Las autoridades griegas, en coordinación con la Unión Europea, están deteniendo de manera automática y en condiciones deplorables a todos los solicitantes de asilo y migrantes que llegan a las islas de Lesbos y Quíos, señaló hoy Human Rights Watch. La detención de cerca de 4.000 personas genera duras condiciones, especialmente para personas vulnerables que están allí retenidas, como niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

La detención indiscriminada de todos los solicitantes de asilo y migrantes en establecimientos cerrados es una medida injustificada, considerando la posibilidad de alternativas menos restrictivas, y equivale a detención arbitraria. Los dos establecimientos cerrados deberían ser convertidos en campamentos abiertos, con servicios y medidas de seguridad adecuados para las personas que necesitan protección frente situaciones de guerra, persecución y violaciones de derechos humanos.

“La política de la UE, aplicada en Grecia, ha encerrado a familias y personas que huyeron de aberraciones como el terror instaurado por ISIS, la amenaza talibán o las bombas de barril del gobierno sirio”, señaló Eva Cossé, especialista en Grecia de Human Rights Watch. “Cuando sí existen alternativas a la detención, como sucede en las islas griegas, no existe justificación legal ni moral para mantener tras las rejas a solicitantes de asilo y migrantes”.

En visitas a Lesbos y Quíos efectuadas del 3 al 9 de abril de 2016, Human Rights Watch advirtió que en los campamentos vigilados por la policía en ambas islas se alojaba una gran variedad de personas con necesidades especiales, como mujeres con niños pequeños, embarazadas, menores no acompañados, hombres y mujeres mayores, y personas con discapacidades físicas y psicosociales. Ninguno de los detenidos tenía acceso adecuado a atención de la salud, instalaciones sanitarias o asistencia legal.

Ambos campamentos comenzaron a funcionar como centros abiertos de recepción y registro de cientos de miles de personas que habían llegado a las islas desde comienzos de 2015, pero se convirtieron de un momento a otro en centros con condiciones prácticamente carcelarias el 20 de marzo de 2016, cuando entró en vigor un acuerdo con graves falencias alcanzado entre la UE y Turquía. Los solicitantes de asilo y migrantes que han llegado desde entonces son detenidos por las autoridades griegas, con ayuda de la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y se les prohíbe salir de los campamentos.

El centro Moria en Lesbos, que aloja a cerca de 3.100 personas, se encuentra delimitado por un vallado triple, reforzado con alambre de púas. En el establecimiento VIAL en Quíos, que anteriormente fue una fábrica de aluminio, a los cerca de 1.000 detenidos que hay allí solamente se les permite moverse dentro de un área limitada donde hay contenedores que funcionan como viviendas, y que está rodeada por una cerca de alambre de púas.

Mientras fueron establecimientos abiertos, Moria y VIAL recibían servicios de una variedad de organizaciones humanitarias y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pero la mayoría, incluida la ACNUR, suspendieron sus operaciones después del 20 de marzo, en consonancia con su política de no brindar servicios en centros cerrados.

Las condiciones en Moria y VIAL se deterioraron rápidamente debido al temor, la frustración, la sobrepoblación y la falta de servicios. Las tensiones en VIAL llegaron a un punto crítico el 1 de abril, cuando se desataron enfrentamientos violentos entre detenidos sirios y afganos. Cerca de 400 personas se escaparon de las instalaciones y están ahora en uno de dos campamentos abiertos en la localidad de Quíos.

La nueva política de detención de Grecia nace del acuerdo que la UE y Turquía alcanzaron a mediados de marzo. El 2 de abril, el parlamento griego adoptó apresuradamente una ley que permite la “restricción de movimiento”, en forma indiscriminada, de recién llegados dentro de instalaciones cerradas en puntos de acceso fronterizos –como las islas– por períodos de hasta 25 días durante la recepción e identificación. Establece que los solicitantes de asilo podrán ser detenidos hasta tres meses mientras tramitan sus pedidos.

Las personas sujetas a deportación, incluso las que son enviadas de regreso a Turquía, pueden permanecer detenidas hasta 18 meses. La ley redujo el tiempo máximo que los solicitantes de asilo pueden permanecer detenidos en Grecia, aunque prevé un procedimiento rápido para considerar pedidos de protección internacional en un plazo de 15 días, incluida la apelación. El procedimiento rápido aún no se ha puesto en práctica pero, una vez que esto suceda, atentaría contra el ejercicio efectivo de los derechos de los refugiados, señaló Human Rights Watch.

Muchos de quienes están actualmente detenidos en VIAL, o posiblemente todos, han manifestado su intención de pedir asilo en Grecia, pero el sistema se encuentra desbordado y la asistencia que se prometió desde la UE no está llegando, señaló Human Rights Watch. De manera similar, al 12 de abril todas las personas detenidas en Moria, salvo 15, habían presentado una solicitud de asilo, según indica la policía griega.

Un objetivo clave del acuerdo entre la UE y Turquía consiste en rechazar casi todas las solicitudes de asilo, argumentando que Turquía es un país seguro para refugiados y solicitantes de asilo, y posibilitar las deportaciones rápidas a ese país. Turquía no puede considerarse un país seguro, dado que se niega a otorgar protección efectiva a personas que no son ciudadanos europeos y están en situación de necesidad, incluidos ciudadanos afganos e iraquíes, conforme ha sostenido reiteradamente Human Rights Watch. En muchas ocasiones, Turquía también ha hecho que ciudadanos sirios se vieran forzados a regresar a la zona de guerra y ha cerrado las fronteras a otros que intentaban huir.

El acuerdo entre la UE y Turquía presenta falencias intrínsecas y debería ser anulado, apuntó Human Rights Watch. Todos los pedidos de asilo presentados por personas en Grecia deberían ser analizados considerando sus circunstancias individuales, y otros países de la UE deberían apoyar a Grecia y a los solicitantes de asilo que están allí honrando sus compromisos de reubicar a decenas de miles de solicitantes de asilo procedentes de Grecia. Las autoridades de la UE y de Grecia, en colaboración con organismos de la ONU, deberían brindar posibilidades de alojamiento alternativas a todos los solicitantes de asilo, y limitar la detención de estas personas a circunstancias excepcionales.

“La situación actual en Grecia para los solicitantes de asilo, que viven profundas necesidades, es absolutamente perversa”, opinó Cossé. “Las personas que huyen del peligro están detenidas en condiciones inaceptables, mientras esperan ser probablemente devueltas a Turquía, donde tampoco hay garantías de seguridad, o permanecen indeterminadamente en el sistema de asilo disfuncional de Grecia”.

Véase la versión completa del informe en inglés:
www.hrw.org/news/2016/04/19/eu/greece-first-turkey-deportations-riddled-abuse