La prohibición de aborto propuesta forma parte de una reforma constitucional que será tratada el 12 de diciembre de 2017 por una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil. La comisión aprobó la reforma en noviembre tras una votación controvertida, con el voto a favor de 18 hombres y un voto femenino por el no. La comisión podría votar el texto final de la propuesta de reforma el 12 de diciembre, antes de que pase a votación ante el pleno de la Cámara de Diputados. Para convertirse en ley y reformar la Constitución, la ley deberá recibir una mayoría absoluta —o tres quintos— de votos en ambas cámaras del Congreso, y ser refrendada por el presidente.
“La prohibición total del aborto tendría consecuencias devastadoras para las mujeres y las niñas en Brasil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta cruel reforma permitiría que mujeres y niñas embarazadas, incluso aquellas que resultaron embarazadas a consecuencia de una violación sexual o que presentan complicaciones que ponen un riesgo para su vida, sean obligadas a seguir adelante con sus embarazos contra su voluntad, o exponerse a la posibilidad de encarcelamiento y otros riesgos para la salud, incluida la muerte, si se someten a abortos clandestinos”.
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal. Las mujeres y niñas que interrumpan embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a una pena de hasta tres años de cárcel. Según se informó en los medios de comunicación, tan solo en 2014, al menos 33 mujeres fueron detenidas por abortos, y 7 de ellas fueron denunciadas por médicos luego de acudir a hospitales por necesitar atención posterior a un aborto.
Human Rights Watch documentó las consecuencias de las restricciones al aborto establecidas por Brasil en un informe, difundido en julio, sobre el impacto del brote del Zika. Algunos médicos entrevistados para el informe dijeron que, en el último año, habían atendido a mujeres y niñas que usaron sustancias cáusticas u otros métodos inseguros para intentar provocar abortos. Una mujer de 23 años, que fue violada sexualmente durante la adolescencia y sufrió sangrado severo luego de un aborto clandestino, dijo a Human Rights Watch: “No tenía mucha información... tuve un sangrado muy fuerte”. Desde 2005, más de 900 mujeres han muerto debido a abortos inseguros en Brasil, según datos del Ministerio de Salud.
Las restricciones al aborto establecidas por Brasil son incompatibles con sus obligaciones de derechos humanos. La criminalización del aborto en Brasil afecta de manera negativa numerosos derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres a la vida, la salud, a no ser discriminadas, a la igualdad, a la privacidad y a no sufrir torturas ni tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los tratados internacionales de derechos humanos exigen que los gobiernos respeten los derechos reproductivos y otros derechos humanos de las mujeres. Las interpretaciones autorizadas de estos tratados por expertos de las Naciones Unidas instan a eliminar las sanciones penales por abortos.
“Las restricciones al aborto que existen en Brasil ya suponen un riesgo para las mujeres y las niñas”, explicó Vivanco. “La reforma propuesta agravaría todavía más la precaria situación de los derechos reproductivos en Brasil”.
Durante 2017, hubo avances notables en la ampliación del acceso a los derechos reproductivos en América Latina, señaló Human Rights Watch. Chile puso fin a la prohibición total del aborto que existía desde hacía tiempo en el país, y despenalizó el aborto cuando se encuentre en riesgo la vida de la mujer embarazada, el embarazo sea resultado de una violación o haya malformaciones fetales severas incompatibles con la vida extrauterina. El 6 de diciembre, los legisladores de Bolivia votaron a favor de mitigar las restricciones al aborto, permitiendo que las adolescentes accedan a esta práctica durante las primeras ocho semanas de gestación.
Dos casos que se encuentran pendientes ante el Supremo Tribunal de Brasil podrían despenalizar el aborto en ciertas circunstancias. En un caso se sostiene que las mujeres infectadas con el virus del Zika deberían tener acceso al aborto. El otro procura despenalizar el aborto por cualquier motivo durante las 12 primeras semanas de gestación. Human Rights Watch ha presentado memoriales en calidad de amicus curiae en ambos casos.
A fines de noviembre, Rebeca Mendes Silva Leite, de 30 años, oriunda de San Pablo, pidió autorización al Supremo Tribunal de Brasil para interrumpir legalmente un embarazo no planificado. La magistrada Rosa Weber denegó el pedido por motivos procesales, pero no se pronunció sobre el fondo. Tras la decisión, Rebeca viajó a Colombia, donde se sometió a un aborto legal.
Varios otros países latinoamericanos, entre ellos, Nicaragua, El Salvador, la República Dominicana, Surinam, Haití y Honduras, todavía prohíben el aborto en forma total. En una investigación de 2017, Human Rights Watch concluyó que la prohibición total del aborto en Nicaragua no ha detenido esta práctica, pero sí la ha hecho más insegura. Investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que cuando los gobiernos restringen el aborto, las mujeres siguen recurriendo a esta práctica, pero lo hacen en condiciones más inseguras. De acuerdo con un informe de la ONU, en 2011 la tasa media de abortos inseguros era más de cuatro veces mayor en países con políticas restrictivas sobre aborto que en países donde existían políticas liberales sobre este tema.
“Los miembros de la comisión legislativa deberían rechazar esta peligrosa prohibición del aborto”, destacó Vivanco. “Las mujeres y niñas brasileñas necesitan con urgencia un mayor acceso a opciones reproductivas, y no que les quiten incluso las pocas alternativas con las que cuentan”.
