Las instalaciones permanentes de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

© 2016 UN Photo/Rick Bajornas

(La Haya) – Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) deberían reafirmar el mandato del tribunal ante las amenazas de Estados Unidos de debilitar su papel ante la justicia internacional, dijo hoy Human Rights Watch. La 17ª sesión de la reunión anual de la corte, la Asamblea de los Estados Partes, tendrá lugar en La Haya del 5 al 12 de diciembre de 2018.

El gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tratado de socavar la legitimidad del tribunal y ha amenazado con impedir las investigaciones que involucren a EE.UU. o sus aliados. El 10 de septiembre, el asesor de seguridad nacional del país, John Bolton, declaró que EE.UU. no cooperaría con la CPI. Amenazó con una serie de represalias si la corte investigaba a ciudadanos estadounidenses o ciudadanos de países aliados, incluso contra funcionarios judiciales y gobiernos que cooperan con la CPI. Trump también hizo comentarios detractores durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Las amenazas de Estados Unidos contra la CPI son una afrenta para todas las víctimas que buscan justicia ante este tribunal”, dijo Elizabeth Evenson, subdirectora del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “Los países miembros de la CPI deberían demostrar en su reunión anual una oposición determinante a cualquier esfuerzo por socavar las investigaciones y los enjuiciamientos de la corte”.

La solicitud del fiscal de la CPI para abrir una investigación en Afganistán, que podría incluir crímenes cometidos por las fuerzas talibanes y el gobierno afgano, así como por militares y personal de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., está pendiente ante el tribunal. Una investigación de la CPI en Afganistán promovería la rendición de cuentas y proporcionaría a las víctimas un camino hacia la justicia, al tiempo que podría sobre aviso a los responsables de delitos graves de que podrían ser procesados, señaló Human Rights Watch.

Los países miembros de la CPI respondieron a las amenazas de EE.UU. con fuertes declaraciones de apoyo al tribunal. En el pasado, esfuerzos similares por socavar el trabajo de la corte también se encontraron con la firme resistencia de sus miembros, incluida una campaña hostil de EE.UU. por parte del gobierno de George W. Bush.

Dada la mayor presión sobre el Estado de derecho internacional, es aún más importante para los países miembros de la CPI defender su mandato con declaraciones y acciones claras, aseguró Human Rights Watch. Los miembros de la CPI deberían aprovechar las oportunidades durante el debate general de la reunión para abordar el lenguaje de las resoluciones adoptadas, discutir sobre la cooperación estatal y, en otros momentos, para mostrar su determinación para asegurar que el tribunal pueda hacer su trabajo.

Los miembros celebrarán el vigésimo aniversario del tratado de fundación de la CPI, el Estatuto de Roma, durante un debate específico en la sesión, que culminará un año de conmemoraciones de aniversario. También abordarán los derechos de las víctimas. Los gobiernos y los funcionarios judiciales deberían usar las discusiones para abordar los desafíos de la corte, entre ellos mejorar las investigaciones judiciales, profundizar en el impacto de la corte en las comunidades afectadas y obtener arrestos en función de sus órdenes ya que la corte depende de los países miembros para realizar los arrestos. El 17 de noviembre, Alfred Yékatom, conocido como “Rombhot”, fue entregado a la corte en un caso que surgió de su investigación en la República Centroafricana, el segundo arresto en 2018 para la corte. Pero 17 órdenes de detención siguen pendientes, a expensas de las víctimas y sus familias.

“La CPI ha pasado apuros para cumplir con las expectativas”, dijo Evenson. “Es precisamente debido a que el rol de la corte para lograr la justicia es tan crucial que los funcionarios judiciales necesitan mejorar su desempeño y los gobiernos miembros deben aumentar su apoyo”.

Human Rights Watch emitió una nota informativa antes de la sesión, con recomendaciones a los Estados partes de la CPI, incluso para la elección del próximo fiscal del tribunal. El mandato del actual fiscal, Fatou Bensouda, expira en junio de 2021. Human Rights Watch insistió en la necesidad de preparativos tempranos y un enfoque estrictamente basado en el mérito para estas elecciones.

Las negociaciones sobre el presupuesto anual de la corte, con fondos proporcionados por los países miembros, también estarán incluidas en la agenda. Algunos países miembros han exigido un “crecimiento cero” en el presupuesto de la corte, pero otros países han insistido cada vez más en que la corte debería tener los recursos que necesita para manejar su creciente carga de trabajo. Durante 2018, el fiscal de la CPI abrió tres nuevos exámenes preliminares (sobre las situaciones en Filipinas, Bangladesh /Birmania y Venezuela) y recibió dos referencias de países miembros para examinar las situaciones en Palestina y Venezuela.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal mundial permanente que tiene el mandato de llevar ante la justicia a personas responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Es un tribunal de última instancia y cuenta con 123 países miembros. Además de la solicitud para abrir una investigación en Afganistán, el fiscal de la CPI abrió investigaciones en la República Centroafricana, Côte d'Ivoire, la región de Darfur en Sudán, la República Democrática del Congo, Georgia, Kenia, Libia, Malí y el norte de Uganda. El fiscal también está examinando las denuncias de delitos cometidos en varios lugares para determinar si se deben abrir investigaciones. Además de Venezuela, Bangladesh /Birmania y Filipinas, estos incluyen Colombia, Guinea, Nigeria, Palestina, Ucrania y supuestos abusos por parte de las fuerzas armadas del Reino Unido en Irak.

“El tribunal es un componente crucial pero vulnerable del orden mundial basado en reglas, y tiene un papel vital que desempeñar para respaldar el acceso de las víctimas a la justicia”, dijo Evenson. “Los miembros deberían aprovechar cualquier oportunidad para dejar en claro que brindarán el apoyo que necesite”.