En un momento en el que la población de todo el Caribe, Estados Unidos y el Sur de Asia sigue sufriendo los devastadores efectos de las inundaciones y los huracanes, es mucho lo que estará en juego durante las negociaciones sobre el cambio climático previstas para principios de noviembre. Delegados de todo el mundo se reunirán en Bonn, Alemania, para continuar las discusiones sobre cómo se debe implementar el Acuerdo de París (el histórico pacto sobre cambio climático adoptado en París en 2015) en las políticas a nivel nacional e internacional.
Este año, los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, los grupos ambientalistas y los defensores de los derechos de las mujeres instan a sus gobiernos a que tomen el liderazgo en un tema que se ha descuidado con frecuencia en negociaciones anteriores: la incorporación de los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático. En un momento de auténtica trascendencia, el Acuerdo de París fue el primer acuerdo ambiental multilateral en exhortar explícitamente a los gobiernos a respetar y promover los derechos humanos, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas.
Los frecuentes ataques y amenazas contra los defensores de los derechos ambientales en todo el mundo son un ejemplo de por qué los gobiernos necesitan incluir la protección de los derechos en sus políticas sobre el clima. Según los informes publicados por Global Witness y Front Line Defenders, la cantidad de personas asesinadas cada año por su activismo ambiental está en aumento. El acoso, las amenazas y los asesinatos se utilizan para silenciar las voces de los activistas ambientales de todo el mundo.
Además de ignorar los ataques directos contra las personas que defienden el medio ambiente, algunos gobiernos utilizan las leyes para criminalizar las acciones de los defensores del medio ambiente o limitar el espacio para el activismo. Por ejemplo, una investigación de Human Rights Watch en Rusia documentó cómo el gobierno vilipendia a las agrupaciones que aceptan financiamiento extranjero y llevan a cabo “actividades políticas”, tachándolas de “agentes extranjeros”. Para ello, las autoridades utilizan una definición muy amplia de “actividades políticas” que incluye casi cualquier tipo de trabajo de vinculación, defensa o promoción.
De hecho, desde que se adoptó esta ley en 2012, el gobierno ruso ha impuesto esta etiqueta a más de 20 agrupaciones ambientalistas. En dos casos, las “actividades políticas” incluían actividades de promoción pública como expresar apoyo a Evgeni Vitishko, un activista que fue encarcelado por presuntamente dañar una cerca que ocultaba una construcción ilegal en una zona forestal protegida.
A menos que los gobiernos detengan la criminalización de los defensores, protejan a quienes defienden el medio ambiente, respeten las garantías procesales y demuestren un mayor compromiso con los derechos humanos, será fácil bloquear cualquier esfuerzo para proteger el clima.
Pero hasta ahora, los gobiernos se han mostrado reacios a integrar la protección de los derechos en las secciones clave del “Reglamento del Acuerdo de París”, el documento técnico que rige la aplicación del Acuerdo de París. La inclusión de consideraciones de derechos humanos en las directrices para la presentación de informes sobre las “contribuciones determinadas a nivel nacional” (es decir, los planes de acción nacionales sobre el cambio climático) podría ayudar a asegurar que las medidas gubernamentales sobre el cambio climático respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos. Y a medida que se distribuyan fondos para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático y poner en marcha medidas de mitigación, los gobiernos deben garantizar que las poblaciones afectadas puedan participar en la planificación, que se respeten sus derechos y que haya transparencia y rendición de cuentas en cuanto al uso del financiamiento.
Sin embargo, los gobiernos se han resistido a hablar de los derechos humanos en las negociaciones sobre el Reglamento del Acuerdo de París. A nivel técnico, las negociaciones globales sobre el cambio climático se centran en gran medida en el reparto de la carga entre los gobiernos, mientras que el derecho internacional de derechos humanos se centra tradicionalmente en la forma en que las acciones de los gobiernos dañan a los individuos y las comunidades. Es posible que a los grandes países emisores de carbono les preocupe que el discurso de derechos humanos aumente las probabilidades de que los responsabilicen por los efectos del cambio climático. Por otro lado, puede ser que los países de ingresos bajos o medianos sientan que las normas de derechos humanos les imponen una carga excesiva en la consecución de sus objetivos de desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos no han contribuido de manera significativa al cambio climático, pero son los más afectados. A nivel práctico, muy pocos negociadores de cambio climático han recibido capacitación en derechos humanos y pocos países cuentan con un experto en derechos humanos en su delegación.
Sin embargo, ninguno de estos obstáculos es insalvable y los gobiernos tienen buenas razones para superarlos. Como miembros de las Naciones Unidas y partes en los principales tratados de derechos humanos, todos los países representados en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático tienen obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. Si no consideran los derechos humanos en sus políticas climáticas, invariablemente estarán eludiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, resultará más complicado enfrentar los problemas de derechos humanos más adelante en lugar de tener en cuenta sus obligaciones al respecto mientras desarrollan las normas. Si incorporan los derechos humanos durante la elaboración del Reglamento del Acuerdo de París, sus políticas serán más coherentes y eficaces. Y en última instancia, enfatizar la protección de los derechos en las políticas climáticas ayudará a proteger las vidas y la salud de quienes trabajan para proteger el clima.
Michel Forst, experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, exhortó el año pasado a los gobiernos a “escuchar a quienes dan la alarma contra los desastres ambientales, el cambio climático y la explotación irresponsable de los recursos, en lugar de reprimirlos”. Los gobiernos que se reúnan en Bonn deberían atender sus palabras.
