indefinidamente a una persona sin presentar cargos ni pruebas. Elo fue luego transferido a la prisión Playa Negra, donde se encuentra hasta el momento.

Represalias, detenciones arbitrarias y agresiones físicas contra defensores de derechos humanos

Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), una organización que promueve la buena gobernanza y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, ha sufrido represalias durante años debido al trabajo que realiza. Entre 2007 y 2017, representó a la sociedad civil en una organización interinstitucional que se formó como parte de la postulación del Gobierno para integrar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, un programa global que fomenta la transparencia en países con abundantes recursos naturales. En marzo de 2019, las autoridades impidieron que Okenve saliera del país y ordenaron su prisión domiciliaria por un breve período.

Seis meses antes, cuatro hombres, que al parecer eran agentes de seguridad encubiertos, lo sacaron por la fuerza de su automóvil a punta de pistola, lo llevaron hasta un sitio remoto y le propinaron una violenta golpiza. En 2017, la policía retuvo a Okenve, junto con el presidente del CEID, en una dependencia policial durante dos semanas, hasta que aceptó pagar una multa de más de USD 3.000. Okenve no ha podido encontrar empleo desde que fue despedido de dos cargos en la Universidad Nacional, luego de haber criticado la falta de transparencia del Gobierno durante un evento celebrado en mayo de 2010 en Washington D.C. Una empresa privada que había aceptado contratar a Okenve retiró la oferta en ese momento, presuntamente debido a presiones del Gobierno.

Detención arbitraria de artista

Autorretrato del artista Ramón Esono Ebalé, sentado en la celda donde pasó seis meses de encarcelamiento.  

© 2019 Ramón Nsé Esono Ebalé

Ramón Esono Ebalé, un artista que vive fuera de Guinea Ecuatorial, fue detenido en Malabo el 16 de septiembre de 2017, mientras se encontraba en el país para tramitar un nuevo pasaporte. La policía lo interrogó sobre sus dibujos, que expresaban críticas al Gobierno.

Tres meses después, mientras todavía esperaba el pasaporte, las autoridades lo acusaron de falsificar moneda local por un valor equivalente a USD 1.800. En el juicio contra Esono Ebalé, el policía que afirmó haber hallado el dinero falsificado en el automóvil de este admitió que había actuado siguiendo órdenes de superiores. La fiscalía retiró los cargos y fue liberado el 7 de marzo de 2018, tras haber pasado casi seis meses en prisión. El caso concitó la atención y la condena de decenas de organizaciones de derechos humanos, cientos de artistas y figuras destacadas de todo el mundo.

Detención arbitraria de docentes

La policía detuvo a Julián Abaga, de profesión docente, el 12 de diciembre de 2017, poco después de que fuera subido a Internet un mensaje de audio que había enviado a un amigo que vive en el exterior, en el cual denunciaba la corrupción en Guinea Ecuatorial, conforme se señala en un comunicado de prensa de un partido político opositor. Un abogado que se reunió con Abaga indicó que este fue acusado de “insulto al presidente”. Nuca fue llevado a juicio y fue liberado el 4 de julio de 2018, en un acto que el Gobierno calificó como “gesto de buena voluntad”, tras un evento iniciado por Obiang que pretendía facilitar el diálogo del Gobierno con grupos políticos de oposición.

Detención arbitraria y tortura de opositores políticos

En diciembre de 2017, la policía detuvo a 147 miembros de Ciudadanos por la Innovación (CI), el único partido político opositor con un escaño en el parlamento. La redada se produjo tras un enfrentamiento en la ciudad de Aconibe entre policías y partidarios de CI que asistieron a un acto, para el cual habían obtenido permiso. Según se indicó en medios de noticias, durante el enfrentamiento miembros de CI hirieron a tres policías. Sin embargo, las autoridades habrían usado el incidente para reprimir a CI. 

El 28 de diciembre, la policía detuvo a decenas de miembros de CI en la sede del partido. Una de estas personas es Elvira Beba Cité, que había sido votada como concejal por CI el mes anterior. No participó en la protesta y tampoco estuvo presente. Mientras permaneció en prisión, ella y los demás recibieron reiteradas golpizas y se les negó el acceso a un abogado, contó a Human Rights Watch.

El 23 de febrero de 2018, un tribunal dispuso la disolución de CI y condenó a 21 de los detenidos a 30 años de prisión por “sedición” y otros delitos. El tribunal liberó a los demás detenidos, incluida Beba Cité. Abogados que representan a algunos de los detenidos sostienen que muchos fueron torturados en prisión, incluidos dos que fallecieron. El 22 de octubre, Obiang indultó a los condenados, y a otros 48 presos, sin indicar un motivo.