Una vista del interior del centro de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) muestra a niños en el Centro de Procesamiento Centralizado de Rio Grande Valley en Rio Grande City, Texas, EE.UU., el 17 de junio de 2018.

© 2018 Reuters

La semana pasada hablé con un niño de 5 años y su madre. El menor se veía alegre, ambos estaban en un centro de detención para inmigrantes de McAllen. Habían cruzado la frontera y llegado a Estados Unidos en busca de seguridad después de huir de la violencia y las amenazas en su país de origen. Ese mismo día, unos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo separaron de su madre. Al día siguiente me dijo: “No sé dónde está”.

Hoy cumple 6 años. Pasará el día rodeado de personas desconocidas, probablemente sin tener ni idea de lo que le está pasando o cuándo volverá a ver a su madre.

La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump probablemente no cambie nada para este niño o los otros 2.300 o más niños arrebatados de los brazos de sus padres. Los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., que se ocupan de los niños migrantes no acompañados una vez que dejan de estar bajo la custodia de la CBP, enviaron mensajes contradictorios y no es claro si la orden será aplicada retroactivamente; no sabemos cómo o si el gobierno reunificará a las miles de familias que ya han sido separadas. Trump señaló que la orden podría no tener efecto hasta que su gobierno pueda eludir una orden judicial que establezca límites de tiempo a la detención de niños.

La orden sustituye un enfoque perjudicial por otro. En lugar de separar por la fuerza a las familias, detendría a las familias juntas de manera indefinida. La orden pone a las familias detenidas bajo la custodia del Departamento de Defensa, no del Departamento de Seguridad Nacional (que actualmente supervisa la detención migratoria familiar) o de Salud y Servicios Humanos (que ostenta la custodia de niños no acompañados).

Las fuerzas armadas no son proveedoras de cuidados infantiles, y no deberían serlo. No está claro qué harán con las familias que de repente tienen la responsabilidad de cuidar, aunque la “ciudad de carpas” levantada de manera apresurada en Tornillo, Texas, puede ofrecer alguna pista.

Sabemos lo que la detención indefinida afecta a los niños y sus familias. Me encuentro en una reunión en Montreal, donde distintos profesionales de la salud mental están presentando investigaciones sobre los efectos nocivos de la detención de inmigrantes.

Encerrar a los niños tiene consecuencias psicológicas devastadoras y duraderas, incluso cuando los niños permanecen detenidos durante períodos relativamente cortos. El impacto adverso es aún más pronunciado para los niños que han huido de amenazas de muerte, violencia u otros daños graves.

La detención indefinida es particularmente perjudicial. La investigación muestra claramente que la incertidumbre causa una angustia profunda. Esto concuerda con lo que Human Rights Watch ha escuchado en las entrevistas: las familias en detención prolongada e indefinida en EE.UU. describieron depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Escuché lo mismo, además de horripilantes testimonios de autolesiones, de niños y adultos detenidos por Australia en sus instalaciones en alta mar en Nauru

La detención  de menores causa un trauma indefinido. Que no nos engañen y busquen que aceptemos una falsa alternativa, al final es solo una formas diferente de perjudicar a las familias que buscan seguridad.