Manifestantes llevan pancartas para protestar contra la orden ejecutiva del presidente de EE.UU. Donald Trump de detener a los niños que crucen la frontera del sur del país y de separar a las familias, delante del ayuntamiento de Los Ángeles, California, EE.UU., 7 de junio de 2018.

© 2018 Reuters

Sentada frente a mí en una celda de detención migratoria en McAllen, Texas, una mujer de 24 años me contó una historia tristemente familiar. Su pueblo en Honduras está plagado por la violencia de las pandillas. Después de que algunos parientes y otras personas que conocía fueran asesinadas, ella huyó con su hijo de 5 años, por temor a convertirse en el siguiente objetivo. También hablé un poco con su hijo: le gustaban las galletas saladas que los agentes fronterizos de Estados Unidos le habían dado y dio palmas de alegría cuando un funcionario le entregó un paquete de jugo mientras hablábamos.

Traté de encontrarla al día siguiente. Su hijo se acercó a mí sonriendo y dando saltitos cuando solicité poder verlo, pero se le ensombreció la cara cuando mencioné a su madre. “No la he visto desde ayer”, dijo. “No sé dónde está”.

Ella forma parte de los 2.200 padres, y el recuento continua, que han sido separados de sus hijos bajo la nueva política de “tolerancia cero” del Fiscal General Jeff Sessions por ingresar al país sin documentos. El Departamento de Justicia de EE.UU. se propone procesar todas las entradas irregulares, incluso las de personas que, como esta madre, se acercan a los agentes de inmigración solicitando asilo.

McAllen se encuentra en la primera línea de asalto de Sessions contra las familias de inmigrantes. Hace varios días, un abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas habló con una mujer justo después de que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. le quitaran a su bebé lactante. Michelle Brané, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, estaba entrevistando a un hombre y su hija a unos escasos metros de mí, cuando los funcionarios sacaron a la niña de la sala. Los dos sólo pudieron despedirse después de que Brané les pidiera a los agentes que le concediera a la familia unos minutos más para estar juntos. Muchas familias no tienen esa oportunidad: a los padres les dicen que sus hijos se van a dar una ducha o que los verán después de comparecer ante la corte. Ninguna de las dos versiones es verdad. Los funcionarios fronterizos mienten a los padres.

Los agentes de la CBP bloquean a cualquiera que no tenga documentos para cruzar el puente en la frontera, porque si las personas llegan al control de pasaportes y solicitan asilo, los funcionarios de inmigración deberían permitirles, por ley, ingresar (aunque anteriormente a veces tampoco lo hicieron).

El gobierno de EE.UU. puede, por supuesto, hacer cumplir sus leyes de inmigración siempre y cuando las autoridades defiendan los derechos a la protección de los refugiados, la unidad familiar y garanticen el interés superior de los niños. Sin embargo, lo que las autoridades están haciendo en McAllen y en otros lugares a lo largo de la frontera ofrece pocas garantías para las familias que huyen del peligro y buscan desesperadamente la seguridad.

A los políticos y funcionarios del gobierno les gusta alardear de que EE.UU. es un faro de esperanza y un bastión de la libertad. McAllen no muestra signos de serlo.