(Washington, DC) – El gobierno de Estados Unidos debe defender las protecciones para las víctimas de violencia doméstica, dijeron hoy el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch.
En diciembre de 2018, un juez federal reprochó duramente el intento más obvio del gobierno de Trump de socavar las protecciones de asilo para los y las sobrevivientes de violencia doméstica. Un fallo de junio del entonces fiscal general Jeff Sessions en un caso que involucraba a una mujer cuyas iniciales responden a A.B. trató de imponer una amplia prohibición a las solicitudes de asilo basadas en denuncias por violencia doméstica. Después de la demanda que presentaron CGRS y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles a mediados del año pasado, el juez Emmet G. Sullivan del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia dictaminó que la administración no podía imponer dicha prohibición y que las personas que alegan ser víctimas de violencia doméstica deben tener una oportunidad justa para poder solicitar asilo.
Pero a pesar de la decisión favorable de Sullivan, el caso de A.B. permanece en un limbo. Hasta que no se revoque la decisión de Sessions, ella y miles de otras mujeres como ella seguirán enfrentando una batalla cuesta arriba en los tribunales.
Hoy CGRS y HRW publicaron un video en el que A.B. comparte su historia de abuso en El Salvador, la imposibilidad de encontrar protección en su país de origen y su huida a EE.UU. en busca de seguridad.
“A.B. sufrió brutales abusos físicos, sexuales y emocionales, y cada vez que pidió protección a las autoridades salvadoreñas, la policía no hizo nada por ella”, dijo Karen Musalo, una de las abogadas y directora del Centro de Estudios de Género y Refugiados. “Al denegarle el asilo, el ex fiscal general no solo anuló una jurisprudencia claramente establecida que reconoce el derecho de asilo para las víctimas de violencia doméstica, sino que también rechazó el principio ampliamente aceptado de que los derechos de las mujeres son derechos humanos”.
El fiscal general entrante debe revocar la decisión de Sessions, señalaron ambos grupos. De lo contrario, el Congreso debería promulgar una legislación que proteja el derecho de asilo para las víctimas de violencia doméstica y otras personas cuyas solicitudes se hayan visto socavadas por la sentencia en el caso de A.B.
La decisión administrativa de Sessions denegando el asilo a A.B. anuló el veredicto de la Junta de Apelaciones de Inmigración en un caso de referencia de 2014 (Matter of A-R-C-G-), que reconoció que las víctimas de violencia doméstica pueden reunir los requisitos para pedir asilo. Bajo la ley estadounidense e internacional, para tener derecho a solicitar asilo, una persona debe mostrar un temor fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social en particular. Los sobrevivientes de violencia doméstica que no pueden obtener protección en sus países de origen consiguieron asilo por el hecho de ser miembros de un grupo social en particular.
En el fallo de diciembre en el caso de Grace vs. Whitaker, Sullivan anuló muchas de las nuevas políticas para aplicar el fallo de Sessions, y escribió que “no hay una base legal para una prohibición categórica efectiva de las solicitudes de asilo por violencia doméstica y de pandillas”.
Según el derecho internacional, los gobiernos tienen la clara obligación de prevenir la violencia doméstica, así como de proteger, apoyar y garantizar el acceso a la justicia y los servicios para las víctimas. Pero en todo el mundo, en América Central y en otros lugares, las mujeres luchan para que los gobiernos garanticen, o en algunos casos reconozcan, su derecho a la protección. En algunos países, el derecho penal no aborda adecuadamente la violencia doméstica. Con mayor frecuencia, la violencia doméstica está prohibida, pero las tasas de violencia doméstica, incluida la que termina en homicidio, siguen siendo altas, ya que las autoridades no garantizan la justicia.
“Este es absolutamente el caso en El Salvador, donde el fracaso total del gobierno para proteger a A.B. la obligó a huir para salvar su vida”, dijo Andrés López, su codefensor.
Las medidas del gobierno de Trump para limitar severamente la elegibilidad de asilo para víctimas de violencia doméstica es consistente con otras acciones regresivas que ha tomado respecto al reconocimiento de la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos. Los informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado desde 2017 han excluido el análisis detallado de la violencia contra las mujeres, así como información sobre la atención de salud reproductiva de mujeres y niñas.
“El argumento engañoso de la administración Trump de que la violencia doméstica es un asunto entre actores privados no reconoce el abuso sistemático de los derechos de las mujeres en países donde las autoridades no pueden o no protegen a las mujeres amenazadas por la violencia doméstica”, aseguró Grace Meng, investigadora sénior sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “El grave y persistente problema de la violencia doméstica no puede erradicarse a menos que EE.UU. y otros países reconozcan a la violencia doméstica y a las omisiones o a los actos del gobierno relacionados con el tema, como violaciones de los derechos humanos fundamentales de las mujeres”.
