El 13 de julio, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional una amnistía de 1993, que impedía el juzgamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado que asoló al país durante una década. La corte defendió con valentía el derecho a la justicia de cientos de víctimas de abusos cometidos por miembros del Ejército y de la guerrilla en El Salvador.  

Un hombre lleva un cartel con la palabra “impunidad” durante una protesta en San Salvador, el 24 de agosto de 2011. 

© 2011 Reuters

La Corte Suprema también reafirmó un mensaje clave para quienes buscan impedir que exista justicia para graves violaciones a los derechos humanos: no hay lugar para la impunidad. Al igual que en Argentina y Chile, quienes cometieron graves abusos El Salvador y se beneficiaron con amnistías durante mucho tiempo, deberían ahora enfrentar procesos penales por sus delitos.

Esta decisión debería inspirar a las autoridades de otros países de las Américas donde aún están vigentes leyes de amnistía, como es el caso de Brasil. También debería servir de advertencia a los negociadores de paz colombianos en La Habana, quienes en diciembre pasado alcanzaron un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permite que los responsables de atrocidades de ambos bandos del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino.

Además de permitir que criminales de guerra confesos no cumplan siquiera un día de prisión, el acuerdo de justicia con las FARC incluye disposiciones que podrían operar como amnistías de facto o abrir la posibilidad a una impunidad plena para ciertos responsables de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el acuerdo contiene una definición de “responsabilidad de mando” —un principio clave del derecho internacional humanitario— que podría aplicarse indebidamente para permitir que tanto generales del Ejército como comandantes de las FARC eludan cualquier tipo de rendición de cuentas por los crímenes cometidos por sus subordinados. De manera similar, el gobierno colombiano ha anunciado que los miembros de la fuerza pública que no hayan tenido la “mayor responsabilidad” en los delitos “más graves y representativos” —dos categorías indefinidas— podrían recibir penas suspendidas o quedar exentos de la persecución penal. 

Quienes participan en las negociaciones de paz colombianas saben que existe el riesgo de que el acuerdo sea invalidado en el futuro. Por ello, han diseñado un organismo judicial —llamado “Sección de estabilidad y eficacia”—, que podría revisar y rechazar cualquier decisión que cuestione las sentencias dictadas con arreglo al acuerdo. También tienen previsto incorporar estas normas a un acuerdo especial bajo el derecho internacional y a la Constitución colombiana para blindarlas de futuras objeciones.  

Sin embargo, la decisión salvadoreña debería recordar a los negociadores de paz en Colombia —y a otros líderes de la región— que, tarde o temprano, la lucha de las víctimas encontrará una grieta en cualquier muro que se intente levantar en contra de la justicia.