Erika Kokay fue la única miembro de un comité especial del Congreso de Brasil que votó en contra de una enmienda constitucional la semana pasada que prohibiría el aborto en cualquier circunstancia. Sus dieciocho compañeros diputados, todos hombres, votaron a favor. Para celebrar su victoria cantaron: “¡Sí a la vida, no al aborto!”. La enmienda, en caso de ser promulgada, prohibiría totalmente el aborto, incluso en casos de embarazos resultantes de una violación, o cuando la vida de la mujer esté en peligro.

Esta semana, miles de mujeres tomaron las calles en 14 ciudades brasileñas para pedirle al Congreso que rechazara esta enmienda. En São Paulo, me uní a más de 7.000 manifestantes, incluyendo a mi hermana y una amiga que empujaba a su hijo de 2 años en un cochecito de bebé. Llevábamos carteles hechos a mano que decían: “Todos contra 18” y “Vientre libre”; y coreábamos: “Por las vidas de las mujeres”.

Estábamos allí para recordar a los congresistas que habían gritado “Sí a la vida”, que habían ignorado a las 47.000 mujeres en todo el mundo que mueren cada año debido a abortos inseguros, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

La situación en Brasil no es diferente, donde más de 900 mujeres han muerto a causa de abortos inseguros desde 2005. Médicos relataron a Human Rights Watch que habían tratado a mujeres que usaban métodos peligrosos para provocar un aborto, como introducir productos químicos de purificación de agua en sus vaginas.

Se estima que 416.000 mujeres abortaron en 2015 en Brasil, la gran mayoría de manera ilegal.

La legislación brasileña permite el aborto sólo si la vida de la mujer está en riesgo, si el embarazo fue el resultado de una violación, o si el feto tiene anencefalia (un trastorno cerebral congénito letal).

Eliminar incluso los limitados casos en los que el aborto es legal en Brasil sólo pondría en peligro a más mujeres y niñas, especialmente las más pobres, que tienen mayores probabilidades de recurrir a procedimientos inseguros que pueden provocar hemorragia, infección y la muerte.

En lugar de prohibir el aborto, el Congreso debería hacer que sea mucho más accesible.