(Nueva York) – Mujeres embarazadas y niños pequeños, muchos de los cuales son despojados de su ciudadanía dominicana antes de ser expulsados hacia Haití, viven actualmente en condiciones deplorables, señaló hoy Human Rights Watch. Están entre los miles de dominicanos de ascendencia haitiana que, desde mediados de 2015, han sido obligados a abandonar su país de nacimiento, incluso a través de deportaciones sumarias abusivas efectuadas por el gobierno dominicano.
“No solo se les ha privado del derecho a la nacionalidad, sino que tampoco reciben la asistencia que tanto necesitan”, señaló Skye Wheeler, investigadora sobre derechos de la mujer en contextos de emergencia de Human Rights Watch. “Ni el gobierno haitiano ni el dominicano están ayudando a algunas de las personas indocumentadas más vulnerables”.
Hasta el 3 de noviembre de 2016, casi 150.000 migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana habían ingresado a Haití desde mediados de 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Luego de que, en 2013, una sentencia judicial despojara retroactivamente de ciudadanía dominicana a decenas de miles de personas, el gobierno suspendió momentáneamente el proceso de deportaciones y, a la vez, tomó medidas para mitigar el impacto de ese pronunciamiento y para inscribir a personas con condición migratoria irregular. Esas inscripciones presentaron graves falencias, y el gobierno dominicano reanudó las deportaciones a Haití en julio de 2015. Si bien algunas personas deportadas eran migrantes sin motivos válidos para permanecer en la República Dominicana, otras eran dominicanas de ascendencia haitiana, incluidas algunas que fueron deportadas en forma sumaria y varias que se fueron del país porque creían que no podrían evitar ser deportadas, independientemente de la plausibilidad de su reclamo de ciudadanía dominicana.
Ningún gobierno ni organismo ha realizado un seguimiento para determinar en qué lugar de Haití se ha asentado la mayoría de estas personas. Sin embargo, se sabe que al menos 3.000 entre las más pobres de estas personas han estado en campamentos próximos a la localidad de Anse-à-Pitres, en el sur de Haití, donde muchas viven aún y tienen grandes dificultades para conseguir alimentos suficientes. Las personas viven en refugios improvisados armados con cartón y trapos. Si bien el huracán Matthew impactó más fuertemente en otras zonas de Haití, estos precarios refugios no resistieron las inundaciones provocadas por la tormenta del 4 de octubre de 2016.
Diversas organizaciones no gubernamentales han calificado de “deplorables” las condiciones de acceso al agua y el saneamiento en los campamentos. Algunos funcionarios locales dijeron a Human Rights Watch que no habían recibido fondos adicionales del gobierno central para ayudar a las personas en los campamentos.
Human Rights Watch visitó los campamentos de Anse-à-Pitres en septiembre para determinar cuál era la disponibilidad de atención de la salud reproductiva, como lo ha hecho en otros campamentos de Haití. Human Rights Watch entrevistó a 18 mujeres y jovencitas que estaban embarazadas o habían dado a luz recientemente, y descubrió que muchas no podían pagar el costo de asistencia básica ni acceder a esta atención de otro modo. Human Rights Watch también entrevistó a socorristas locales, funcionarios gubernamentales locales, funcionarios de salud y representantes de organizaciones no gubernamentales.
En 2015, Human Rights Watch comprobó que las acciones del gobierno dominicano para paliar las consecuencias de la sentencia de 2013 en teoría eran valiosas, pero tenían muchas falencias en la práctica. Los dominicanos de ascendencia haitiana indocumentados que ahora están en Haití (incluidos muchos niños), a quienes les quitaron la nacionalidad, no tienen una vía clara ni accesible para plantear sus reclamos legítimos de ciudadanía dominicana, y esto convierte a muchos en apátridas y viola su derecho a la nacionalidad.
El gobierno haitiano, incluidos los miembros de la nueva administración electa tras las elecciones celebradas el 20 de noviembre, deberían dar respuesta a este problema y establecer claramente qué opciones tienen estas personas apátridas de quedarse en Haití y obtener la ciudadanía haitiana, y si todavía pueden proteger su reclamo de nacionalidad dominicana, así como el compromiso del gobierno haitiano de trabajar para facilitar cualquiera de estas elecciones.
La afluencia de miles de personas a Anse-à-Pitres incrementó la demanda de recursos escasos en una región donde ya existía desabastecimiento de alimentos. El gobierno haitiano y los donantes internacionales deberían identificar formas de atender este incremento de las necesidades, entre otras cosas, apoyando que haya mayor disponibilidad de atención de la salud reproductiva para las mujeres. Esta atención hoy es más difícil de conseguir en esa localidad y las zonas aledañas, en comparación con otras partes de Haití.
Varias mujeres entrevistadas dijeron que habían tenido que pagar sobornos o rogar a guardias dominicanos para que les permitieran cruzar la frontera hacia la República Dominicana con el fin de recibir atención básica, como cesáreas o ecografías, que no están disponibles en la localidad del lado haitiano. Y ninguna de estas personas dormía bajo mosquiteros, a pesar del gran riesgo de malaria, sobre todo para mujeres embarazadas, y ahora también del virus del Zika, que puede afectar el desarrollo fetal.
“Las mujeres obligadas a salir de la República Dominicana coincidían en señalar que habían tenido un mejor acceso a atención materna en el país de origen”, indicó Wheeler. “Casi todas las mujeres que vivían en los campamentos dijeron que pasaban hambre todo el tiempo, particularmente cuando estaban embarazadas”.
Seis de las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch habían sido deportadas por funcionarios dominicanos, aparentemente de manera arbitraria. Dijeron que funcionarios en uniforme, que según creían eran agentes inmigratorios, no hicieron siquiera intentos meramente formales de determinar si debían ser deportadas, salvo controlar si tenían documentos nacionales de identidad o de trabajo, y a algunas no se les preguntó ni cómo se llamaban. Todas habían sido separadas de algunos de sus hijos durante días o semanas después de cruzar la frontera, y ninguna tuvo recursos legales ni posibilidades de oponerse a la deportación ante un juez.
El gobierno haitiano y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cuenta con mandatos sobre apatridia y sobre refugiados, deberían crear una línea telefónica de ayuda o puestos de información accesibles para personas que necesitan asistencia con cuestiones relativas a su nacionalidad. El gobierno haitiano debería trabajar con el dominicano para normalizar la migración entre ambos países. Los haitianos también necesitan un acceso confiable a documentos de identidad de Haití.
El gobierno dominicano debería restablecer inmediatamente la plena nacionalidad de todos los afectados por la sentencia de 2013, encontrar un modo de asegurar que todos los niños nacidos en el país antes del 26 de enero de 2010 tengan acceso a registros civiles y emitir los documentos correspondientes para garantizar que estén protegidos de la posibilidad de expulsión arbitraria a Haití. El gobierno dominicano también debería trabajar activamente para encontrar y reconocer como dominicanos a los ciudadanos desnacionalizados que están en Haití, permitirles regresar rápidamente a la República Dominicana y emitir los documentos pertinentes. Deberían eliminarse los obstáculos que impiden a padres dominicanos de ascendencia haitiana inscribir el nacimiento de sus hijos.
La República Dominicana debería concluir de manera inmediata las deportaciones arbitrarias, y asegurar que todas las deportaciones lícitas se lleven a cabo respetando los derechos de los afectados. Las deportaciones deberían evaluarse en forma individual, y las personas deportadas deberían recibir una copia de la orden de deportación y tener la posibilidad de objetar la decisión ante un tribunal independiente, que esté facultado para suspender esa medida. Las deportaciones no deberían atentar contra la unidad familiar.
Human Rights Watch también concluyó que la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, que en ambos casos tienen el mandato de asistir a personas en esta situación, a mediados de 2016 redujeron el seguimiento de los desplazamientos de la población a través de la frontera, incluidas las deportaciones abusivas, en parte debido a falta de fondos suficientes. En septiembre, ACNUR solo había podido ayudar a cinco dominicanos a regresar a la República Dominicana, sobre las miles de personas que, según estima, tendrían reclamos legítimos, también en parte por falta de financiamiento.
“Haber quitado la ciudadanía arbitrariamente a miles de dominicanos ha provocado un sufrimiento innecesario, y todavía no se están adoptando medidas concretas para intentar rectificar esta situación”, apuntó Wheeler.
