(New York) – La Policía del estado de Tamil Nadu en la India detuvo a un cantante folclórico valiéndose de la abusiva ley de sedición vigente en el país, en un hecho que alerta sobre la necesidad de que esta norma sea derogada, señaló hoy Human Rights Watch. S. Kovan, de 52 años, fue arrestado en su vivienda en el distrito de Tiruchirappalli el 30 de octubre de 2015, en relación con dos canciones cuya letra afirma que el gobierno de ese estado habría lucrado a través las tiendas de venta de bebidas alcohólicas que administra, a expensas de los sectores pobres.
“La Policía habría detenido a Kovan por rebeldía, en un intento desacertado por evitar que la jefa del gobierno sea objeto de críticas”, señaló Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “En una democracia no hay lugar para una ley que se utiliza asiduamente con el fin de detener a cantantes, caricaturistas y escritores, y por ende debería ser derogada”.
El gobierno de la India debería hacer cumplir las restricciones impuestas por la Corte Suprema a la ley de sedición de la época colonial y derogar esta medida, que suele ser aplicada abusivamente por autoridades locales para silenciar a la disidencia pacífica, informó Human Rights Watch.
Kovan integra la Makkal Kalai Ilakkiya Kazhagam (la Asociación Popular de Arte y Literatura), que a lo largo de los años ha educado a comunidades marginadas a través del arte, la música y el teatro, difundiendo asimismo temas relativos a corrupción, derechos de la mujer y derechos de la casta de los dalits (que antes eran conocidos como “intocables”). En sus canciones más recientes, acusó al gobierno de privilegiar la renta generada por las tiendas de venta de bebidas alcohólicas por sobre el bienestar de la población.
La familia de Koyan afirmó que policías vestidos de civil, que se negaron a mostrar una identificación, se presentaron a altas horas de la noche para detener a Kovan. El abogado de Kovan dijo a Human Rights Watch que los policías no observaron los procedimientos legales, y se rehusaron a informar a la familia adónde lo estaban llevando. Para conocer el paradero de Kovan, su abogado presentó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Madrás, el cual instruyó a la Policía que debía cumplir con las pautas legales. Kovan fue luego llevado ante un magistrado, tal como corresponde conforme a los requisitos de procedimiento, y se confirmó la prisión preventiva por 15 días. La Policía también habría intentado detener al titular del sitio web vinavu.com, donde se subieron inicialmente las canciones.
Diversas organizaciones locales de derechos humanos y partidos de oposición manifestaron rápidamente su repudio a la detención de Kovan, y sus canciones circularon profusamente en los medios sociales y fueron republicadas en algunas páginas web de noticias.
El apartado 124A del Código Penal de la India prohíbe las expresiones habladas o escritas, o cualquier otro signo o representación visible, que puedan inculcar “odio o desprecio, o que susciten o pretendan suscitar descontento” contra el gobierno. No obstante, en un histórico pronunciamiento de 1962, Kedar Nath Singh vs. Estado de Bihar, la Corte Suprema dispuso que a menos que el acusado haya incitado a la violencia mediante sus palabras o acciones, el hecho ya no constituirá sedición, puesto que de lo contrario se violaría el derecho de libertad de expresión garantizado por la constitución. Desde entonces, la sentencia ha sido confirmada por muchos otros pronunciamientos judiciales, pero la Policía ha persistido en la práctica de presentar cargos por sedición.
La ley de sedición ha sido usada injustificadamente en muchos otros casos, observó Human Rights Watch. En los estados de Orissa y Chhattisgarh, se han iniciado causas por sedición contra activistas y abogados que se presume que apoyan a grupos armados maoístas. En diciembre de 2010, un tribunal en Chhattisgarh condenó al Dr. Binayak Sen —quien ha criticado abiertamente las políticas de contrainsurgencia del gobierno estatal contra los maoístas— a la pena de prisión perpetua por sedición, aun cuando no se identificaron evidencias de que formara parte de ningún grupo maoísta clandestino, ni de que estuviera involucrado en actos de violencia contra el estado. Sen ha apelado la sentencia. Al concederle la libertad bajo fianza, la Corte Suprema volvió a confirmar el derecho al disenso, e indicó que la posesión de textos maoístas no implicaba que Sen fuera maoísta: “Somos un país democrático. Puede que sea un simpatizante. Pero eso no lo convierte en culpable de sedición”.
En septiembre de 2012, las autoridades de Bombay detuvieron por cargos de sedición a Aseem Trivedi, un dibujante especializado en caricaturas políticas, tras recibir una denuncia que señalaba que sus obras se burlaban de la constitución de la India y del escudo nacional. Un mes después, y ante las protestas públicas y la indignación despertada en los medios sociales, las autoridades renunciaron a los cargos. En marzo de 2014, las autoridades de Uttar Pradesh imputaron por sedición a 67 estudiantes cachemires luego de que festejaran a favor de Pakistán en un partido de cricket contra la India. El gobierno de Uttar Pradesh desistió de los cargos recién después de haber solicitado la opinión de un especialista en derecho del Ministerio de Asuntos Legales. En agosto de 2014, las autoridades de Kerala acusaron a siete jóvenes estudiantes por sedición, luego de que se denunciara que se habían negado a ponerse de pie al sonar el himno nacional en una sala de cine.
En agosto de 2015, el gobierno del estado de Maharashtra emitió una nueva serie de directrices sobre sedición para la Policía que, de ser implementadas, podrían haber sido usadas contra personas simplemente por criticar a las autoridades. El gobierno se vio obligado a retirar la propuesta de las directrices en octubre, luego de protestas convocadas por organizaciones de la sociedad civil y una resolución de un tribunal superior que ordenaba dejar sin efecto las directrices o emitir una nueva circular.
La ley sobre sedición de la India también contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país, remarcó Human Rights Watch. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue ratificado por la India en 1979, prohíbe imponer restricciones a la libertad de expresión en función de motivos de seguridad nacional, a menos que estén previstos en la ley, queden sujetos a una interpretación rigurosa y resulten necesarios y proporcionados para responder a una amenaza legítima. Tales leyes no pueden atentar contra el derecho en cuestión.
“La Corte Suprema de la India ha impuesto límites estrictos a lo que considera sedición, y pese a ello sus pronunciamientos son ignorados reiteradamente por policías y gobiernos estatales para perseguir y arrestar a personas que se atreven a criticar al gobierno o a sus políticas”, mencionó Ganguly. “Mientras este resabio del período de dominación británica continúe plasmado en la ley escrita, seguirá siendo usado para coartar las expresiones pacíficas”.
