Ingriane Barbosa Carvalho, de poco más de 30 años y madre de tres hijos, murió hace dos meses en Brasil. El informe del perito médico indica que falleció debido a complicaciones como resultado de un aborto inseguro, y la semana pasada la noticia ocupó los titulares cuando se detuvo al proveedor que practicó el aborto. Carvalho es una más de las víctimas de la rigurosa ley sobre aborto de Brasil.
Un caso actualmente en trámite ante el Supremo Tribunal podría ampliar el acceso al aborto en el país. El 3 y el 6 de agosto, especialistas de todo el mundo, incluso de Human Rights Watch, tendrán la oportunidad de declarar en la causa, que objeta la tipificación del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo.
La mayoría de los abortos son ilegales en Brasil. Las mujeres y niñas con recursos suficientes pueden viajar al exterior para interrumpir embarazos o encontrar proveedores de aborto clandestinos más seguros. Pero quienes, como Carvalho, tienen menos recursos y poco acceso a información, las únicas alternativas son poner en riesgo su salud y su vida con un aborto clandestino o por el contrario, deben continuar con el embarazo.
Se informó en distintos medios de prensa que Carvalho intentó interrumpir un embarazo no planificado utilizando remedios caseros y, cuando estos no tuvieron efecto, recurrió a un aborto practicado por un proveedor no calificado que le introdujo el tallo de una planta de aceite de ricino en el útero. Acudió al hospital con fiebre y escalofríos, y murió una semana después a causa de una infección grave.
Cientos de miles de mujeres y niñas se someten cada año a abortos en Brasil, en su mayoría realizados en forma clandestina y sumamente insegura, debido a las severas restricciones que rigen sobre esta práctica. Algunas de estas muertes nunca trascienden en los medios. Y muchas otras mujeres y niñas que tienen abortos clandestinos de manera aislada —sin apoyo y a menudo padeciendo complicaciones de salud, incertidumbre o temor— sobreviven a la práctica y solo ellas conocen lo vivido. Human Rights Watch ha entrevistado a algunas de esas valientes mujeres, y también muchas otras han compartido sus historias como parte de una campaña encabezada por Anis – Instituto de Bioética y Think Olga, dos organizaciones brasileñas.
El caso que tramita en el Supremo Tribunal de Brasil podría contribuir a que la legislación del país sea más acorde con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Podría posibilitar que mujeres como Carvalho soliciten ayuda de proveedores médicos capacitados e interrumpan de manera segura embarazos por cualquier motivo durante el primer trimestre, sin tener que recurrir a clínicas dudosas y métodos peligrosos. Ninguna mujer ni niña debería tener que poner en riesgo su vida o su salud para interrumpir un embarazo no deseado.
