El 10 de mayo, Pedro Jaimes Criollo vio, cuando llegaba a su casa, a tres hombres sin uniforme salir de un auto sin placas en frente de su vivienda. Se identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y detuvieron a Jaimes sin presentar ninguna orden judicial.
¿De qué se lo acusa? Según parece, de tuitear sobre los planes de viaje del presidente.
Desesperados por saber dónde se encontraba, la familia de Jaimes visitó dos instalaciones del SEBIN en Caracas el día en que fue detenido; los agentes negaron que Jaimes estuviera allí. Pero esa noche, Jaimes llamó a su familia y les confirmó que estaba detenido en una de ellas. Su familia pudo verlo brevemente en los tribunales los días 11 y 12 de mayo, pero no fueron autorizados a ingresar cuando fue finalmente llevado ante un juez el 12 de mayo. El defensor público que le asignaron a Jaimes le comentó a la familia que estaba siendo procesado por tuitear. Al día siguiente, una periodista de la cadena oficialista "Telesur" afirmó que la acusación penal estaba relacionada con un tuit en el cual Jaimes mencionó los planes de ruta del avión presidencial.
Ni los familiares ni los abogados de la organización no gubernamental venezolana Espacio Público, quienes están intentando acreditarse como defensores legales de Jaimes, han podido comunicarse o verlo en el último mes, a pesar de reiterados intentos de visitarlo en el SEBIN. Los agentes del SEBIN nunca confirmaron que se encuentra allí. El equipo legal de Espacio Público ha presentado un recurso de habeas corpus ante un tribunal, pero siguen esperando respuesta.
Human Rights Watch ha documentado una serie de casos en el último año en los cuales las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo los servicios de inteligencia, han detenido a opositores o críticos del gobierno y posteriormente negaron dar información sobre su paradero por periodos de hasta varias semanas. En uno de esos casos, la víctima fue detenida por más de 40 días y brutalmente torturada, incluso utilizando shocks eléctricos, antes de ser liberada. Espacio Público informa que han documentado varios casos en los últimos años de personas detenidas y procesadas por lo que publicaron en Twitter.
Cuando las fuerzas de seguridad detienen a alguien y se niegan a entregar información sobre el paradero del detenido, se trata de una desaparición forzada conforme al derecho internacional. Este parece ser el caso de Jaimes.
Expertos Internacionales, incluyendo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reportado sobre estas detenciones, incluyendo varios casos en los cuales las personas fueron detenidas y mantenidas incomunicadas, o sin informar su paradero. El Alto Comisionado ha sostenido que estos casos podrían tratarse de desapariciones forzadas. Un panel de expertos nombrado por la Organización de Estados Americanos describió a esta práctica en un informe reciente, que fue entregado a la Corte Penal Internacional para su examen preliminar de la situación en Venezuela.
Las autoridades venezolanas deberían informar inmediatamente sobre el paradero de Jaimes, asegurarse de que no sea torturado física ni psicológicamente, y permitirles a sus abogados acceso adecuado al expediente judicial. Deberían, además, tener en cuenta que la impunidad que hoy disfrutan los funcionarios venezolanos por las gravísimas violaciones de derechos humanos que cometen, incluyendo posibles desapariciones forzadas, no va a durar para siempre.
