A pesar de llevar tres años en el cargo, el presidente Hassan Rouhani no ha cumplido su promesa electoral de un mayor respeto por los derechos civiles y políticos. Las ejecuciones, especialmente por delitos relacionados con las drogas, continuaron a un ritmo elevado. A medida que Rouhani se prepara para unas elecciones por un segundo mandato en mayo de 2017, las facciones de línea dura que dominan el aparato de seguridad y judicial continuaron reprimiendo a los ciudadanos por el legítimo ejercicio de sus derechos, en flagrante incumplimiento de las normas legales internacionales y nacionales. Los ciudadanos iraníes con doble nacionalidad y los ciudadanos que regresaban del extranjero corrían un riesgo especial de ser arrestados por las autoridades de inteligencia, acusados de ser “agentes occidentales”.

Ejecuciones, el derecho a no ser torturado y el trato inhumano

A pesar de una disminución inicial de las ejecuciones en los primeros meses de 2016, las autoridades habían ejecutado al menos a 203 personas hasta el 25 de octubre. Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos humanos reportan que el número de ejecuciones podría llegar a 437, la mayoría de ellas en el segundo semestre del año. Según las autoridades gubernamentales, las personas condenadas por delitos de drogas constituyen la mayoría de las ejecuciones en el país.

Según la legislación iraní, muchos delitos no violentos, como “insultar al Profeta”, la apostasía, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el adulterio y los delitos relacionados con las drogas, pueden ser castigados con la muerte. En diciembre de 2015, miembros del Parlamento presentaron un proyecto de ley para eliminar la pena de muerte por delitos de drogas que no involucraran violencia. Sin embargo, la iniciativa, aunque bien acogida por varias autoridades, no ha prosperado.

El 2 de agosto, las autoridades anunciaron que habían ejecutado a por lo menos 20 presuntos miembros de un grupo que Irán considera una organización terrorista bajo la acusación de moharebeh o “enemistad contra Dios”. Los grupos de defensa de los derechos humanos creen que estos individuos formaban parte de un grupo de 33 hombres kurdos sunitas detenidos en 2009 y 2010 y condenados a muerte en juicios injustos, tras sufrir abusos y torturas bajo detención. En agosto, las autoridades de la provincia de Khuzestán ejecutaron a tres ciudadanos árabes por presuntos cargos de terrorismo.

Nuevas enmiendas al código penal iraní otorgan a los jueces la potestad discrecional para no condenar a los niños a muerte. Sin embargo, Irán continuó ejecutando a niños en 2016. El 18 de julio, Amnistía Internacional informó que las autoridades habían ahorcado a Hassan Afshar, que fue arrestado cuando tenía 17 años y condenado por “relaciones sexuales anales forzadas entre hombres” (lavat-e be onf). Al menos 49 presos condenados a muerte lo fueron por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años de edad.

En marzo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas señaló que la flagelación seguía siendo un castigo legal para niños y niñas condenados por ciertos delitos. El comité observó que menores lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) habían sido sometidos a descargas eléctricas para “curarlos”.

El 25 de mayo, los medios de comunicación iraníes informaron que las autoridades habían azotado a 17 mineros en la provincia de Azerbaiyán Occidental después de que su empleador les demandara por protestar por el despido de unos compañeros de trabajo.

Juicios justos y trato de prisioneros

Los tribunales iraníes, y en particular los tribunales revolucionarios, a menudo se quedaron lejos de conceder juicios justos y presuntamente utilizaron como evidencia en el tribunal confesiones obtenidas mediante la tortura. La legislación iraní restringe el derecho de un acusado a acceder a un abogado, especialmente durante el período de investigación.

Según el código de procedimiento penal iraní, a las personas acusadas de delitos de seguridad nacional o internacional o delitos políticos y periodísticos, así como a aquellas acusadas de delitos que incurran en pena muerte, cadena perpetua o castigo retributivo (qisas) se les puede negar asesoría legal hasta una semana. Además, tienen que seleccionar a su asesor legal entre un grupo de abogados pre-aprobados por el jefe del poder judicial.

Varios presos políticos y personas acusadas de crímenes de seguridad nacional sufrieron la falta de acceso adecuado a la atención médica bajo detención. En abril, Omid Kokabee, un joven físico que fue condenado a 10 años de prisión en 2012, se sometió a una cirugía para extirpar su riñón derecho debido a complicaciones de cáncer, después de que las autoridades retrasaran indebidamente su acceso a tratamiento médico apropiado.

Libertad de expresión e información

El espacio para la libertad de expresión y la disidencia siguió estando altamente restringido, y las autoridades continuaron arrestando e imputando a periodistas, blogueros y activistas de medios sociales por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En abril, un tribunal revolucionario condenó a los periodistas Afarin Chitsaz, Ehsan Mazandarani y Saman Safarzaei a diez, siete y cinco años, respectivamente, y a Davoud Assadi, hermano de Houshang Assadi, un periodista que vive en Francia, a cinco años. Las sentencias de Mazandarani y Chitsaz fueron reducidas a dos y cinco años, respectivamente, por la corte de apelaciones. Los servicios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC) arrestaron a los cuatro individuos, junto con el periodista Issa Saharkhiz, acusándolos de formar parte de una “red de infiltración” en colusión con medios de comunicación extranjeros.

En junio, el país comenzó a implementar una ley de delitos políticos que, aunque suponga un paso adelante hacia la garantía de juicios justos, todavía puede limitar la libertad de expresión. Según la ley, se consideran crímenes políticos insultar o difamar a los funcionarios públicos cuando “están comprometidos a lograr reformas y no tienen la intención de atacar el sistema”. Sin embargo, los presos políticos deben ser detenidos por separado de los delincuentes ordinarios y deben ser juzgados públicamente ante un jurado, a menos que se considere que es perjudicial para las disputas familiares, la seguridad nacional o el sentimiento religioso y étnico.

Cientos de sitios web, incluyendo plataformas de medios sociales como Facebook y Twitter, permanecieron bloqueados en Irán. Los servicios de inteligencia vigilaron fuertemente las actividades de los ciudadanos en las redes sociales. Cientos de usuarios de medios de comunicación social, en particular de la aplicación de mensajería Telegram y de Instagram, han sido convocados o arrestados por el IRGC por comentar sobre temas polémicos, incluida la moda.

En el último año, la policía y el poder judicial impidieron la celebración de decenas de conciertos musicales, en particular de cantantes y músicos femeninas, en distintas provincias.

Libertad de asociación, asamblea y voto

En febrero, millones de iraníes participaron en las elecciones al Parlamento y la Asamblea de Expertos. En vísperas de estas elecciones, el Consejo Guardián, órgano encargado de examinar a los candidatos, descalificó a la mayoría de los candidatos asociados al movimiento reformista en base a criterios discriminatorios y arbitrarios. Después de las elecciones, en una medida sin precedentes, el consejo descalificó a Minoo Khaleghi, que había sido elegida en la ciudad de Isfahan, por acusaciones de haberle estrechado la mano a un hombre.

Las autoridades siguen centrándose en los sindicalistas independientes y restringiendo la libertad de reunión y asociación.

El 22 de febrero, un tribunal revolucionario condenó a seis años de prisión a Ismail Abdi, secretario general de la Asociación de Profesores, detenido desde junio de 2015, en parte por organizar una manifestación de profesores frente al Parlamento el 15 de mayo.

El 27 de julio, 92 organizaciones estudiantiles publicaron una carta al presidente Rouhani en la que criticaban la persistente “atmósfera de miedo e intimidación” en las universidades iraníes tras la cancelación de programas estudiantiles o la interferencia ilegal en las agendas de estos programas por parte de autoridades no universitarias. Mientras que la activista de los derechos de las mujeres y los estudiantes, Bahareh Hedayat fue liberada en septiembre después de seis años y medio en prisión, Zia Nabavi, un prominente activista estudiantil, permaneció en prisión. Ambos llevaban encarcelados desde 2009 por su activismo pacífico tras las elecciones presidenciales de ese año.

Prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos

Decenas de defensores de los derechos humanos y activistas políticos como Abdolfattah Soltani permanecieron en prisión por sus actividades pacíficas. En mayo, un tribunal revolucionario sentenció a la prominente activista de derechos humanos iraní Narges Mohammadi, detenida durante un año, a un total de 16 años de prisión por cargos como ser miembro de una campaña para acabar con la pena de muerte.

En 2010, un tribunal revolucionario sentenció a Mohammadi a seis años de prisión por sus actividades relacionadas con los derechos, pero las autoridades la liberaron debido a una condición médica grave que sigue padeciendo.

En mayo, el destacado defensor kurdo de los derechos humanos Mohammad Sediq Kaboudvand, ex presidente de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán, emprendió una huelga de hambre en su noveno año de detención para protestar por los nuevos cargos que se le imputaban.

Las destacadas figuras de la oposición Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard y Mehdi Karroubi, recluidas sin cargos ni juicio desde febrero de 2011, permanecieron bajo arresto domiciliario. El fiscal de Teherán, que ha prohibido a los medios de comunicación publicar el nombre del ex presidente iraní, Mohamad Khatami, también le prohibió asistir a varios eventos públicos.

Derechos de la mujer

Las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Una mujer necesita la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio, independientemente de su edad, y no puede transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero ni a sus hijos. Las mujeres casadas no pueden obtener un pasaporte o viajar fuera del país sin el consentimiento escrito de sus esposos.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU reportó en marzo que la edad de matrimonio de las niñas es de 13 años, que las relaciones sexuales con niñas de apenas nueve años lunares no están penalizadas y que los jueces tienen la potestad discrecional para liberar a algunos perpetradores de los denominados crímenes de honor sin ningún castigo. El matrimonio infantil, aunque no sea la norma, continúa, ya que la ley permite que las niñas se casen a los 13 años y los niños a los 15 años, e incluso a edades más tempranas si es autorizado por un juez.

Las autoridades continúan impidiendo que las niñas y las mujeres asistan a ciertos eventos deportivos, como los partidos de fútbol y voleibol de los hombres.

El 31 de julio de 2016, el presidente Rouhani suspendió el examen ofrecía previo a la contratación de empleos del sector público para investigar la aparente discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.

Trato de las minorías

El gobierno niega la libertad de religión a los Baha’is y los discrimina. Hasta octubre de 2016 había al menos 85 Baha’is encarcelados en prisiones iraníes. Los cristianos conversos del Islam, así como los miembros del movimiento de la “iglesia en casa”, que se reúnen para rezar en casas privadas, siguieron siendo blanco de las fuerzas de seguridad.

En agosto, varias figuras sunitas en zonas kurdas fueron convocadas e interrogadas después de haber criticado las ejecuciones de al menos 20 personas ocurrido el 2 de agosto.

El gobierno restringió las actividades culturales y políticas entre las minorías azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país. Sin embargo, en agosto, a los participantes en los exámenes nacionales de ingreso para las universidades en Irán se les permitió elegir las lenguas kurda y turca como especialidad en el nivel de licenciatura. El año pasado, la Universidad de Kurdistán presuntamente aceptó a 40 estudiantes para estudiar el idioma kurdo en el nivel de licenciatura.

Actores internacionales clave

El 16 de enero, Irán y sus aliados internacionales anunciaron el “día de la implementación” del acuerdo nuclear, conocido como Plan Integral Conjunto de Acción, y el subsiguiente levantamiento de las sanciones económicas y financieras relacionadas con las actividades nucleares de Irán. Desde el acuerdo, varias delegaciones comerciales han viajado entre Irán y otros países, particularmente europeos.

En 2016 el gobierno iraní siguió proporcionando asistencia militar al gobierno sirio. Human Rights Watch ha documentado un patrón de ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, así como torturas por parte del gobierno sirio. El 15 de agosto, los medios de comunicación afirmaron que Rusia había utilizado una base militar iraní en la ciudad de Hamedan para sus ataques aéreos en Siria.

El 16 de abril, la Alta Representante de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, y el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, anunciaron en una declaración conjunta que la UE e Irán tenían la intención de cooperar en materia de derechos humanos, migración y drogas.

El 25 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó el informe sobre la estrategia de la UE para Irán tras el acuerdo nuclear, en el que expresó su preocupación por el alarmante índice de ejecuciones en Irán y pidió la liberación de todos los presos políticos.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU eligió a Asma Jahangir como nueva relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán. Irán no permitió que su predecesor, Ahmed Shaheed, que fue nombrado en 2011, visitara el país.