José Miguel Vivanco on Revelations of Surveillance from Colombia's Top Commander

El 14 de abril, la revista Semana dio a conocer una investigación que contiene graves señalamientos sobre un grupo de altos mandos militares que estarían implicados en presuntos hechos de corrupción e interceptaciones. Según Semana, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien entonces era el Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia y hoy es embajador en Corea del Sur, estaba molesto por mi insistencia en que se hiciera justicia por los casos de “falsos positivos” y, por ello, ordenó a unos suboficiales interceptar y monitorear mis comunicaciones y buscar formas de censurar mis tuits.

“[M]i general Rodríguez estaba emberracado y preocupado por unos tuits que había puesto José Miguel Vivanco de Human Rights Watch hablando de los generales, falsos positivos y la CPI”, dijo un funcionario según el testimonio publicado por Semana. “Cuando pasó eso, él tuvo al sargento Henao, que era de su confianza, mirando qué podía hacer con el tema de Vivanco, cómo contrarrestar y atacar”.

El funcionario se refería a los más de 3.000 civiles asesinados por brigadas del Ejército en distintas regiones de Colombia entre 2002 y 2008 en casos de “falsos positivos”. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) está dando seguimiento a las investigaciones en estos casos y, si concluye que las autoridades nacionales no están dispuestas o no son capaces de investigarlos o juzgarlos, podría iniciar su propia investigación penal contra los generales.

El general Rodríguez Barragán tiene sobrados motivos para estar preocupado por nuestra insistencia en que se haga justicia por estos casos. Como ha demostrado Human Rights Watch, Rodríguez Barragán tuvo un rol importante en varias unidades militares implicadas en aberrantes casos de “falsos positivos”. Por ejemplo, estuvo al frente de la Cuarta Brigada entre 2006 a 2008 en Antioquia, donde, según la Fiscalía, soldados bajo su mando habrían asesinado al menos a 28 civiles.

Uno de ellos era “Orlando González” (pseudónimo, por motivos de seguridad), agricultor que sufría una discapacidad mental. González fue asesinado por soldados en marzo de 2008 y se informó que se trataba de un combatiente de las FARC. El general Rodríguez Barragán firmó varios documentos a los que tuvimos acceso en los cuales certificaba un pago efectuado a un informante que, supuestamente, había proporcionado información de inteligencia que posibilitó la operación en la cual murió González. Sin embargo, al ser entrevistado por la fiscalía, el supuesto informante manifestó que vivía en otro sitio y que nunca había aportado información al Ejército. Al igual que en decenas de otros casos de “falsos positivos”, las pruebas sugieren que la Cuarta Brigada al mando del general Rodríguez Barragán creó documentos con información falsa para simular que el homicidio de González era una baja en combate.

Human Rights Watch ha demostrado que las presiones para reportar resultados en combates –y los premios a quienes los reportaban– fueron un incentivo perverso detrás de los “falsos positivos”. El general Rodríguez Barragán parece haber intensificado la presión sobre sus soldados. El coronel Róbison González del Río de la Cuarta Brigada, que confesó haber participado en numerosos asesinatos, declaró en 2014 que el motivo por el cual “se montaron esas operaciones” fue que el general Rodríguez Barragán “todos los días venía pidiendo bajas... para él [las capturas] no eran resultados; para él los resultados eran bajas”.

Los testimonios de González del Río dieron lugar a una investigación preliminar contra el general Rodríguez Barragán en 2014. Pero al igual que en la mayoría de los casos sobre generales del Ejército, la investigación se encuentra paralizada. Aunque cientos de soldados y oficiales de rangos medios han rendido cuentas ante la justicia por estos homicidios, los fiscales no han condenado a ningún general del Ejército por casos de “falsos positivos”.

La investigación de Semana no aclara si estos militares lograron interceptar mis comunicaciones o censurar mis tuits. No tenemos motivos para creer que lo consiguieron. Lo que sí está claro, en función de la investigación de Semana, es que el general Rodríguez Barragán pretende eludir cualquier fiscalización y ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos bajo su mando.

Las autoridades colombianas deberían enviar un mensaje claro de que no ayudarán a que altos mandos eludan la justicia. Para ello, el gobierno debería remover al general Rodríguez Barragán de la embajada en Corea del Sur. Y, lo que es aún más importante, la Fiscalía General de la Nación debería adoptar todas las medidas que se requieran para investigar y, cuando corresponda, imputar y acusar a los altos mandos militares que enfrentan graves denuncias por su presunto rol en “falsos positivos”.


Jose Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.