Manifestantes antigubernamentales protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 3 de marzo de 2014.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) debería repudiar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano contra opositores políticos y manifestantes, señaló hoy Human Rights Watch. Venezuela debería liberar a las personas que fueron detenidas arbitrariamente y llevar ante la justicia a los responsables de los abusos cometidos en contra de manifestantes, indicó Human Rights Watch.

El 20 de febrero de 2015, el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, anunció que los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador viajarían a Venezuela en los próximos días para “abrir canales de diálogo y entendimiento” en el país. Ni UNASUR ni sus Estados Miembros —salvo Colombia y Chile— han manifestado preocupación sobre la detención de opositores políticos y los abusos generalizados cometidos en contra de manifestantes y transeúntes durante las manifestaciones en Venezuela el año pasado.

“Si UNASUR desea propiciar un diálogo genuino, debería en primer lugar exigirle al gobierno venezolano que deje de encarcelar a las personas con quienes tendría que estar dialogando”, expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “El organismo regional debería exigir la liberación inmediata de todos los opositores del gobierno que han sido detenidos arbitrariamente, y reclamar justicia por los abusos generalizados cometidos contra manifestantes durante el último año”.

El 24 de febrero, UNASUR “lament[ó]” la muerte Kluibert Ferney Roa, un estudiante de 14 años que, según indicaron testigos a los medios, fue asesinado ese mismo día por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana durante una manifestación sobre la escasez de alimentos y medicinas en San Cristóbal, Estado Táchira. El funcionario le habría disparado perdigones de goma a corta distancia a Roa, según la prensa. El mismo día, el Presidente Nicolás Maduro criticó el asesinato que, según dijo, ocurrió cuando la policía respondió a manifestantes violentos, y afirmó que “en Venezuela está prohibida la represión armada” y que los policías responsables del asesinato se encontraban detenidos. El 25 de febrero, el Ministerio Público señaló que un miembro de la policía había sido imputado por homicidio intencional, entre otros crímenes.

El 19 de febrero, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al alcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien pertenece a un partido político de la oposición. Ledezma fue posteriormente imputado por los delitos de  “conspiración” y “asociación para delinquir”, y permanece recluido en una prisión militar. Durante el último año, el gobierno ha perseguido penalmente a por lo menos otros cinco políticos de oposición, tres de los cuales han sido encarcelados, incluidos dos que fueron condenados en procesos que violaron garantías básicas de debido proceso, destacó Human Rights Watch.

Leopoldo López, otro líder de la oposición que enfrenta un proceso penal, fue acusado por el gobierno de haber incitado hechos de violencia, incluidos ataques contra oficinas públicas y vehículos oficiales, en el marco de una manifestación llevada a cabo el 12 de febrero de 2014. López permanece detenido en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, desde que se entregó voluntariamente el 18 de febrero.

Luego de que el periódico venezolano Últimas Noticias publicara evidencias que sugieren que funcionarios uniformados, junto con hombres armados vestidos de civil, serían los responsables de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, el Ministerio Público debió rectificarse y desistir de los cargos de homicidio inicialmente incluidos en la orden de detención librada contra López. Sin embargo, López está siendo juzgado por varios delitos. Durante el juicio, que comenzó en julio y aún no ha concluido, la jueza a cargo se ha negado a permitir que la defensa  aportara gran parte de las pruebas que propuso, y la fiscalía no ha presentado evidencias creíbles para sustentar su acusación.

El 17 de febrero de 2014 se libró una orden de aprehensión contra Carlos Vecchio, miembro del partido político de López. Se le imputan, entre otros, los delitos de instigación pública y asociación para delinquir. En enero, el presidente oficialista de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello acusó a Vecchio —que vive actualmente en Estados Unidos— de “planificar actos violentos contra el pueblo venezolano”. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles para respaldar sus señalamientos.

En abril de 2014, dos alcaldes opositores —Daniel Ceballos de San Cristóbal, en el Estado de  Táchira, y Enzo Scarano de San Diego, en el Estado de Carabobo— fueron detenidos por no haber removido obstáculos que impedían la libre circulación de personas en las calles de sus municipios en donde se llevaban a cabo protestas. Ambos fueron condenados en procesos penales que no respetaron garantías básicas de debido proceso, como el derecho a recurrir condenas penales, observó Human Rights Watch. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Ceballos no había tenido acceso a una defensa adecuada y que se había violado su derecho a ser juzgado por un tribunal independiente.

Scarano fue condenado a 10 meses de prisión, y fue liberado en febrero tras haber cumplido su condena. Ceballos aún cumple una condena de 12 meses.

En diciembre, el Ministerio Público imputó a otra líder política de la oposición, María Corina Machado, por el delito de conspiración, por su presunta participación en un complot para asesinar al Presidente Maduro. El presidente se refirió a Machado como “asesina”, mientras que Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, la acusó de haber borrado los mensajes de correo electrónico que parecen, ser la única evidencia que la fiscalía dijo tener en contra de ella.

El 19 de febrero de 2015, decenas de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional irrumpieron por la fuerza en la oficina en Caracas del alcalde opositor Antonio Ledezma y lo detuvieron sin exhibir una orden judicial, según indicó su esposa a medios de prensa. Ese mismo día, el Presidente Maduro manifestó por televisión nacional que Ledezma sería procesado por los delitos que cometió “contra la paz del país, la seguridad [y] la Constitución”.

El 20 de febrero, el Ministerio Público imputó a Ledezma por su presunta participación en “hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno democráticamente constituido”. Las evidencias en contra de Ledezma  incluiría una declaración prestada bajo coacción de un teniente coronel retirado, que lo acusa de participar en un plan golpista, según informó su abogado a los medios. Si fuera condenado, Ledezma podría recibir una pena de hasta 26 años de prisión. Actualmente, Ledezma se encuentra detenido en la prisión militar de Ramo Verde.

A un año de la brutal represión de manifestantes pacíficos y transeúntes, prácticamente no se han rendido cuentas por las decenas de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias, golpizas y torturas, según la información difundida por el gobierno. Si bien en algunas de las manifestaciones de 2014  algunos participantes cometieron actos violentos, las investigaciones de Human Rights Watch  indican que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y transeúntes.

Según datos oficiales, hasta noviembre las fiscalías habían recibido 242 denuncias de presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas en el contexto de las manifestaciones, incluidos dos casos de tortura, si bien Human Rights Watch documentó más casos de torturas. El Ministerio Público informó que los fiscales habían concluido 125 investigaciones y formulado cargos contra 15 miembros de las fuerzas de seguridad pública, y que dos policías habían sido condenados por “sucesos ocurridos” durante las protestas, pero no aportó datos con respecto a la naturaleza de los delitos ni de las condenas.

En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a Venezuela a disponer la liberación de manifestantes y políticos que habían sido detenidos arbitrariamente. En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU indicó que Venezuela debía liberar inmediatamente a López, a uno de los alcaldes y a “todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a expresarse y protestar pacíficamente”.

El 24 de febrero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno de Venezuela a “no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno”.

El gobierno de Estados Unidos ha aplicado sanciones específicas contra cerca de 50 funcionarios venezolanos acusados de cometer abusos. Las sanciones incluyen la denegación o cancelación de visas a algunos funcionarios y la inmovilización de sus bienes personales en Estados Unidos.

El Tratado Constitutivo de UNASUR de 2008 dispone que “tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de... democracia; participación ciudadana y pluralismo; [y] derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes”. El tratado estipula asimismo que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”.

No obstante, UNASUR y la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos han guardado silencio con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. En enero, el gobierno de Colombia rompió este silencio colectivo al pedir la liberación de López, luego de que Venezuela no permitiera que el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana y el ex Presidente de Chile Sebastián Piñera visitaran a López en prisión. En febrero, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos también pidió que López fuera liberado. A su vez, el canciller de Chile y otros políticos oficialistas y de oposición también han manifestado su preocupación por la situación en Venezuela.

“Al guardar silencio sobre los abusos cometidos en Venezuela, los miembros de UNASUR se están apartando de sus principios rectores y están enviado la señal sumamente peligrosa de que el gobierno de Maduro puede continuar encarcelando a opositores y golpeando a manifestantes sin que haya consecuencias”, destacó Vivanco.