No todo marcha bien en el intento ambicioso de adoptar un tratado robusto sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe.
Previamente este mes de agosto, representantes de 24 países de América Latina y el Caribe sostuvieron una semana de conversaciones en Buenos Aires para llegar a un acuerdo que proteja los derechos de millones de personas, en toda la región, que enfrentan graves problemas ambientales causados por las actividades de desarrollo económico. El objetivo de las conversaciones —en su séptima reunión desde 2014— fue asegurar que las personas que serán afectadas por proyectos económicos puedan efectivamente participar y acceder a la justicia.
Sin embargo, por primera vez desde que empezó el proceso, las organizaciones de la sociedad civil que han tenido un rol activo en las negociaciones, anunciaron que podrían salirse de las tratativas, desmoralizadas por la debilidad que perciben en las propuestas para proteger los derechos humanos.
Muchos actores en la sociedad civil tenían grandes expectativas de que se suscribiera un acuerdo sólido a favor del desarrollo sostenible en la región. Confiaban que un pacto jurídicamente vinculante podría contribuir a frenar la proliferación de conflictos ambientales y abordar los gravísimos problemas que enfrentan los millones de personas afectadas por la contaminación y la explotación insostenible de los recursos naturales.
No obstante, existe profunda consternación entre las organizaciones de la sociedad civil, que consideran que los gobiernos negociantes están retrocediendo de los estándares existentes de derechos humanos y creen que las negociaciones han perdido liderazgo y sentido de la dirección.
Hasta hoy, la iniciativa liderada por las Naciones Unidas (ONU) ha mostrado un nivel de apertura a la participación del público que no tenía precedentes en esa organización. La contribución que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil a las negociaciones es sumamente valiosa. Si se salieran del proceso, las probabilidades de que se llegue a un acuerdo sólido serán todavía menores.
Pero no todo ha sido sombrío en la sala de negociaciones. También por primera vez, Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Perú plantearon disposiciones importantes para proteger a los defensores ambientales. Las garantías propuestas para los defensores ambientales son un paso en la dirección acertada, al infundir esperanzas a las personas y organizaciones que defienden al medioambiente y a sus comunidades, y que están bajo amenaza en la región.
“El acuerdo sobre derechos ambientales no podrá prosperar si quienes defienden tales derechos son perseguidos, agredidos o asesinados”, expresó John Knox, experto de la ONU sobre derechos humanos y medioambiente, durante un evento paralelo en Buenos Aires coorganizado por Human Rights Watch.
Los gobiernos deberían sumarse a los esfuerzos de Costa Rica y otros actores para ofrecer esperanzas a quienes arriesgan su vida en defensa del medioambiente y en beneficio de todos.
