Durante su Examen Periódico Universal de 2014, Argentina se comprometió a considerar una serie de recomendaciones relativas al acceso de mujeres a derechos reproductivos en el país. Algunas de las recomendaciones fueron adoptar medidas para que ninguna mujer o niña sea sancionada penalmente por someterse a un aborto, promulgar leyes que reconocieran a las mujeres acceso legal a diversos servicios de salud reproductiva y garantizar el acceso al aborto legal en condiciones de igualdad en todo el país.

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces mujeres y niñas son procesadas penalmente si solicitan abortos, y a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva, como la anticoncepción y la esterilización voluntaria.

En su discurso en la apertura de las sesiones del Congreso, el Presidente Mauricio Macri dijo que, independientemente de sus opiniones personales al respecto, apoyaba que el aborto se incluyera entre los temas a tratar en 2018. Human Rights Watch considera que se trata de un anuncio positivo que abre la puerta para un debate sincero y largamente postergado, que podría permitir que el país adopte medidas tendientes a despenalizar el aborto y proteger de manera más eficaz los derechos de las mujeres y niñas argentinas.

Cuando se penaliza el aborto, se pone en riesgo derechos humanos clave, incluidos los derechos a la vida, la salud, la no discriminación y la igualdad, la privacidad, la información, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a decidir sobre el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos. Según interpretaciones de tratados ratificados por Argentina, realizadas por expertos independientes, las leyes excesivamente restrictivas o penales sobre aborto violan derechos fundamentales de mujeres y niñas. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en observaciones finales emitidas recientemente, ha exhortado a los Estados a despenalizar el aborto en todos los casos. En 2016, este comité instó a Argentina a legalizar el aborto no solo en casos de violación y riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, sino también en otras circunstancias como el incesto y cuando exista un riesgo de malformación grave del feto.

Instamos respetuosamente al gobierno argentino a aceptar las recomendaciones del EPU sobre este tema y a priorizar la adopción de medidas necesarias para implementarlas plenamente durante el próximo ciclo del EPU.