(Washington, D.C.) – El “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) garantizará que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan cualquier tipo de castigo genuino, señaló hoy Human Rights Watch en un análisis de este acuerdo de 63 páginas.
El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad. Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías.
José Miguel Vivanco
Director de la división de las Américas
El acuerdo, anunciado por los negociadores del gobierno y las FARC en La Habana el 15 de diciembre de 2015, establece que un nuevo Tribunal para la Paz se ocuparía de juzgar a responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Los responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen estos actos recibirían una pena máxima de ocho años en “condiciones especiales” que supondrían la “restricción efectiva de la libertad”.
“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.
El gobierno y las FARC anunciaron en septiembre que las sanciones bajo “condiciones especiales” no supondrían penas de prisión. El acuerdo del 15 de diciembre asegura que “en ningún caso” estas condiciones consistirán en “cárcel o prisión” ni en “medidas de aseguramiento equivalentes”, y limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de “reparación y restauración”.
“Ningún tribunal internacional ha permitido que aquellos que han sido condenados por crímenes de guerra puedan evitar la prisión por crímenes tan graves”, observó Vivanco. “Este nuevo acuerdo va incluso más allá y garantiza que no enfrentarán un castigo ni siquiera remotamente serio”.
Desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llevado adelante un examen preliminar de delitos cometidos en Colombia sobre los cuales la Corte podría asumir competencia. En 2014, la fiscal de la CPI señaló que había “informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severamente o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”.
En 2006, la Corte Constitucional de Colombia dispuso que los paramilitares desmovilizados que se habían beneficiado con penas reducidas de hasta ocho años conforme a la Ley de Justicia y Paz debían cumplir la pena en cárceles ordinarias. La Corte señaló que el derecho a la justicia “podría verse también afectado por la percepción de impunidad que se deriva de adicionar a los significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena que la desvirtúan por completo”.
“La fiscal de la CPI y la Corte Constitucional de Colombia deberían examinar cuidadosamente este acuerdo para asegurar que las víctimas reciban la justicia que verdaderamente merecen”, señaló Vivanco.
