(Nueva York) – Los países que asistan a la cumbre contra el terrorismo organizada por Estados Unidos deberían asegurarse de que las medidas que adoptan para impedir que sus ciudadanos se unan a grupos extremistas en el extranjero cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos. El 29 de septiembre de 2015, el presidente de EE.UU., Barack Obama, acogerá la cumbre de más de 100 líderes mundiales en un evento paralelo que se realizará en el marco de la Asamblea General en Nueva York.

Más de 30 países han promulgado leyes o políticas destinadas a contrarrestar a los llamados combatientes terroristas extranjeros, la mayoría desde que el Consejo de Seguridad de la ONU se refiriera al tema en la Resolución 2178 de septiembre de 2014. La investigación de Human Rights Watch encontró que un lenguaje demasiado amplio en estas leyes podría dirigirse a miembros de ciertos grupos religiosos, reprimir la disidencia pacífica, restringir indebidamente la libertad de movimiento o permitir que sospechosos fueran retenidos durante largos periodos de tiempo sin cargos.

“Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a su pueblo de la violencia por parte de grupos extremistas, pero eso no es una licencia para pisotear los derechos fundamentales”, dijo Letta Tayler, investigadora sénior sobre terrorismo y lucha antiterrorista en Human Rights Watch. “Los líderes mundiales deben comprometerse a renovar con urgencia las llamadas leyes de lucha contra el terrorismo extranjero para asegurarse de que no se convierten en instrumentos de represión”.

La Resolución 2178 requiere que todos los países miembros de la ONU establezcan “delitos penales graves” para los ciudadanos que viajan o pretenden viajar al extranjero para unirse a o formarse con organizaciones terroristas extranjeras. La resolución también exige a los países tipificar como delito el reclutamiento, la financiación y el intercambio de inteligencia de combatientes extranjeros sospechosos de terrorismo, así como crear programas de lucha contra el extremismo violento.

Al menos 33 países han adoptado leyes, decretos o políticas desde 2013 para contener el flujo de ciudadanos que viajan al extranjero para unirse a grupos extremistas armados. Veinticuatro de estos países promulgaron sus medidas después de que el Consejo de Seguridad aprobara la Resolución 2178.

Los líderes mundiales deben aprovechar la cumbre para examinar la aplicación de la Resolución 2178 y asegurar que las acciones de los países cumplen con sus disposiciones para adherirse a los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, dijo Human Rights Watch.

La Resolución 2178 establece que las medidas deben cumplir con las obligaciones de derechos humanos de cada país. Pero no define el “terrorismo” o los “actos terroristas”, dando a los gobiernos amplio margen de maniobra para aplicar o mantener las definiciones que pueden criminalizar la disidencia pacífica y otros derechos básicos.

Por ejemplo, los delitos “terroristas” en la ley y decretos antiterroristas de 2014 de Arabia Saudita incluyen “dañar la reputación del Estado”, sin necesidad de un elemento de violencia, y la “asistencia a conferencias, seminarios o reuniones dentro o fuera [del reino] que tengan como blanco la seguridad de la sociedad, o que siembren la discordia en la sociedad”.

Los países democráticos también han promulgado disposiciones que plantean problemas de derechos humanos. Las leyes del Reino Unido de 2014 y 2015 permiten a las autoridades despojar de la ciudadanía británica a los ciudadanos naturalizados condenados por delitos de lucha terrorista en el extranjero, incluso si esto puede conducir a la apatridia, o impedir que vuelvan al país por un máximo de dos años por la simple sospecha de tales actividades. Estas medidas podrían arbitrariamente denegar a las personas el derecho básico a entrar en su propio país.

Una ley de 2015 en Alemania faculta a las autoridades a reemplazar los pasaportes y documentos nacionales de identidad de ciudadanos que son considerados una amenaza a la seguridad por documentos de identidad que dicen “No es válido para viajar fuera de Alemania”. Los críticos han dicho que los documentos sustitutivos estigmatizan a sus portadores.

Varios países han ampliado o reinstaurado la detención prolongada sin cargos ni juicio. La ley de seguridad de Malasia de 2015, imprecisa y excesivamente amplia, restablece la detención sin juicio durante dos años, con extensiones indefinidas de dos años, para actividades que incluyan supuestos vínculos con grupos terroristas extranjeros.

El decreto de 2015 en Tayikistán, que prohíbe a ciudadanos menores de 35 años viajar a los lugares santos islámicos de La Meca y Medina para realizar la peregrinación anual Hajj, restringe excesivamente la libertad de religión, dijo Human Rights Watch.

El Consejo de Seguridad debe adoptar una resolución exigiendo que las definiciones de “terrorismo” y “actos terroristas” estén en plena consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, así como el derecho humanitario y de los refugiados, dijo Human Rights Watch. Estas definiciones deben, por ejemplo, excluir los actos que carecen de los elementos de intentar causar la muerte o lesiones corporales graves, o la toma de rehenes.

“La Resolución del Consejo de Seguridad sobre la lucha contra el terrorismo extranjero otorga a los gobiernos mano libre para designar como terrorista a quien sea y como sea”, dijo Tayler. “En lugar de hacer el mundo más seguro, las medidas represivas se arriesgan a enojar y fomentar que las propias personas en riesgo se unan a grupos extremistas”.

La lista de países que han aprobado medidas para luchar contra el terrorismo extranjero hasta 2013 incluyen:
Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Canadá, Chad, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Libia, Macedonia, Malasia, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza, Tayikistán, Túnez y Uzbekistán.

La lista de países que han propuesto nuevas o adicionales medidas de lucha contra el terrorismo extranjero incluyen:
Albania, Australia, Bulgaria, Canadá, China, Holanda, Kuwait, Letonia, Montenegro, Noruega, Reino Unido, Serbia y Suecia.