La semana pasada, el 66,4 % de los votantes irlandeses sorprendieron al mundo al votar a favor de eliminar la prohibición del aborto, lo cual dio esperanzas de que países de América Latina y el Caribe —donde existen algunas de las leyes más restrictivas en esta materia— se sumen a la tendencia mundial hacia atenuar las restricciones al aborto.
El año pasado, Chile puso fin a la prohibición total del aborto que regía en el país, y permitió que las mujeres terminen sus embarazos cuando se encuentre en riesgo su vida, el embarazo sea resultado de una violación o en caso de inviabilidad del feto.
El Congreso argentino está debatiendo varios proyectos legislativos para despenalizar el aborto, el cual actualmente es ilegal en el país salvo en casos de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer. Hoy expondré ante el Congreso para apoyar la despenalización del aborto. Explicaré que se trata de una medida fundamental para que Argentina cumpla sus obligaciones jurídicas en materia de derecho internacional de los derechos humanos.
El próximo mes, en Brasil —donde el aborto es un delito salvo en casos de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre o el feto presente una malformación cerebral congénita mortal — el Supremo Tribunal discutirá un caso sobre la despenalización total del aborto en las 12 primeras semanas de embarazo.
No obstante, demasiados países de la región aún mantienen políticas crueles en materia de aborto. Nicaragua es el único país del mundo que en los últimos 18 años redujo, en vez de ampliar, el acceso legal al aborto. El mes pasado, la Asamblea Nacional de El Salvador pospuso sin someter a votación el tratamiento de propuestas destinadas a atenuar la prohibición total del aborto en el país. El Salvador, al igual que Honduras, la República Dominicana, Haití y Surinam, aún criminalizan el aborto en todas las circunstancias.
Estas políticas tienen consecuencias aberrantes. Cada año, cerca de 760.000 mujeres y niñas son atendidas por complicaciones causadas por abortos inseguros, y aproximadamente 900 mueren, en América Latina y el Caribe. Las evidencias indican que limitar el acceso al aborto no reduce los abortos, sino que sólo hace que sean menos seguros.
Durante demasiado tiempo, prevalecieron en la región de América Latina y el Caribe legislaciones restrictivas a los derechos reproductivos, que niegan a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos y, a menudo, les cuestan la vida. Es momento que los países de America Latina abandonen este status quo cruel e injusto, cómo lo hizo la devotamente católica Irlanda.
