Un militar retirado del Ejército y propietario de una pequeña empresa. Un padre de familia que había vivido en Estados Unidos durante 20 años. Una persona con tarjeta de residencia que había residido en Estados Unidos. desde que tenía tres años. Un hombre que ya ha perdido a dos hermanos y no puede regresar con su familia y reanudar su vida en Estados Unidos. Todos tienen vínculos familiares y comunitarios en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y todos fueron deportados recientemente.
Una de las principales promesas de campaña del Presidente Trump fue abordar los supuestos peligros que representan los inmigrantes no autorizados. Desde su asunción, su gobierno ha continuado señalando arbitrariamente a los inmigrantes como delincuentes violentos y ha intensificado los arrestos vinculados con asuntos migratorios en Estados Unidos. Aun cuando su gobierno ha afirmado que se enfoca en delincuentes violentos, el jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas amenazó recientemente a todas las personas que se encuentran ilegalmente en el país, diciendo: “Deberían andar con cuidado, y deberían preocuparse”. Este gobierno desea infundir temor en los 11 millones de inmigrantes no autorizados, y en algunos residentes legales también.
Hoy, Human Rights Watch lanza una serie, Los Deportados, que cuenta las historias de personas que han sido recientemente deportadas o que enfrentan una posible deportación desde que Trump resultó electo. Las historias de estos inmigrantes muestran qué significan estas políticas en la vida real, tanto para las personas como para sus familias. Estos primeros cuatro relatos fueron contados al equipo de Human Rights Watch por inmigrantes recientemente deportados a México, un país en el que ninguno había vivido durante años.
Las políticas de deportación de Trump están dirigidas a residentes no autorizados y legales con diversos antecedentes penales, incluidas personas que cometieron delitos menores o que no tienen ningún antecedente penal. Muchos tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos.
El Congreso debería rechazar el pedido de Trump para obtener más fondos destinados a realizar deportaciones y detenciones. En septiembre, los congresistas decidirán si gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en un sistema inmigratorio con enormes fallas que con demasiada frecuencia no ofrece audiencias justas, incluso a personas que buscan protección frente a situaciones de persecución; encierra a personas en condiciones peligrosas y, en ocasiones, incluso letales; e impide que los jueces consideren siquiera los años de residencia de un inmigrante, sus vínculos familiares y el servicio prestado a este país antes de ordenar su deportación.
Las historias de esta serie nos recuerdan que las falencias del sistema inmigratorio de Estados Unidos van más allá de este gobierno. Trump heredó un engranaje de deportación que desea aplicar a fondo, compuesto por leyes que se aprobaron precipitadamente hace décadas. Necesitamos algo más que indignación ante el gobierno de Trump. Necesitamos un movimiento y compromiso renovados del Congreso que lleven a una reforma inmigratoria humanitaria y completa.
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