(New York) – Miles de menores en países afectados por conflictos han sido detenidos durante meses o incluso años sin que se presentaran cargos, alegando que representan amenazas a la seguridad nacional, señaló Human Rights Watch en un informe. Muchos de ellos han sido torturados o murieron mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades. Los gobiernos deberían desistir inmediatamente de la práctica de detención de menores contra los cuales no levantan cargos, y sancionar a quienes los maltratan.
El informe de 35 páginas, “Extreme Measures: Abuses against Children Detained as National Security Threats” [Medidas extremas: Abusos contra menores detenidos como amenazas a la seguridad nacional], documenta la aprehensión y detención de menores por su presunta asociación con grupos armados no estatales o participación en delitos vinculados con conflictos. Las leyes excesivamente amplias e imprecisas en materia de antiterrorismo que se adoptaron en respuesta a grupos armados como Estado Islámico y Boko Haram han originado un incremento en las detenciones de menores que se perciben como amenazas a la seguridad. Human Rights Watch analizó específicamente la detención de menores y el trato que estos reciben en Afganistán, la República Democrática del Congo, Irak, Israel/Palestina, Nigeria y Siria.
“Los gobiernos están avasallando los derechos de los niños, al dar una respuesta desacertada y contraproducente a la violencia relacionada con los conflictos”, destacó Jo Becker, directora de defensa de los derechos del niño de Human Rights Watch. “La detención por tiempo indefinido y la tortura de niños deben cesar”.
El informe se elaboró a partir de entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con numerosos ex detenidos, incluidos menores, en los seis países; informes emitidos por las Naciones Unidas; y otras fuentes secundarias.
La investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en el terreno determinó que, además de los menores que son detenidos en relación con delitos penales concretos, muchos son llevados durante redadas masivas o son arrestados sobre la base de evidencias poco firmes, sospechas infundadas o por la presunta participación de familiares suyos en actividades terroristas. Algunos niños, incluidos bebés, son detenidos junto con sus madres por supuestos delitos contra la seguridad. Miembros de las fuerzas de seguridad han torturado a menores y les han dispensado otros tratos crueles, inhumanos y degradantes para obligarlos a efectuar confesiones bajo coacción, obtener información de inteligencia o a modo de castigo. Algunos menores que estuvieron anteriormente detenidos indican haber sufrido golpizas, violaciones sexuales y descargas eléctricas, haber sido obligados a permanecer por largos períodos en posiciones forzadas destinadas a causar estrés y haber sido amenazados con la posibilidad de ejecución.
En países como Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria, es posible que las autoridades retengan en todo momento a cientos de menores por haber estado presuntamente implicados en delitos vinculados con el conflicto. A muchos se les niega el acceso a abogados o familiares, o la posibilidad de cuestionar su detención ante un juez. Suelen permanecer detenidos en condiciones deplorables, y encerrados en celdas hacinadas junto con adultos, donde reciben alimentos y atención medica absolutamente insuficientes.
En Nigeria y Siria, una cantidad indeterminada de niños habrían muerto estando detenidos debido a falta de atención médica, inanición, deshidratación o torturas. En Afganistán, es más común que miembros de las fuerzas de seguridad torturen a niños que a adultos, según se indicó en entrevistas mantenidas con representantes de la ONU.
También es habitual que integrantes de las fuerzas de seguridad detengan a niños por las supuestas acciones de familiares suyos, sin ninguna prueba de que los menores hayan cometido algún ilícito. Por ejemplo, en Irak, miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a varones y niñas y les han aplicado torturas para conseguir información que incriminara a familiares de ellos en relación con actos terroristas.
Un número cada vez mayor de países han adoptado o reformado leyes con el fin de otorgar a las autoridades mayor discrecionalidad para detener a personas, incluidos niños, que se perciben como amenazas a la seguridad. Tales leyes incrementan los períodos de detención, permiten el encarcelamiento por tiempo indefinido con fines punitivos y extienden la competencia de los tribunales militares.
Por ejemplo, cada año Israel juzga a cientos de niños palestinos en tribunales militares por delitos vinculados con la seguridad —principalmente arrojar piedras contra soldados israelíes— sin las garantías propias de la justicia de menores que exige el derecho internacional. Cientos de niños palestinos habrían sufrido maltratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes durante las aprehensiones, mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades o al ser detenidos, lo que incluyó propinarles puntapiés, golpizas y otro tipo de violencia física.
En su informe anual más reciente sobre los niños y los conflictos armados, que será tratado por el Consejo de Seguridad el 2 de agosto de 2016, el Secretario General Ban Ki-moon exhortó a los países miembros de la ONU a establecer con urgencia alternativas a la detención y la persecución penal de menores que hayan estado asociados con grupos armados o que hayan participado en extremismo violento.
Los gobiernos deberían poner fin inmediatamente a todas las detenciones de menores en las cuales no se formulen cargos, y transferir a todos los niños asociados con grupos armados a las autoridades de protección infantil para su rehabilitación. En los casos en los cuales los menores son acusados justificadamente de haber cometido delitos penales, deberían recibir un trato acorde con los estándares de la justicia internacional de menores, que se enfocan especialmente en las alternativas a la detención y asignan prioridad a la rehabilitación y la reintegración social del menor.
“La alienación experimentada por menores que son captados por milicias se verá profundizada aún más por las torturas y otros abusos sufridos a manos de autoridades”, apuntó Becker. “La detención de menores es una medida equivocada si se pretende disuadirlos de cometer actos de violencia en el futuro”.
La investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en el terreno determinó que, además de los menores que son detenidos en relación con delitos penales concretos, muchos son llevados durante redadas masivas o son arrestados sobre la base de evidencias poco firmes, sospechas infundadas o por la presunta participación de familiares suyos en actividades terroristas. Algunos niños, incluidos bebés, son detenidos junto con sus madres por supuestos delitos contra la seguridad. Miembros de las fuerzas de seguridad han torturado a menores y les han dispensado otros tratos crueles, inhumanos y degradantes para obligarlos a efectuar confesiones bajo coacción, obtener información de inteligencia o a modo de castigo. Algunos menores que estuvieron anteriormente detenidos indican haber sufrido golpizas, violaciones sexuales y descargas eléctricas, haber sido obligados a permanecer por largos períodos en posiciones forzadas destinadas a causar estrés y haber sido amenazados con la posibilidad de ejecución.
En países como Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria, es posible que las autoridades retengan en todo momento a cientos de menores por haber estado presuntamente implicados en delitos vinculados con el conflicto. A muchos se les niega el acceso a abogados o familiares, o la posibilidad de cuestionar su detención ante un juez. Suelen permanecer detenidos en condiciones deplorables, y encerrados en celdas hacinadas junto con adultos, donde reciben alimentos y atención medica absolutamente insuficientes.
En Nigeria y Siria, una cantidad indeterminada de niños habrían muerto estando detenidos debido a falta de atención médica, inanición, deshidratación o torturas. En Afganistán, es más común que miembros de las fuerzas de seguridad torturen a niños que a adultos, según se indicó en entrevistas mantenidas con representantes de la ONU.
También es habitual que integrantes de las fuerzas de seguridad detengan a niños por las supuestas acciones de familiares suyos, sin ninguna prueba de que los menores hayan cometido algún ilícito. Por ejemplo, en Irak, miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a varones y niñas y les han aplicado torturas para conseguir información que incriminara a familiares de ellos en relación con actos terroristas.
Un número cada vez mayor de países han adoptado o reformado leyes con el fin de otorgar a las autoridades mayor discrecionalidad para detener a personas, incluidos niños, que se perciben como amenazas a la seguridad. Tales leyes incrementan los períodos de detención, permiten el encarcelamiento por tiempo indefinido con fines punitivos y extienden la competencia de los tribunales militares.
Por ejemplo, cada año Israel juzga a cientos de niños palestinos en tribunales militares por delitos vinculados con la seguridad —principalmente arrojar piedras contra soldados israelíes— sin las garantías propias de la justicia de menores que exige el derecho internacional. Cientos de niños palestinos habrían sufrido maltratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes durante las aprehensiones, mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades o al ser detenidos, lo que incluyó propinarles puntapiés, golpizas y otro tipo de violencia física.
En su informe anual más reciente sobre los niños y los conflictos armados, que será tratado por el Consejo de Seguridad el 2 de agosto de 2016, el Secretario General Ban Ki-moon exhortó a los países miembros de la ONU a establecer con urgencia alternativas a la detención y la persecución penal de menores que hayan estado asociados con grupos armados o que hayan participado en extremismo violento.
Los gobiernos deberían poner fin inmediatamente a todas las detenciones de menores en las cuales no se formulen cargos, y transferir a todos los niños asociados con grupos armados a las autoridades de protección infantil para su rehabilitación. En los casos en los cuales los menores son acusados justificadamente de haber cometido delitos penales, deberían recibir un trato acorde con los estándares de la justicia internacional de menores, que se enfocan especialmente en las alternativas a la detención y asignan prioridad a la rehabilitación y la reintegración social del menor.
“La alienación experimentada por menores que son captados por milicias se verá profundizada aún más por las torturas y otros abusos sufridos a manos de autoridades”, apuntó Becker. “La detención de menores es una medida equivocada si se pretende disuadirlos de cometer actos de violencia en el futuro”.
