Los rescatistas de SOS MEDITERRANEE ayudan a una mujer somalí a salir de una lancha rígida inflable (RHIB) para que pueda abordar el Aquarius, 11 de octubre de 2017.

© 2017 ANTHONY JEAN/SOS MEDITERRANEE
(Bruselas) – La Unión Europea y sus Estados miembros estuvieron dispuestos, con bastante frecuencia, a dejar de lado los derechos humanos en 2017, aunque se vislumbró un enfoque más basado en principios, dijo Human Rights Watch hoy en su Informe Mundial 2018.

A lo largo de un año dominado por las preocupaciones sobre la influencia de los partidos extremistas populistas, Human Rights Watch destacó las novedades en 10 Estados miembros de la UE y en toda la Unión en temas de migración y asilo, discriminación e intolerancia, terrorismo y contraterrorismo y política exterior del bloque.

“Durante 2017 quedó claro que tratar los derechos humanos como si fueran un tema opcional no derrotará a los extremistas populistas ni sus ideas en la Unión Europea”, dijo Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero el creciente consenso entre los gobiernos y organismos de la UE sobre la necesidad de abordar el ataque de Polonia contra los derechos humanos y el Estado de derecho muestra que un enfoque basado en los valores fundamentales de la UE puede ayudar”.

En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.

La UE y sus Estados miembros intensificaron sus esfuerzos para prevenir la llegada de solicitantes de asilo y migrantes irregulares y para trasladar la responsabilidad del control migratorio a países fuera de las fronteras de la UE, especialmente Libia, de maneras que expusieron a las personas a abusos de derechos humanos.

A pesar de haber logrado menos de lo esperado en algunas elecciones europeas, los partidos extremistas populistas ejercieron una influencia externa sobre la política europea a lo largo del año y entraron en el Parlamento de Alemania.

Los despreciables ataques de los extremistas en Bélgica, Finlandia, Francia, España, Suecia y el Reino Unido, la mayoría reivindicados por el Estado Islámico (también conocido como ISIS), mataron en conjunto a más de 60 personas y causaron cientos de heridos. Algunas de las medidas de seguridad introducidas o fortalecidas durante el año comprometieron los derechos humanos, incluida una nueva directiva de la UE para combatir el terrorismo que carece de garantías adecuadas para proteger la libertad de expresión, así como medidas problemáticas en países individuales de la UE.

Los sentimientos y la violencia racistas, xenófobos y antimusulmanes persistieron en toda la región. Los musulmanes experimentaron hostilidad e intolerancia generalizadas. El antisemitismo, incluidos los crímenes de odio, siguieron siendo una gran preocupación.

La voluntad de la UE de promover los derechos humanos a través de su agenda de política exterior a menudo fue socavada por otros intereses, incluida la seguridad nacional, el acceso a los recursos naturales, el control migratorio y la falta de liderazgo en derechos humanos por parte del Servicio de Acción Exterior de la UE.

Los eventos específicos de cada país en la UE destacados por Human Rights Watch incluyen: la decisión de Francia de incorporar algunos poderes abusivos del estado de emergencia en la legislación regular; el freno de Hungría a grupos de derechos humanos y universidades independientes; la actitud de Polonia de socavar los controles y equilibrios en el ejecutivo; la crisis continua para los solicitantes de asilo en las islas griegas; y el fracaso del gobierno del Reino Unido para garantizar la protección de los derechos durante el proceso del Brexit.