La sombra de El Caracazo acecha a Venezuela. En febrero de 1989, el descontento popular ante medidas económicas llevó a incidentes de violencia y saqueos. El Caracazo, como se conoció a esta ola de protestas, causó cientos de muertes, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, y generó denuncias de tortura.
La semana pasada, los venezolanos hicieron colas no solo para comprar comida o medicinas—a lo cual ya están acostumbrados—sino también para cambiar billetes de 100 bolívares. El Presidente Nicolás Maduro había ordenado que estos billetes salieran de circulación y les dio 72 horas a los venezolanos para que los entregaran en el Banco Central. Argumentó que eliminar los billetes de máximo valor era necesario para combatir mafias—en países como Colombia, Brasil, Alemania y Ucrania—que los estaban acaparando. También cerró las fronteras para evitar que los billetes de 100 bolívares reingresaran al país.
Para reemplazar estos billetes, el Presidente Maduro anunció que se distribuirían billetes de mayor denominación el 15 de diciembre. Cuando ello no ocurrió, dijo que la entrega se había demorado por culpa de un “sabotaje internacional.” Pero culpar a otros no mejoró en nada la situación de los venezolanos ante las fiestas de fin de año.
Para muchos, las colas y la falta de efectivo, sumado a todo lo demás que los venezolanos han aprendido a sobrellevar, resultaron intolerables. El 16 de diciembre, surgieron incidentes de violencia en el estado Bolívar que se esparcieron rápidamente. Los medios reportaron saqueos a decenas de negocios, con un saldo de al menos tres personas muertas y más de 300 detenidos.
El 17 de diciembre, Maduro anunció que el billete de 100 bolívares seguiría teniendo validez hasta el 2 de enero, pero la situación permanece tensa.
En un país donde los medios reportan que el 40 por ciento de la población no tiene una cuenta bancaria, la eliminación del billete de 100 bolívares tuvo un impacto mayor en quienes menos tienen. Lo mismo ha ocurrido con otras medidas del gobierno de Maduro. Redadas policiales y militares en comunidades de bajos recursos e inmigrantes han llevado a denuncias generalizadas de abusos. El desabastecimiento severo de medicinas y comida ha hecho que sea muy difícil para muchos venezolanos—especialmente para aquellos con menos recursos que solo pueden acceder a productos sujetos a controles de precios impuestos por el gobierno—conseguir una nutrición adecuada para su familia o acceso a servicios de salud básicos.
Es imposible predecir qué va a ocurrir. Sin embargo, para reducir el riesgo—muy real, por cierto—de otro Caracazo, los líderes democráticos de gobiernos de la región deben enviarle a Maduro un mensaje claro y contundente: Maduro es responsable de las políticas de su gobierno, y debe dedicarse a solucionar las crisis que enfrenta el país en vez de acusar a supuestos enemigos de crearlas.
