(Washington D.C.)—Las autoridades mexicanas deberían investigar los ataques armados en Chiapas que han provocado el desplazamiento de más de 5.000 personas, y brindar asistencia a quienes la necesitan, señaló hoy Human Rights Watch.

En octubre, se agudizó una disputa territorial por tierras comunales entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. Nicodemo Aguilar Sánchez, vocero del municipio de Chalchihuitán, dijo a Human Rights Watch que el 18 de octubre de 2017, miembros de un grupo armado asesinaron a un hombre de Chalchihuitán, Samuel Luna Girón. Contó además que en las dos semanas siguientes, bandas armadas incendiaron al menos 12 viviendas y dispararon contra otras ocho, lo cual provocó que más de 5.000 personas huyeran de sus hogares.

El gobierno mexicano debe abordar con urgencia la crisis de desplazamiento en Chiapas, a fin de que las personas puedan regresar de manera segura a sus comunidades tan pronto como sea posible.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

“El gobierno mexicano debe abordar con urgencia la crisis de desplazamiento en Chiapas, a fin de que las personas puedan regresar de manera segura a sus comunidades tan pronto como sea posible”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades deberían investigar y sancionar a los responsables de todo tipo de abusos, y cerciorarse de que las personas que fueron obligadas a huir de sus casas reciban la asistencia que necesitan”.

Según dos funcionarios de organizaciones no gubernamentales que visitaron hace poco la zona y el sacerdote católico de una parroquia vecina, la presencia continua de los grupos armados impide el regreso de los residentes. Una misión médica de otras dos organizaciones locales de asistencia, Salud y Desarrollo Comunitario e Ixim Antsetic, concluyó que, además del hombre presuntamente asesinado por miembros de un grupo armado, al menos seis personas más han muerto por enfermedades u otras causas vinculadas con el desplazamiento, como neumonía e hipotermia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han manifestado su preocupación por la falta de alimentos, agua y atención médica para los desplazados.