Esta semana, 24 países de América Latina y el Caribe se reunirán en Buenos Aires para llegar a un acuerdo sobre cómo prevenir daños ambientales causados por actividades de desarrollo económico en la región y asegurar que las personas afectadas puedan efectivamente participar y acceder a la justicia.
Aunque Argentina encara serios desafíos ambientales, es uno de los países de la región que ha desarrollado un volumen sofisticado de jurisprudencia ambiental. Un ejemplo es el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2008, sobre la contaminación en la cuenca del río Matanza-Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires. La Corte estableció responsabilidades gubernamentales y plazos para la reparación ambiental, y además dispuso la participación de organizaciones no gubernamentales en el seguimiento de la decisión.
La experiencia de Argentina la deja bien posicionada para asumir un rol de liderazgo en los esfuerzos por fortalecer el respeto de los derechos ambientales en toda la región. Esta semana tendrá la oportunidad, cuando asuma la presidencia de la séptima reunión de negociación del acuerdo regional sobre derechos ambientales.
Los antecedentes de esta reunión se remontan a la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, celebrada en 2012. En esa cumbre, 10 países de la región iniciaron un proceso hacia un acuerdo regional que reafirme que todas las personas tienen derecho a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Estos derechos son un aspecto clave del desarrollo sostenible, es decir, aquel que beneficia a un país y, al mismo tiempo, protege a su población y al medioambiente.
La iniciativa fue también una reacción al aumento dramático de los conflictos ambientales en la región. Michel Forst, experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, ha subrayado que la explotación de los recursos naturales que no toma en cuenta las inquietudes legítimas de las comunidades locales ha resultado en amenazas, agresiones y homicidios contra defensores ambientales.
Los países habían previsto concluir su labor este año 2017, pero la tarea ha resultado ser más ardua de lo esperado. Es así que la reunión en Buenos Aires deberá superar un gran reto: acelerar la velocidad de negociación sin rebajar los estándares.
El acuerdo debe permitir la participación informada en las decisiones ambientales, garantizando el derecho del público a la información sobre cuestiones ambientales, y previendo las mínimas excepciones posibles al deber de divulgación. El acuerdo también debe asegurar la participación informada en la aprobación ambiental de los proyectos de inversión, y eliminar obstáculos a la justicia ambiental, incluidos aquellos relativos a costos económicos y carga de la prueba. Asimismo, el acuerdo debe permitir que cualquier persona pueda acudir a laJusticia para reclamar su derecho a un medio ambiente sano.
La tarea de Argentina esta semana no será fácil, mientras algunos países aún se resisten a quedar obligados por estándares regionales que exijan un alto nivel de participación pública en los proyectos de desarrollo. Pero como lo han aprendido numerosos países de la región, deben proteger sus recursos naturales y la salud y el bienestar de sus ciudadanos antes de que sea demasiado tarde.
Marcos A Orellana es el director del Programa de Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch.
