Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente de Argentina, Javier Milei, y su gobierno han desmantelado protecciones clave en materia de salud sexual y reproductiva.
Un nuevo informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) demuestra que la retórica dañina de Milei y su gobierno sobre el aborto genera “un clima de incertidumbre y riesgo,” causando desinformación y confusión sobre la vigencia de la ley y afectando negativamente la seguridad de los y las profesionales de la salud.
El gobierno también detuvo la distribución nacional de los medicamentos misoprostol y mifepristona, que se utilizan para la atención del aborto y para un manejo menos invasivo de abortos espontáneos, restringiendo efectivamente el acceso a estos servicios esenciales. También recortó la distribución de métodos anticonceptivos, incluída la anticoncepción de emergencia y los tests de embarazo, y recortó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que redujo la tasa de fertilidad adolescente en Argentina casi a la mitad entre 2018 y 2021. Esto deja a muchas adolescentes y niñas con menos opciones para prevenir embarazos no deseados, lo que efectivamente obliga a algunas a llevar adelante embarazos que no eligieron e incrementa los riesgos para la salud.
Argentina legalizó el aborto hasta las catorce semanas en diciembre de 2020, un logro histórico alcanzado tras décadas de lucha del movimiento de mujeres, que dio origen a la marea verde en América Latina. Sin embargo, debido a los recortes del gobierno de Milei, la responsabilidad de garantizar el acceso al aborto legal, incluidos los insumos esenciales, recae únicamente en los gobiernos provinciales y en los equipos de salud, que continúan sosteniendo los servicios.
Estos recortes afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas gestantes que viven en provincias de bajos ingresos o con recursos limitados, donde las desigualdades son más pronunciadas. Casi la mitad de las personas encuestadas en un sondeo reciente sobre acceso al aborto informaron haber pagado algún gasto relacionado con el servicio, más comúnmente por ecografías, una carga económica que afecta especialmente a quienes ya viven en situación de pobreza, a pesar de la obligación del Estado de garantizar el acceso gratuito a los servicios de aborto. En 2024, el gobierno nacional no compró medicamentos para el aborto, y todos los costos recayeron en los gobiernos provinciales. CEDES destaca amplias disparidades provinciales: en algunas provincias, solo el 2% de los establecimientos públicos ofrecen servicios de aborto, mientras que en otras el 70–90% brinda atención. Las mujeres y niñas en provincias con menos recursos tienen muchas menos opciones, mostrando el impacto territorial desproporcionado causado por los recortes a nivel nacional.
El debilitamiento del acceso al aborto por parte del gobierno podría violar derechos internacionalmente protegidos de mujeres y niñas, incluidos los derechos a la vida, la salud y la privacidad. El gobierno nacional debería restaurar de manera urgente los programas y los insumos, y asegurar que mujeres, niñas y personas gestantes puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y su futuro.
