Sacramento – El 27 de enero de 2016, el gobernador de California Jerry Brown anunció una medida acertada y humanitaria que reformaría radicalmente varias leyes en materia de justicia penal y de menores de ese estado, señaló hoy Human Rights Watch.

Los cambios que se pretenden incorporar a la legislación sobre justicia de menores de California otorgarían exclusivamente a los jueces la potestad de sustraer a los jóvenes de la corte juvenil, para que sean juzgados en las mismas condiciones que los adultos en la justicia penal. La normativa actual permite que los fiscales acusen directamente a menores —algunos de apenas 14 años— en tribunales para adultos, donde serían pasibles de las penas previstas para los adultos, incluidas prolongadas penas de prisión.

“La reforma impulsada por el gobernador Brown afectaría la decisión más importante que el estado puede tomar con respecto a un menor”, observó Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch. “La decisión de juzgar a un joven como un adulto implica renunciar a cualquier expectativa respecto a esa persona y negarle las oportunidades de educación, tratamiento y servicios que sí brinda el sistema de justicia de menores para que pueda revertir el curso de su vida”.

California es uno de apenas 15 estados en Estados Unidos que permiten que un fiscal, en vez de un juez, tome la decisión de que las causas tramiten en la justicia para adultos. Desde 2003, más de 10.000 jóvenes menores de 18 años en California han sido juzgados como adultos, y casi 7.200 de los casos tramitan directamente en tribunales para adultos, sin que un juez supervise esta decisión. Acusar a jóvenes como adultos conlleva graves consecuencias de por vida para los jóvenes afectados; y múltiples estudios han demostrado que los menores que son juzgados en el sistema para adultos vuelven a delinquir más rápidamente y cometen nuevos delitos más graves, en comparación con aquellos que ingresan al sistema de justicia de menores por los mismos delitos.

“Los jóvenes que cometen delitos deberían responder por sus actos, pero el ámbito adecuado para que lo hagan es el sistema de justicia de menores”, sostuvo Calvin.

La Corte Suprema de Estados Unidos, a través de cinco pronunciamientos recientes, ha destacado que los niños tienen un menor grado de madurez intelectual que los adultos y mayores posibilidades de rehabilitación. La pena que reciban debería tener en cuenta su menor culpabilidad y su capacidad de cambiar. El sistema de justicia de menores es el que está en mejores condiciones de pronunciarse sobre cuál es la pena conveniente, ya que toma en cuenta estos factores.

La legislación actual de California dispone que sean normalmente los fiscales quienes toman la determinación de iniciar acciones en la justicia para adultos dentro de las 48 horas posteriores al delito y adoptan esta decisión sin contar con información crucial sobre la vida de estos jóvenes y su capacidad de madurar y cambiar.

La consulta popular también autorizaría a considerar la posibilidad de conceder la libertad condicional a internos adultos que no tengan un comportamiento violento y que cumplan enteramente la pena que les fue impuesta por el delito principal, y permitiría que los internos obtengan créditos por buen comportamiento, logros educativos y rehabilitación.

“Los cambios propuestos reconocen la dignidad y el potencial de todas las personas”, manifestó Calvin. “Si se aprueba la propuesta del gobernador Brown, California estaría dando un paso importante para reducir el uso de penas de prisión excesivamente prolongadas”.