(Beirut) – Los derechos humanos fundamentales, y en particular el derecho a la libertad de expresión, fueron objeto de ataque en Irán en 2016, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2017. Organismos no electos, incluido el Consejo de Guardianes de Irán y el poder judicial, minaron los escasos esfuerzos de una serie de funcionarios gubernamentales y miembros del Parlamento que buscaban defender los derechos de los ciudadanos, y con frecuencia, sobrepasaron sus mandatos legales al cometer estas violaciones.

Las fuerzas de seguridad, especialmente la unidad de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y el poder judicial, reprimieron a los ciudadanos por intentar ejercer sus derechos. Facciones de línea dura provocaron la detención de varios periodistas y ciudadanos iraníes con doble nacionalidad, acusándolos, sin aportar pruebas, de formar parte de la llamada “red de infiltración” supuestamente liderada por Occidente para influir en el país y sus valores fundamentales. Decenas de otros activistas, defensores de los derechos humanos y usuarios de las redes sociales fueron arrestados por expresar pacíficamente su disidencia, especialmente en las redes sociales. Los tribunales revolucionarios dictaron sentencias de prisión cada vez más severas contra los activistas, algunas de ellas de más de 10 años de duración.

“Las fuerzas de seguridad y el poder judicial se han convertido en los principales obstáculos para la justicia en Irán, en contradicción con su propósito declarado de defender la justicia”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio para Human Rights Watch. “Socavar las libertades fundamentales de los ciudadanos y anular sus protecciones legales manifiesta una falta de confianza en su propia capacidad de gobernar con legitimidad”.

En la 27.º edición de su Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth escribe sobre cómo una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos como un obstáculo a la voluntad de la mayoría. Para quienes se sienten olvidados por la economía global y progresivamente atemorizados por los delitos violentos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público deberán desempeñar un rol clave en la reivindicación de los valores sobre los cuales se ha construido la democracia basada en el respeto de los derechos.

A pesar de una disminución inicial en las ejecuciones en los primeros meses de 2016, según fuentes oficiales, las autoridades habían ejecutado a 203 personas hasta el 25 de octubre de 2016, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que el número real podría superar las 400.

Las iniciativas presentadas al Parlamento en diciembre de 2015 para eliminar el uso de la pena de muerte por delitos de drogas no violentos no prosperaron. El 23 de noviembre de 2016, los miembros del Parlamento presentaron un nuevo proyecto de ley para limitar el uso de la pena de muerte en los casos de delitos no violentos relacionados con las drogas.

El 2 de agosto, Irán ejecutó, bajo la acusación de “enemistad contra Dios”, a al menos a 20 presuntos miembros de un grupo que las autoridades consideran una organización terrorista. Grupos de defensa de los derechos humanos creen que estas personas formaban parte de un grupo de 33 hombres kurdos sunitas arrestados en 2009 y 2010 y condenados a muerte en juicios injustos, después de haber sufrido abusos y torturas mientras estaban detenidos.
 

Las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. El 31 de julio, el presidente Hassan Rouhani suspendió el examen de contratación para empleos del sector público para investigar la aparente discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.

El gobierno restringe las libertades religiosas y niega el derecho de los Baha’is a practicar su religión. El gobierno también restringe las actividades culturales y políticas entre las minorías azeríes, árabes y baluchis del país. Sin embargo, en agosto, a los participantes en los exámenes nacionales de ingreso para las universidades en Irán se les permitió elegir las lenguas kurda y turca como especialidad en el nivel de licenciatura.

En 2016, numerosos destacados defensores de los derechos humanos y activistas, entre ellos Narges Mohammadi, Mohammad Seddigh Kaboudvand y Abdolfatah Soltani, permanecieron en prisión. Las prominentes figuras de la oposición Mir-Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard y Mehdi Karroubi continúan bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio desde febrero de 2011.