(San Pablo, 21 de junio de 2017) – Las autoridades del estado brasileño de Roraima no investigan ni juzgan casos de violencia doméstica, y esto expone a las mujeres a un mayor riesgo de sufrir abusos, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los graves problemas que se manifiestan en Roraima —el estado con la tasa más alta de asesinatos de mujeres de Brasil— son un síntoma de que, en todo el país, no se brinda a las víctimas de violencia doméstica el acceso a la justicia y la protección que necesitan.
El informe de 22 páginas—titulado “‘One Day I’ll Kill You’: Impunity in Domestic Violence Cases in the Brazilian State of Roraima” (Algún día te mataré: Impunidad de casos de violencia doméstica en el estado brasileño de Roraima)— analiza los problemas sistémicos en cuanto a la respuesta a la violencia doméstica en el estado. Human Rights Watch documentó 31 casos de violencia doméstica y entrevistó a víctimas, policías y funcionarios judiciales. La organización identificó fallas en todos los aspectos de la respuesta oficial ante abusos que ocurren en el ámbito doméstico.
“Muchas mujeres de Roraima sufren ataques y abusos violentos durante años hasta que logran reunir la valentía para denunciarlos ante la policía y, cuando lo hacen, la respuesta de las autoridades es absolutamente deficiente”, señaló Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Mientras las víctimas de violencia doméstica no puedan obtener asistencia y justicia, sus abusadores seguirán lastimándolas y matándolas”.
En Roraima, los asesinatos de mujeres aumentaron un 139 % entre 2010 y 2015, y llegaron a una tasa de 11,4 homicidios por cada 100.000 mujeres ese año, que es el último para el cual existen datos disponibles. El promedio nacional es de 4,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres, lo cual constituyen cifras que se encuentran entre las más elevadas a nivel mundial. Distintos estudios llevados a cabo en Brasil y en otras regiones del mundo estiman que un gran porcentaje de mujeres que sufren muertes violentas son asesinadas por sus parejas o ex-parejas.
Solamente un cuarto de las mujeres que sufren violencia en Brasil denuncian los hechos, según una encuesta de febrero de 2017 que no cuenta con datos desglosados por estado. Human Rights Watch observó, en Roraima, que cuando las mujeres sí acuden a la policía, enfrentan graves obstáculos al intentar que sus casos sean atendidos.
Agentes de la policía militar señalaron a Human Rights Watch que, por falta de personal, no responden a todas las llamadas de emergencia de mujeres que indican que están sufriendo violencia doméstica. A otras mujeres se les niega atención en las dependencias policiales. Según observó Human Rights Watch, algunos policías civiles de Boa Vista, la capital del estado, se niegan a registrar denuncias de violencia doméstica o solicitar órdenes de protección. En vez de ello, derivan a las víctimas a la única “comisaría de la mujer” que existe en el estado —especializada en delitos contra mujeres— incluso en horarios en que esa dependencia se encuentra cerrada.
Aun cuando los policías reciben sus denuncias, las mujeres deben relatar sus historias de abuso, incluidos casos de abuso sexual, en áreas de recepción abiertas, ya que en ninguna dependencia policial del estado hay salas privadas para tomar declaraciones.
Ningún policía civil de Roraima recibe capacitación sobre cómo manejar casos de violencia doméstica, una situación que Human Rights Watch observó que era evidente en la práctica. Algunos policías, al recibir a mujeres que se acercan para solicitar órdenes de protección, toman sus declaraciones de manera tan poco meticulosa que luego los jueces no tienen la información básica necesaria para decidir si corresponde dictar tales órdenes.
La policía civil no tiene capacidad para responder a la cantidad de denuncias que recibe. En Boa Vista, la policía no había llevado a cabo tareas de investigación en un total de 8.400 denuncias de violencia doméstica que estaban sin resolver. La mayoría de los casos quedan inactivos durante años, hasta que finalmente prescribe el delito, sin ningún tipo de acción penal, según lo señala la policía.
Taise Campos, una docente de 38 años, dijo a Human Rights Watch que presentó más de 15 denuncias policiales sobre los reiterados abusos físicos y verbales por parte de su ex-esposo. Pero el plazo de prescripción transcurrió antes de que esta persona pudiera ser juzgada por los presuntos delitos. “Una persona que necesita ayuda pierde totalmente la confianza en el sistema de justicia”, señaló Campos.
Brasil cuenta con un marco jurídico integral, establecido por la ley “Maria da Penha” de 2006, para prevenir la violencia doméstica y asegurar que se imparta justicia cuando se producen hechos de esta naturaleza. No obstante, la implementación de muchas de sus disposiciones está pendiente.
La ley, que recibió su nombre de una víctima que llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de respuesta de las autoridades de Brasil, instó a ampliar las comisarías de mujeres y las unidades de violencia doméstica en dependencias policiales no especializadas. Sin embargo, estas unidades siguen estando concentradas en las principales ciudades y, a menudo, a las mujeres que viven en otras áreas les resulta muy difícil acceder a ellas. Las comisarías de la mujer también ven su capacidad ampliamente superada, pues cada una de ellas atiende, en promedio, a una población de 210.000 mujeres.
La ley también permite que los jueces dicten órdenes para que los presuntos agresores se mantengan alejados de la vivienda de la mujer y no se comuniquen con ella ni su familia, entre otras medidas de protección. Sin embargo, la policía no le da seguimiento a la gran mayoría de las órdenes de protección.
Las autoridades de Roraima —y de Brasil en general— deben reducir los obstáculos que las mujeres enfrentan para realizar denuncias policiales, sostuvo Human Rights Watch. Además, las autoridades deben asegurar que los casos de violencia doméstica sean correctamente documentados en el momento en que las mujeres los denuncian, y que posteriormente sean investigados y juzgados. Las autoridades también deben asignar mayores recursos a actividades de capacitación e investigación, y sancionar a los funcionarios policiales que no cumplan con sus obligaciones.
“Si bien Roraima tiene la mayor tasa de asesinatos de mujeres de Brasil, los problemas que allí se manifiestan son sintomáticos de que, en todo el país, las mujeres se encuentran desprotegidas frente a los abusos que sufren”, señaló Canineu. “La ley Maria da Penha fue un adelanto importante, pero más de una década más tarde, la implementación sigue siendo absolutamente insuficiente en gran parte del país”.
